El petróleo comenzó a diseminarse por el Golfo de México el 20 de abril, cuando la plataforma Deepwater Horizon, que la transnacional British Petroleum (BP) arrendaba a la firma Transocean, con sede en Suiza, sufrió una explosión y, dos días después, se hundió.

El gobierno estadounidense estima que esta catástrofe ambiental es la mayor de la historia en el Golfo de México. Para BP, el costo ya supera los 3.000 millones de dólares.

Según Vladimir Russo, ex director nacional del Ministerio de Ambiente de Angola, el país está preparado para responder a un eventual derrame.

"Tenemos el Plan Nacional de Contingencia de Derrames Petroleros, que se creó en 2008 y que obliga a todas las empresas que operan aquí a tener sus propios mecanismos y medios para afrontar derrames", explicó.

En el marco de la legislación nacional, los propios operadores son responsables de abordar esos incidentes, como ocurrió con BP en el Golfo de México. Las leyes requieren que todas las empresas ayuden en los esfuerzos de alivio.

Angola integra la Iniciativa Mundial para África Occidental y Central, una asociación entre la Organización Marítima Internacional y la Asociación de la Industria Petrolera Internacional para la Conservación del Medio Ambiente.

La idea que hay detrás de esta iniciativa es potenciar la capacidad de los países para prepararse y responder a los derrames de petróleo en el mar mediante talleres e intercambios entre distintos países.

"Hemos tenido pequeños derrames petroleros en el pasado, y ha funcionado: las empresas estuvieron listas, el gobierno también y recibió ayuda internacional", dijo Russo.

"Puede llevar algún tiempo llegar aquí, pero un plazo de 24 o 48 horas estarán disponibles los equipos de limpieza que se necesitan", agregó.

Russo también señaló que se está trabajando para trazar mapas de sensibilidad de la franja costera para ayudar a mejorar la respuesta a cualquier filtración de combustible que pueda ocurrir.

Cuando en ocasiones anteriores hubo comunidades pesqueras afectadas por derrames de crudo, las empresas petroleras involucradas las compensaron con redes y botes.

Pero Elias Isaac, director para Angola del Open Society Institute, cree que falta una legislación específica sobre el ambiente, lo que hace que todo el país sea vulnerable a incidentes importantes en aguas angoleñas.

"No creo que Angola esté preparada. Lo que ocurrió en el Golfo de México es un gran ejemplo de los enormes peligros de las industrias extractivas, especialmente la petrolera", dijo a IPS.

"Sería bueno que el gobierno angoleño aprobara una ley específica que regulara a las empresas petroleras en términos ambientales, así como los efectos e impactos de esta industria sobre las comunidades locales y tradicionales", agregó.

"Lo que tenemos en este momento es legislación del Ministerio de Petróleo, pero no alcanza", dijo.

Isaac tampoco cree que los acuerdos previos para compensar a las comunidades afectadas por la industria petrolera hayan sido suficientes. En mayo se unió a activistas de todo el mundo reunidos en la meridional ciudad estadounidense de Houston para presionar al gigante petrolero estadounidense Chevron por sus antecedentes ambientales en Cabinda, un septentrional enclave angoleño rico en petróleo.

Según Isaac, las playas de Cabinda se han ennegrecido por culpa del petróleo que ha llegado a la costa, matando peces y otros seres vivos. Varios lagos también fueron contaminados.

Chevron se negó a responder a IPS a propósito de los reclamos del Open Society Institute sobre sus antecedentes ambientales y sociales.

Como otros varios operadores internacionales con proyectos en Angola, la empresa, que opera localmente con el nombre de Cabinda Gulf Oil Company (Cabgoc), también se negó a formular declaraciones sobre sus planes de seguridad a la luz del incidente de la plataforma Deepwater Horizon.

El alcance de los daños relacionados con el petróleo vertido en aguas y costas angoleñas aún no está claro. Activistas como Isaac sostienen que el impacto ambiental es mucho mayor de lo que se percibe.

Russo admitió que no existe una base de datos públicos que liste los derrames y sus impactos.

Como ahora la ley requiere que las empresas petroleras lleven a cabo auditorías ambientales sobre sus operaciones, él se mostró confiado en que en el futuro se recabará información más detallada sobre los derrames.

Hasta ahora, Estados Unidos era visto como un país con mayor aplicación de la ley que la mayoría, pero parece que en sus redes de seguridad había demasiados vacíos.

El Comité de Energía y Comercio del Congreso legislativo de Estados Unidos atribuye el incidente de BP a una serie de malas decisiones, que van desde presiones financieras y de tiempo hasta el aspecto accidental de que no se activara el mecanismo para prevenir explosiones. No puede descartarse la posibilidad de que un hecho similar ocurra en aguas profundas de otras zonas, y los vacíos en las leyes y regulaciones de Angola parecen ser mucho mayores.

Se trata de "una industria de alto riesgo, pero brinda grandes ganancias, muchos puestos de trabajo y, por supuesto, es la fuerza motora de la economía angoleña, así que es necesario poner todo esto en la balanza y decidir qué hacer", dijo Russo.

Actualmente, BP extrae petróleo de aguas profundas angoleñas, y también administra el primer Sistema de Observatorio Ambiental a Largo Plazo de las Profundidades Oceánicas del mundo. Éste controla los cambios que se producen en las aguas y el lecho oceánico, así como las poblaciones de peces en esa zona, por un periodo de 25 años. A tales efectos utiliza cámaras de última generación, entre otras herramientas.

La compañía está por iniciar la fase de desarrollo de otro bloque, en aguas ubicadas a entre 1.500 y 2.500 metros de profundidad. Consultado sobre si se estaban evaluando los acuerdos de seguridad para este último proyecto, un portavoz de BP en Luanda dijo no poder realizar declaraciones directamente.

Sin embargo, explicó a IPS: "La seguridad es nuestra principal prioridad, y estamos comprometidos a garantizar operaciones seguras y confiables donde sea que operemos".