Éste es el primer caso que busca revertir la moratoria decretada por Obama el 28 de mayo, que según las petroleras obligará a recortar la fuerza laboral necesaria para prestar servicio a las plataformas en alta mar. La moratoria ha provocado el cese de operaciones en 33 campos de perforación mar adentro.

   Obama impuso la moratoria de seis meses tras la explosión de una plataforma en alta mar el 20 de abril en el Golfo de México, que dejó 11 muertos y rompió un pozo propiedad de la gigante energética BP, provocando el vertido al océano de millones de galones de crudo.

   El Gobierno estadounidense dice que la moratoria es necesaria para evitar mayores accidentes, mientras que una comisión presidencial investiga la causa del derrame.

   El Gobernador de Luisiana Bobby Jindal, un republicano crítico del Gobierno de Obama por su gestión de la crisis, respalda a las petroleras en el caso. Jindal argumentó que la moratoria podría paralizar la industria.

   El juicio es otro ejemplo más de la tirante relación que existe entre Obama y el importante sector petrolero. Estas tensiones fueron centro de atención la semana pasada cuando BP cedió a las presiones de Obama y acordó depositar 20.000 millones de dólares en un fondo especial para pagar indemnizaciones por el derrame de crudo.

   El accidente, del que se cumplen ya 63 días, ha afectado las costas de cuatro estados en Estados Unidos, mientras amenaza las industrias de turismo y pesca. El derrame también ha dañado pantanos y marismas, ha golpeado la imagen de BP y puesto a prueba la capacidad de Obama, que ha sido duramente criticado por cómo ha abordado el asunto.

ECOticias.com – ep