Este lunes empieza en Barcelona la reunión que ha de fijar el texto a negociar el próximo mes de diciembre en Copenhague, y que debe suponer el relevo al Protocolo de Kioto. Se darán cita más de 4.000 expertos y representantes venidos de casi 200 países. La capital catalana se convierte así en la última estación de un camino que comenzó en Bali y que últimamente ha pasado por Bonn y Bangkok. Un camino, sin embargo, de final aún incierto.

Copenhague parece para todo el mundo la última parada, el lugar de donde saldrá el gran acuerdo global que nos ayudará a hacer frente al calentamiento global. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lleva años reclamando a los líderes políticos un nuevo marco político internacional contra el cambio climático, pero a medida que nos acercamos a la gran fecha se impone la cautela.

Ni siquiera desde Naciones Unidas se ven claras las cosas: la semana pasada, Janos Pasztor, asesor de Ban, reconoció que es "poco probable" que se llegue a ningún acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la cumbre de diciembre. Hay muchos números para que las reuniones terminen con una declaración política no vinculante, por lo que desde la secretaría general de la ONU ya se estaría planificando una agenda de conversaciones y reuniones "post-Copenhague".

En la misma línea, Yvo de Boer, secretario de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ha admitido que será "físicamente imposible cerrar todos los detalles del acuerdo en Copenhague", por lo que el encuentro en diciembre debe servir para establecer un marco político que dé respuesta al reto del cambio climático de forma "clara, realista y bien definida". Los detalles se deberán pulir, pero, durante 2010, para que el ansiado acuerdo pueda entrar en vigor en 2012, cuando finaliza el protocolo de Kyoto, asegura De Boer.

¿Llegarán los Estados Unidos a tiempo?
Nadie duda que la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca ha marcado un giro de 180 grados en la política ambiental estadounidense. El pasado mes de junio, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que, por primera vez, imponía límites a las emisiones de gases de efecto invernadero y promueve la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes. Lo que ya no está tan claro es que este proyecto se termine concretando antes de la cita en Copenhague, sobre todo por la resistencia que encontrará en el Senado de la mano de los representantes republicanos.

Sin unos números claros sobre objetivos de reducción de emisiones sobre la mesa, la indefinición norteamericana puede ser, una vez más, fatal. "Necesitaremos que los Estados Unidos den una cifra durante la negociación", aseguraba hace unos días Ed Miliband, secretario de Energía y Clima británico, "sin los números será imposible que tengamos éxito en Copenhague".

Los cuatro puntos críticos
El caso de los Estados Unidos es justamente el paradigma del primero de los cuatro puntos críticos que, según De Boer, deberán superarse en Copenhague: establecer unos nuevos objetivos -y más ambiciosos- de reducción de las emisiones para los países industrializados. El segundo punto crítico será conseguir un compromiso por parte de los países en desarrollo para frenar el crecimiento de sus emisiones. En tercer lugar, habrá que llegar a un acuerdo sobre la financiación necesaria para ayudar a los países más pobres a adaptarse al cambio climático y fomentar su desarrollo 'limpio'. Finalmente, el cuarto punto crítico será la creación de una institución internacional para administrar estas ayudas.

Precisamente, el tema de las ayudas a los países emergentes fue tratado el pasado viernes por los líderes de la Unión Europea. Tras duras discusiones, los Veintisiete septiembre sólo fueron capaces de cuantificar el volumen de las compensaciones para el año 2020, unos 100.000 millones de euros anuales. Pero ni una palabra acerca de cómo se repartirá finalmente esta cantidad entre los países industrializados, cuestión que queda aparcada hasta la cumbre de Copenhague.

Hace unas semanas, la Comisión Europea calculó que entre 22.000 y 50.000 de estos millones deberían ser asumidos por los erarios públicos de los países ricos, y el resto por la industria (a través de los ingresos del mercado de carbono). Al mismo tiempo, la Comisión fijó la cantidad correspondiente a los países de la Unión Europea entre los 2.000 y 15.000 euros anuales. Lo amplio de estas horquillas a la hora de fijar las compensaciones ya es un mal indicador, pero aún lo es más que esta propuesta puede quedar en papel mojado si la UE es incapaz de convencer a los Estados Unidos y Japón para que se sumen al acuerdo.

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