La plataforma ha concretado que las instituciones políticas y la empresa han "evitado por todos los medios", hasta ahora, utilizar ese argumento para que "no se sepa" la cantidad de vertidos al río Guadiana, y ha señalado qye "el agua sería de la presa de Alange, tanto la extraída como la vertida".

   Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, el portavoz de la Plataforma Refinería No, Reyes González, quien ha achacado las palabras de De la Vega a que la empresa "todavía no ha presentado una serie de requerimientos que se le pide", y ha recordado, "Rodríguez Ibarra dijo que esto se empezaría a construir en 2005 y que era una decisión política tomada".

   Según González, el plan de la Refinería Balboa se está dilatando porque la empresa "no había hecho proyecto". El portavoz ha citado al catedrático emeritense de la Universidad Politécnica de Madrid Francisco Fernández, quien "dijo que si ese proyecto se lo hubiera presentado un alumno, difícilmente tendría el título si él fuera responsable de dárselo".

   Reyes González ha apuntado que "faltaban cosas muy importantes" en el planteamiento inicial, como "los vertidos de agua" y "el oleoducto", del que "se ha empezado a hablar hace año y medio", y ha añadido que "cada vez que ha habido elecciones" se anunciaba "que en quince días saldría" la Declaración de Impacto Ambiental y aún "no sale nada".

   En este sentido, Refinería No ha reiterado que las administraciones públicas comenten "una falta absoluta de respeto" al defender "de forma tan visceral" un proyecto empresarial privado de este tipo, que "afectaría a bastantes parques naturales, sobre todo a Doñana", y también a Portugal.

CONVENIO DE AARHUS

   Por otra parte, la plataforma ha presentado una resolución, fechada en el presente mes de julio, del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de Naciones Unidas, que recoge que "las autoridades españolas no han facilitado la participación pública eficaz" en el proyecto de Refinería Balboa.

   Las instituciones políticas "han violentado los derechos a la información y a la manifestación libre y pública de los ciudadanos", según Reyes González, quien ha apuntado que las cuestiones de la ONU "no son necesariamente vinculantes, sino sobre todo de advertencia".

   Ha destacado que el Convenio de Aarhus regula, entre otros asuntos, el derecho a la participación ciudadana en los proyectos que puedan perjudicar al medio ambiente. Por esta razón, la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo (PCCA) presentó en marzo de 2009 "una comunicación basada en el incumplimiento de varios puntos de la ley por parte de España".

   El comité celebró una reunión de trabajo con miembros de PCCA y PCRN, así como tres representantes del Ejecutivo central, en la sede de la ONU en Ginebra, con el fin de escuchar ambas partes.

   El portavoz de Refinería No ha explicado que la resolución del Comité de Aarhus señala que "los poderes públicos proporcionaros la información disponible sólo en un lugar", en el que "era necesaria" la presencia física del solicitante, y "no permitieron la copia digital en los equipos de Mérida" ni "se remitió a ningún sitio web o base de datos".

   Asimismo, según la plataforma, en el documento se "recomienda al Estado español cambiar su política de acceso a la información y de justicia gratuita" para todos los ciudadanos en materias medioambientales.

ECOticias.com – ep