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El río Manzanares y el Parque Naciona de Guadarramal: Propuestas ciudadanas para el consejero de medio ambiente de la Comunidad de Madrid

Representantes de las asociaciones RedMontañas y Reforesta, y de la plataforma ciudadana SOS Pedriza se reunieron hace pocos días con el Consejero de Medio Ambiente, Sr. Jaime Taboada, y con su equipo técnico, con el fin de ofrecer su colaboración y su conocimiento profundo de la situación como vecinos afectados por los problemas
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Fecha de publicació: 26/10/2015, 12:16 h | (653) veces leída

En el entorno del río Manzanares a su paso por La Pedriza y por el pueblo de Manzanares el Real, las exageradas cantidades de basura tantas veces denunciadas en los medios durante los pasados meses estivales no son una enfermedad que haya que curar “limpiando más”, sino sólo un síntoma de la verdadera dolencia, que es la descoordinación y falta de criterio unificado por parte de los responsables ambientales implicados, todo lo cual se traduce en descontrol recurrente de la situación cada verano.

Representantes de las asociaciones RedMontañas y Reforesta, y de la plataforma ciudadana SOS Pedriza se reunieron hace pocos días con el Consejero de Medio Ambiente, Sr. Jaime Taboada, y con su equipo técnico, con el fin de ofrecer su colaboración y su conocimiento profundo de la situación como vecinos afectados por los problemas, y como entidades que llevan décadas actuando y trabajando por la conservación de la zona.

Los colectivos firmantes opinamos que la basura –vergonzosamente abundante durante el verano en los lugares más frecuentados a pesar de la inversión pública en limpieza- resulta antiestética e insultante, sin embargo no es el peor de los males, sino sólo un daño colateral derivado, en el caso del río Manzanares, de la ausencia de criterio para la conservación de este enclave, y lo que es peor, de la mala gestión pública de un problema mucho más grave y peligroso, que es el elevado riesgo estival de incendios en el área.

En La Pedriza y el Alto Manzanares, el estado de las masas forestales y la rápida evolución del clima hacia una mayor sequedad y temperaturas más altas hacen que obligatoriamente el riesgo de incendios deba ser un criterio absoluto y la primera prioridad para la gestión, no sólo forestal, sino también para la seguridad pública. Evacuar a las 2.000 o 3.000 personas que en ciertos días pueden coincidir en lugares tan peligrosos y de difícil salida como el entorno de Cantocochino, la Garganta Camorza y el Tranco, sería prácticamente imposible en el caso de un gran incendio. Por esta razón, durante los meses de alto riesgo es imprescindible evitar la gran concentración de personas en la zona mediante la restricción drástica de vehículos particulares y la prohibición del baño en el río Manzanares.

Este enfoque de gestión es fundamental, no ya sólo para intentar reducir al mínimo la probabilidad de un gran incendio, ambientalmente catastrófico, sino también por responsabilidad hacia la seguridad pública. Reducir el paso de vehículos y racionalizar el uso público en los meses estivales es algo que se viene haciendo en muchos otros lugares con gran demanda de uso, como Montserrat en Cataluña o los pinares de Río Moros en Castilla y León, sencillamente porque el riesgo de tragedia humana y de graves daños al patrimonio de los municipios afectados es demasiado importante como para no adoptar este tipo de medidas.
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Por lo tanto, ninguna de las sugerencias presentadas por los colectivos firmantes a la Administración ha sido “limpiar más”. Por el contrario, estas organizaciones defendemos la importancia de conseguir que la sociedad madrileña comprenda que tener un Parque Nacional a las puertas de una ciudad como Madrid es un privilegio que los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar, pero también la obligación de respetar y proteger entre todos, desde la comprensión de la necesidad de unos límites al uso indiscriminado y a veces destructivo de que es objeto.

Convencidos de que los beneficios económicos que los espacios protegidos pueden brindar a los ciudadanos y municipios madrileños no pueden ni deben basarse en la explotación insostenible del medio ambiente, sino todo lo contrario, en la mejor conservación posible de los valores patrimoniales, las entidades conservacionistas hemos transmitido al Consejero diferentes baterías de propuestas para la solución de los problemas existentes y la prevención de los conflictos emergentes.

Tanto en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama como en otros lugares de la Comunidad de Madrid donde la alta demanda de uso público y la preservación de los valores naturales entran en conflicto, es fundamental atender adecuadamente a toda la cadena de gestión: investigación científica y sociológica; transferencia de la investigación a los planes de gestión y a la normativa; aplicación de todo ello a través de educación, vigilancia y sanción. Por esta razón, las organizaciones firmantes pensamos que es fundamental dotar a los espacios protegidos de una amplia plantilla de profesionales dedicados a la investigación, trabajo técnico, seguimiento, mantenimiento y mejora, información, sensibilización, educación, prevención, vigilancia y sanción.

Asimismo se han sugerido otras posibles medidas para limitar el deterioro consecuente a la intensa demanda de uso público, como por ejemplo la prohibición o control del acceso con botellas de cristal y bebidas alcohólicas; el control de la visita por parte de autobuses escolares y grandes grupos; el incremento de vigilancia, información y control en época de recolección de setas, o la obligación de que, al igual que se hace desde hace años en el Parque Nacional de Sierra Nevada, las competiciones de carreras por montaña, raids y demás pruebas deportivas discurran mayoritariamente por pistas forestales (ya que hay cerca de 800 kilómetros de estas vías en el Parque Nacional y espacios próximos)

Por último, también se han realizado propuestas para la compatibilización de la ganadería de montaña con la conservación del lobo en la Sierra de Guadarrama y se ha recordado al Consejero la importancia de prohibir cuanto antes el uso de herbicidas en cunetas de carreteras, vías de comunicación y espacios públicos a nivel de toda la Comunidad de Madrid.





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