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La moción de defensa relativa a las centrales térmicas en León carece de justificación y soporte legal, según el IIDMA

En España, el mecanismo se adoptó como una medida excepcional en un escenario de crisis económica que preveía invertir fondos estatales para paliar las pérdidas de muchas de las centrales térmicas, que no son rentables.
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Fecha de publicació: 05/10/2017, 14:36 h | (28) veces leída
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) asegura que la moción de defensa de las centrales térmicas de carbón y carbón autóctono aprobada por el Pleno de la Diputación de León el pasado 27 de septiembre, pidiendo medidas de 'despacho preferente' por Garantía de Suministro para evitar el cierre de dichas instalaciones, carece de justificación y contraviene la prohibición de extender los mecanismos de ayuda más allá de 2014 que la UE impuso como condición para su aprobación como medida transitoria en 2010.
Además, desmiente el ejemplo recogido en la moción sobre el uso de este mecanismo de 'despacho preferente' en países como Eslovenia o Eslovaquia y afirma que la propia UE ha solicitado que se retiren este tipo de ayudas. Este sistema permite dar ayudas estatales a las centrales que usen carbón autóctono.
En España, el mecanismo se adoptó como una medida excepcional en un escenario de crisis económica que preveía invertir fondos estatales para paliar las pérdidas de muchas de las centrales térmicas, que no son rentables.
Se aprobó bajo el argumento de garantizar el suministro eléctrico a pesar de que el sistema eléctrico español tiene una sobrecapacidad de alrededor del 30%, muy por encima de lo necesario.
La Unión Europea, recuerda el IIDMA, puso como condición que debía tratarse de una medida transitoria entre 2011 y 2014. A partir del 31 de diciembre de 2014 la UE prohibía continuar con las ayudas, señalando en su Decisión de 29-09-2010 que la prolongación no sería posible "incluso si se revisara el Real Decreto por el que se aprobó".
Durante el período de vigencia de las ayudas, el Estado destinó aproximadamente 1.300 millones de euros a mantener abiertas centrales de carbón que no eran competentes ni necesarias. Estas ayudas destinadas a garantizar la viabilidad económica del carbón autóctono se financian a través de un gravamen que repercute en los consumidores de electricidad, que pagan un sobrecoste en la factura de la luz.
"Estas medidas son una forma artificial de alargar un proceso inevitable. Las centrales térmicas no son viables económicamente en el marco de los compromisos internacionales y con la UE de España, en especial del Acuerdo de París para evitar el cambio climático. Los Gobiernos deberían invertir en una transición justa para los trabajadores en lugar de seguir financiando empresas que no son rentables a costa del dinero de los consumidores. Además, la medida de 'despacho preferente' propuesta contraviene el derecho de la UE. En caso de aprobarse, la Comisión Europea lo frenaría con toda probabilidad, ya que no responde a las exigencias del Estado de Derecho", afirma Ana Barreira, directora del IIDMA.
IMPACTO NEGATIVO EN LA SALUD
La generación de energía a través del carbón, Advierte el IIDMA, tiene un impacto negativo para la salud y el medio ambiente debido a las nocivas emisiones del carbón. Hay más de 700 muertes anuales en España relacionadas con el carbón, y Castilla y León es la segunda región de España en número de muertes, sólo por detrás de Asturias, con 3,41 muertes por cada 100.000 habitantes en riesgo según el estudio 'Un oscuro panorama', realizado este año por dicho instituto.
La moción de defensa recogía la necesidad de "aprobar de manera urgente el marco legal de garantía de suministro a través del 'despacho preferente' que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos", contemplado en la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que aplican países como Eslovenia y Eslovaquia.
El IIDMA precisa que la Directiva contempla la medida de forma excepcional por motivos de seguridad de suministro. "En el caso español, no existe este riesgo ya que el sistema eléctrico español se mueve en márgenes de seguridad alrededor del 1.4, muy por encima del 1.1 establecido como referencia. La UE se encuentra en un escenario de transición energética y está marcando límites de emisiones cada vez más restrictivos coherentes con su compromiso de descarbonización para 2050".
En el caso de Eslovenia, y pese a la afirmación mantenida por la Diputación de la Provincia de León, el IIDMA replica que actualmente el país no cuenta con un mecanismo de restricción por garantía de suministro, ya que fue derogado en 2014, y la nueva Ley de Energía de 2014 [i] excluye este mecanismo.
En cuanto a Eslovaquia, dispone de un mecanismo similar que ha sido denunciado ante la Comisión Europea por asociaciones de consumidores que alegan su carácter ilegal.
De igual forma, la propia Comisión Europea ha publicado un informe sobre la situación de Eslovaquia en febrero de 2017 hablando del mal ejemplo que supone y subrayando la necesidad de que abandone este tipo de ayudas perjudiciales para el medio ambiente.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) asegura que la moción de defensa de las centrales térmicas de carbón y carbón autóctono aprobada por el Pleno de la Diputación de León el pasado 27 de septiembre, pidiendo medidas de 'despacho preferente' por Garantía de Suministro para evitar el cierre de dichas instalaciones, carece de justificación y contraviene la prohibición de extender los mecanismos de ayuda más allá de 2014 que la UE impuso como condición para su aprobación como medida transitoria en 2010.

Además, desmiente el ejemplo recogido en la moción sobre el uso de este mecanismo de 'despacho preferente' en países como Eslovenia o Eslovaquia y afirma que la propia UE ha solicitado que se retiren este tipo de ayudas. Este sistema permite dar ayudas estatales a las centrales que usen carbón autóctono.

En España, el mecanismo se adoptó como una medida excepcional en un escenario de crisis económica que preveía invertir fondos estatales para paliar las pérdidas de muchas de las centrales térmicas, que no son rentables.

Se aprobó bajo el argumento de garantizar el suministro eléctrico a pesar de que el sistema eléctrico español tiene una sobrecapacidad de alrededor del 30%, muy por encima de lo necesario.

La Unión Europea, recuerda el IIDMA, puso como condición que debía tratarse de una medida transitoria entre 2011 y 2014. A partir del 31 de diciembre de 2014 la UE prohibía continuar con las ayudas, señalando en su Decisión de 29-09-2010 que la prolongación no sería posible "incluso si se revisara el Real Decreto por el que se aprobó".

Durante el período de vigencia de las ayudas, el Estado destinó aproximadamente 1.300 millones de euros a mantener abiertas centrales de carbón que no eran competentes ni necesarias. Estas ayudas destinadas a garantizar la viabilidad económica del carbón autóctono se financian a través de un gravamen que repercute en los consumidores de electricidad, que pagan un sobrecoste en la factura de la luz.

"Estas medidas son una forma artificial de alargar un proceso inevitable. Las centrales térmicas no son viables económicamente en el marco de los compromisos internacionales y con la UE de España, en especial del Acuerdo de París para evitar el cambio climático. Los Gobiernos deberían invertir en una transición justa para los trabajadores en lugar de seguir financiando empresas que no son rentables a costa del dinero de los consumidores. Además, la medida de 'despacho preferente' propuesta contraviene el derecho de la UE. En caso de aprobarse, la Comisión Europea lo frenaría con toda probabilidad, ya que no responde a las exigencias del Estado de Derecho", afirma Ana Barreira, directora del IIDMA.

IMPACTO NEGATIVO EN LA SALUD

La generación de energía a través del carbón, Advierte el IIDMA, tiene un impacto negativo para la salud y el medio ambiente debido a las nocivas emisiones del carbón. Hay más de 700 muertes anuales en España relacionadas con el carbón, y Castilla y León es la segunda región de España en número de muertes, sólo por detrás de Asturias, con 3,41 muertes por cada 100.000 habitantes en riesgo según el estudio 'Un oscuro panorama', realizado este año por dicho instituto.

La moción de defensa recogía la necesidad de "aprobar de manera urgente el marco legal de garantía de suministro a través del 'despacho preferente' que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos", contemplado en la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que aplican países como Eslovenia y Eslovaquia.

El IIDMA precisa que la Directiva contempla la medida de forma excepcional por motivos de seguridad de suministro. "En el caso español, no existe este riesgo ya que el sistema eléctrico español se mueve en márgenes de seguridad alrededor del 1.4, muy por encima del 1.1 establecido como referencia. La UE se encuentra en un escenario de transición energética y está marcando límites de emisiones cada vez más restrictivos coherentes con su compromiso de descarbonización para 2050".

En el caso de Eslovenia, y pese a la afirmación mantenida por la Diputación de la Provincia de León, el IIDMA replica que actualmente el país no cuenta con un mecanismo de restricción por garantía de suministro, ya que fue derogado en 2014, y la nueva Ley de Energía de 2014 [i] excluye este mecanismo.

En cuanto a Eslovaquia, dispone de un mecanismo similar que ha sido denunciado ante la Comisión Europea por asociaciones de consumidores que alegan su carácter ilegal.

De igual forma, la propia Comisión Europea ha publicado un informe sobre la situación de Eslovaquia en febrero de 2017 hablando del mal ejemplo que supone y subrayando la necesidad de que abandone este tipo de ayudas perjudiciales para el medio ambiente.

ep





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