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El cambio de las primas a la fotovoltaica es una ‘estafa’

Y es que para Revilla el Estado "incitó" entre 2007 y 2008 a estas familias a ser "patriotas" e "invertir por España" en este tipo de instalaciones para, posteriormente, reducir las primas, primero el del PSOE, que según ha señalado, las recortó un 30%, y luego el del PP, que lo hizo hasta un 50% y modificó el marco jurídico, llevando a estos inversores "a la ruina".
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Fecha de publicació: 12/02/2016, 11:15 h | (349) veces leída

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha denunciado la "tropelía" cometida, en su opinión, contra las 62.000 familias españoles que invirtieron unos 25.000 millones en plantas fotovoltaicas y que se vieron afectadas por el cambio del modelo regulatorio y del sistema retributivo de primas pues, a su juicio, constituye una "presunta estafa de Estado".

Y es que para Revilla el Estado "incitó" entre 2007 y 2008 a estas familias a ser "patriotas" e "invertir por España" en este tipo de instalaciones para, posteriormente, reducir las primas, primero el del PSOE, que según ha señalado, las recortó un 30%, y luego el del PP, que lo hizo hasta un 50% y modificó el marco jurídico, llevando a estos inversores "a la ruina".

Así lo ha dicho en declaraciones realizadas tras reunirse con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), Miguel Ángel Martínez-Aroca, y también con el representante de este colectivo en Cantabria, Alberto Cuartas, que fue delegado del Gobierno en la comunidad autónoma con el PP.

Revilla, que ya ha participado en protestas apoyadas por ANPIER para denunciar la situación de estas familias, ha comparado este tema con la "estafa" de los bancos con las preferentes pero ha considerado que, incluso, es "más grave" porque viene del Estado.

El presidente cántabro se ha comprometido con ANPIER a denunciar esta "tropelía" en aquellos foros a los que asista y la situación "angustiosa" de estas familias, a las que ha expresado "todo su apoyo".

Tras escuchar las palabras de Revilla, Martínez-Aroca ha agradecido este "apoyo decidido" --que, según ha dicho, se suma al obtenido por varios presidentes autonómicos, incluidos algunos como el de Murcia, el 'popular' Pedro Antonnio Sánchez-- y "su alta responsabilidad" frente a este asunto.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno del PP "ha llevado al límite de su resistencia" a estas familias, que hicieron lo que "el propio Estado les pidió" y contra las que, a su juicio, se ha cometido un "exterminio programado".

Según los datos ofrecidos, de los 25.000 millones invertidos por estas familias, 100 millones proceden de algunas cántabras en parques fotovoltaicos fuera de la comunidad autónoma ya que en la región no hay ninguno.

Según ha denunciado, a estas familias, que no han hecho "ningún mal" a España "sino todo lo contrario" intentando evitar las importaciones de petróleo y gas, se les quire "expulsar del sistema eléctrico" para que "cuatro compañías eléctricas sigan repartiéndose ingresos multimillonarios".

Desde ANPIER han avisado de que "no van a aceptar que España" siga por el camino del consumo de energías fósiles y contaminantes cuando "todo" el planeta apuesta por las limpias.

En este punto, el presidente de ANPIER ha explicado que, aunque es un tema nacional, las comunidades autónomas pueden, por una parte legislar en sus territorio "para promocionar" el desarrollo de energías renovables y, por otra, pueden ser una "voz unánime" para denunciar lo ocurrido.

2016, UN AÑO "CLAVE"

Martínez-Aroca ha explicado que, además de la línea política, buscando el "apoyo" de los presidentes autonómicos, hay abierta una judicial, con más de 6.000 demandas ante el Tribunal Supremo y "otras tantas" ante la Audiencia Nacional; ocho recursos de incostitucionalidad, de los cuales hay tres de comunidades autónomas del PP y 24 arbritrajes internacionales.

El presidente de ANPIER ha señalado 2016 como un año "clave" ya que, por una parte, espera que las elecciones nacionales propicien un "nuevo Gobierno" y, por otra, confían en que comiencen a producirse los primeros pronunciamientos de la Justicia sobre sus demandas.

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