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Greenpeace pide una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que sirva para alcanzar un sistema energético 100% renovable

La organización ecologista considera que, además, la ley deberá establecer un marco normativo para la transición hacia un modelo energético eficiente, inteligente, 100% renovable en 2050, con una hoja de ruta transparente sobre los siguientes pasos en su elaboración y claridad sobre cómo se van a tener en cuenta las aportaciones realizadas por la sociedad civil durante el proceso de consultas.
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Fecha de publicació: 10/10/2017, 12:16 h | (65) veces leída
Greenpeace ha participado en la consulta pública organizada por el Gobierno sobre cómo deberá ser la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y ha dejado claro que la nueva norma, que deberá tener rango de Ley, tiene que poner a las personas en el centro para que sea la ciudadanía la que impulse un cambio de modelo energético que frene el aumento de las emisiones de causantes del cambio climático.
La organización ecologista considera que, además, la ley deberá establecer un marco normativo para la transición hacia un modelo energético eficiente, inteligente, 100% renovable en 2050, con una hoja de ruta transparente sobre los siguientes pasos en su elaboración y claridad sobre cómo se van a tener en cuenta las aportaciones realizadas por la sociedad civil durante el proceso de consultas.
Greenpeace espera que a través de esta norma, España asuma un papel más ambicioso en Europa comprometiéndose con unos objetivos de reducción de emisiones, eficiencia y renovables que reflejen la necesidad de actuar de forma urgente frente al cambio climático y que estén alineados con el Acuerdo de París y con las recomendaciones científicas sobre el presupuesto de carbono disponible.
Además, para el cumplimiento de los objetivos la ley tiene que contar con una hoja de ruta de descarbonización revisable y mejorable cada cinco años, con objetivos a 2030 y 2050, que contribuya a conseguir que el aumento global de la temperatura no supere los 1,5ºC y con un reparto del esfuerzo basado en la justicia climática. Por este motivo, el Ministerio de Energía debeŕa estar a la altura para facilitar la implantación de las medidas necesarias.
“Esta ley es una oportunidad para abordar, por fin uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos: el cambio climático. España es de los países europeos más afectados y a su vez uno de los mayores emisores en la Unión. El Gobierno debe asumir objetivos mucho más ambiciosos en las negociaciones energéticas que están teniendo lugar a nivel europeo y esperamos que todo este proceso de consultas públicas se refleje en la ley”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.
Consulta sobre instalaciones de generación eléctrica
Cabe destacar que Greenpeace ya participó el pasado mes de septiembre en otra consulta planteada por la Dirección General de Política Energética y Minas relativa al proyecto de Real Decreto por el que se quiere regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica. Para la organización ecologista, los cierres de la centrales ya están actualmente regulados y este Real Decreto debe marcar el fin de las energías contaminantes y no puede servir bajo ningún concepto para justificar la permanencia de centrales térmicas obsoletas, contaminantes y peligrosas como las nucleares o las de carbón.
El trabajo contra el cambio climático y la transformación hacia un modelo económico descarbonizado requiere una ley con un amplio consenso y participación que integre las demandas de la sociedad civil. La Ley no puede obviar la dimensión social y los distintos impactos que está provocando el cambio climático, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y debe poner herramientas para mitigarlos.

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La organización ecologista considera que, además, la ley deberá establecer un marco normativo para la transición hacia un modelo energético eficiente, inteligente, 100% renovable en 2050, con una hoja de ruta transparente sobre los siguientes pasos en su elaboración y claridad sobre cómo se van a tener en cuenta las aportaciones realizadas por la sociedad civil durante el proceso de consultas.

Greenpeace espera que a través de esta norma, España asuma un papel más ambicioso en Europa comprometiéndose con unos objetivos de reducción de emisiones, eficiencia y renovables que reflejen la necesidad de actuar de forma urgente frente al cambio climático y que estén alineados con el Acuerdo de París y con las recomendaciones científicas sobre el presupuesto de carbono disponible.

Además, para el cumplimiento de los objetivos la ley tiene que contar con una hoja de ruta de descarbonización revisable y mejorable cada cinco años, con objetivos a 2030 y 2050, que contribuya a conseguir que el aumento global de la temperatura no supere los 1,5ºC y con un reparto del esfuerzo basado en la justicia climática. Por este motivo, el Ministerio de Energía debeŕa estar a la altura para facilitar la implantación de las medidas necesarias.

“Esta ley es una oportunidad para abordar, por fin uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos: el cambio climático. España es de los países europeos más afectados y a su vez uno de los mayores emisores en la Unión. El Gobierno debe asumir objetivos mucho más ambiciosos en las negociaciones energéticas que están teniendo lugar a nivel europeo y esperamos que todo este proceso de consultas públicas se refleje en la ley”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.

Consulta sobre instalaciones de generación eléctrica

Cabe destacar que Greenpeace ya participó el pasado mes de septiembre en otra consulta planteada por la Dirección General de Política Energética y Minas relativa al proyecto de Real Decreto por el que se quiere regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica. Para la organización ecologista, los cierres de la centrales ya están actualmente regulados y este Real Decreto debe marcar el fin de las energías contaminantes y no puede servir bajo ningún concepto para justificar la permanencia de centrales térmicas obsoletas, contaminantes y peligrosas como las nucleares o las de carbón.

El trabajo contra el cambio climático y la transformación hacia un modelo económico descarbonizado requiere una ley con un amplio consenso y participación que integre las demandas de la sociedad civil. La Ley no puede obviar la dimensión social y los distintos impactos que está provocando el cambio climático, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y debe poner herramientas para mitigarlos.


Fuente original: www.greenpeace.org




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