La UE dispone ya de una legislación que garantiza para 2020 una reducción de un 20% de las emisiones. Y mantiene su oferta condicional de subir el recorte hasta el 30% si el resto de países desarrollados se comprometen a reducciones comparables y los países emergentes contribuyen a estos esfuerzos de forma adecuada, unas condiciones que, según la evaluación de Bruselas, no se cumplen en estos momentos.

   La Comisión Europea presentó a finales de mayo un estudio que sostiene que llegar al 30% tendrá un coste menor de lo previsto inicialmente gracias a la crisis. En concreto, ascendería a 81.000 millones de euros anuales.  Según los nuevos cálculos, el coste de 70.000 millones de euros anuales estimado para reducir al 20% las emisiones contaminantes serviría en realidad para llegar a un objetivo del 25%, porque el precio del 20% se ha reducido a 48.000 millones por año de aquí a 2020.

   Los ministros de Medio Ambiente debatirán por primera vez este informe, pero evitarán tomar ninguna decisión y se limitarán a pedir al Ejecutivo comunitario que analice el coste país por país. Además, debatirán los mecanismos para reducir las denominadas 'fugas de carbono', es decir, las deslocalizaciones de industrias a países que apliquen una legislación medioambiental menos estricta que la de la UE.

   Los Veintisiete aprobarán además unas conclusiones sobre escasez de agua, sequía y adaptación al cambio climático, una de las prioridades de la presidencia española en materia de medio ambiente. El texto reclama la puesta en marcha de un Observatorio Europeo de la Sequía, cuya función será "contribuir al pronóstico de las sequías, a su evaluación y seguimiento, además de intercambiar buenas prácticas sobre este asunto".

   Las conclusiones animan a los Estados miembros que corren el riesgo de sufrir situaciones de escasez de agua o de sequía de consideración, o incluso de desertización, a que elaboren los correspondientes planes de gestión de la escasez de agua y de la sequía. También reclaman un uso más eficiente y sostenible del agua en la agricultura.

   Finalmente, los ministros de Medio Ambiente reclamarán que se puedan usar las ayudas del Fondo de Solidaridad para situaciones de sequía prolongada.

ECOticias.com – ep