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Transporte insostenible y mala calidad del aire en Extremadura

La mejora de nuestra calidad de vida, en términos de salud, igualdad social y reducción de impactos ambientales, no pasa solo por unas políticas sociales justas, sino también por políticas ambiciosas de movilidad sostenible, orientadas a reducir la dependencia del automóvil.
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Fecha de publicació: 21/09/2017, 13:00 h | (47) veces leída
La Semana Europea de la Movilidad (SEM) se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre. Su objetivo es reivindicar la viabilidad y la necesidad de transformar la movilidad de nuestras urbes, con la reducción de los viajes en coche y el incremento de los realizados a pie, en bicicleta y en transporte público. Finaliza cada año con el Día sin Coches, una jornada simbólica en la que se invita a los/as ciudadanos/as a dejar en casa su automóvil y probar otras formas de moverse.
Sin embargo, aparte de su impacto mediático, de nada sirve que durante una semana al año alcaldes y alcaldesas realicen gestos de buena voluntad, como dejarse ver paseando en bicicleta y participando en charlas y mesas redondas en favor de la movilidad sostenible, si los 358 días restantes continúan impulsando políticas urbanas opuestas. Esta SEM podría ser un buen momento para materializar un compromiso para implantar de una vez medidas audaces que pongan fin a las autopistas urbanas, reduzcan la velocidad, se aprueben planes de prioridad residencial, sustituyan plazas de aparcamiento por zonas verdes, mejoren el transporte público, faciliten el uso de la bicicleta y extiendan las zonas peatonales, entre otras.
La mejora de nuestra calidad de vida, en términos de salud, igualdad social y reducción de impactos ambientales, no pasa solo por unas políticas sociales justas, sino también por políticas ambiciosas de movilidad sostenible, orientadas a reducir la dependencia del automóvil. Sin embargo, transcurridos dos años desde las últimas elecciones municipales, la mayoría de los Consistorios de la región siguen sin poner en práctica todos esos cambios estructurales necesarios, que en general no han pasado hasta el momento de las palabras y los gestos. Es urgente poner en marcha medidas que supongan una transformación real de nuestras ciudades y permitan la adaptación a los retos actuales y futuros, mitigando así nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y creando ciudades más resilientes al cambio climático, más habitables, menos contaminadas, menos ruidosas y socialmente más justas.
No obstante, las medidas para la movilidad sostenible en el entorno urbano no tendrán todo el impacto deseable en nuestra región si no van acompañadas de un Plan General de Movilidad Sostenible que involucre a todo el transporte en general, de personas y mercancías, y que conecte a las distintas comarcas del medio rural entre sí, dando alternativas al tráfico rodado. Aquí el ferrocarril tiene un papel fundamental: un tren electrificado, público y social, alimentado por energías renovables, estructurado en red y vertebrado por rutas interregionales como la Ruta de la Plata. La mejora y transformación de la red ferroviaria convencional debería ser un objetivo prioritario especialmente en Extremadura, dadas las particulares características de nuestra Comunidad Autónoma, en lugar de invertir casi todos los recursos en la construcción de la línea de Alta Velocidad, la cual no es viable económicamente ni rentable socialmente, como se deduce de diferentes estudios de viabilidad económica realizados por organismos independientes [1]. Y aún menos después de que el Tribunal de Cuentas de Portugal rechazase continuar la línea hasta Lisboa.
Por ello, no se entiende el empeño político por construir el AVE en contra de los intereses generales de la población, y en detrimento de la red ferroviaria regional que está completamente depauperada, a pesar de ser la que realmente conecta el territorio. Por todo ello, Ecologistas en Acción defiende que se debe imponer una moratoria a estas grandes infraestructuras, innecesarias y que han supuesto una gran fuente de gasto público y corrupción. Si realmente se quiere acabar con las desigualdades sociales, los problemas de salud y los impactos ambientales, hay que poner fin a las recetas del pasado diseñadas en función de los intereses de una élite económica vinculada al ladrillo y a la construcción de grandes infraestructuras. Pero lograr este objetivo requiere de compromiso y voluntad institucional.
Otra cuenta pendiente en nuestra Comunidad, íntimamente unida a las carencias en movilidad sostenible, es la mala calidad del aire que se respira en Extremadura, que afecta tanto a núcleos urbanos como al entorno rural, y que se debe principalmente a la grave incidencia del ozono troposférico en nuestra región. La contaminación por este tipo de ozono, denominado coloquialmente “ozono malo”, es producida por la mezcla entre radiación solar y el dióxido de nitrógeno, hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles emitidos por la industria y los vehículos de transporte. Los efectos dañinos del ozono troposférico en la salud son diversos, calculándose en unas 1.800 las muertes prematuras ocasionadas anualmente en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, y afectando especialmente a los niños y niñas, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Los efectos sobre la vegetación son también considerables, estimándose en algunos casos reducciones de un 40% en la productividad de los cultivos afectados por este contaminante.
Se trata, por tanto, de un problema de salud humana y vegetal de primer orden que adquiere especial relevancia en regiones como Extremadura, donde en los últimos años se han producido continuos episodios de superación de los umbrales recomendados por la OMS en ciudades como Cáceres, Badajoz, Plasencia, Mérida o Almendralejo. Y que además afecta a las zonas rurales en gran medida, por la propagación debida a los vientos dominantes en la región. En este contexto, resulta llamativo que se sigan produciendo graves deficiencias en el funcionamiento de las estaciones de medición de la calidad del aire existentes en territorio extremeño, dependientes de la Junta de Extremadura, y que la información que se proporciona a la población para que no realice esfuerzos físicos cuando se producen los picos de ozono, siga dejando mucho que desear.
A este respecto, recientemente la Dirección General de Medio Ambiente presentó el proyecto del Plan de Mejora de Calidad del Aire de Extremadura, al cual Ecologistas en Acción de Extremadura presentó una serie de alegaciones al considerar que dicho plan no cumple con el contenido mínimo establecido por ley: se mencionan tan sólo una serie de generalidades pero sin hacer referencia expresa al ozono troposférico, sin localizar las fuentes de emisión y sin especificar las medidas para atajar el problema. En el Plan tampoco se integran los planes de movilidad urbana con vistas al fomento de modos de transporte menos contaminantes. Ello resulta una incongruencia, pues las fuentes de los gases precursores del ozono troposférico están perfectamente determinadas. Por ello, según establece la ley, en este tipo de planes es preceptivo tener en cuenta los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio, y deben contener medidas a medio plazo que contemplen la potenciación de la movilidad sostenible y la consecuente reducción del uso del vehículo privado. Es pues esencial que la Administración autonómica se esfuerce por mejorar estos aspectos, resolviendo las deficiencias pasadas y presentes.

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre. Su objetivo es reivindicar la viabilidad y la necesidad de transformar la movilidad de nuestras urbes, con la reducción de los viajes en coche y el incremento de los realizados a pie, en bicicleta y en transporte público. Finaliza cada año con el Día sin Coches, una jornada simbólica en la que se invita a los/as ciudadanos/as a dejar en casa su automóvil y probar otras formas de moverse.

Sin embargo, aparte de su impacto mediático, de nada sirve que durante una semana al año alcaldes y alcaldesas realicen gestos de buena voluntad, como dejarse ver paseando en bicicleta y participando en charlas y mesas redondas en favor de la movilidad sostenible, si los 358 días restantes continúan impulsando políticas urbanas opuestas. Esta SEM podría ser un buen momento para materializar un compromiso para implantar de una vez medidas audaces que pongan fin a las autopistas urbanas, reduzcan la velocidad, se aprueben planes de prioridad residencial, sustituyan plazas de aparcamiento por zonas verdes, mejoren el transporte público, faciliten el uso de la bicicleta y extiendan las zonas peatonales, entre otras.

La mejora de nuestra calidad de vida, en términos de salud, igualdad social y reducción de impactos ambientales, no pasa solo por unas políticas sociales justas, sino también por políticas ambiciosas de movilidad sostenible, orientadas a reducir la dependencia del automóvil. Sin embargo, transcurridos dos años desde las últimas elecciones municipales, la mayoría de los Consistorios de la región siguen sin poner en práctica todos esos cambios estructurales necesarios, que en general no han pasado hasta el momento de las palabras y los gestos. Es urgente poner en marcha medidas que supongan una transformación real de nuestras ciudades y permitan la adaptación a los retos actuales y futuros, mitigando así nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y creando ciudades más resilientes al cambio climático, más habitables, menos contaminadas, menos ruidosas y socialmente más justas.

No obstante, las medidas para la movilidad sostenible en el entorno urbano no tendrán todo el impacto deseable en nuestra región si no van acompañadas de un Plan General de Movilidad Sostenible que involucre a todo el transporte en general, de personas y mercancías, y que conecte a las distintas comarcas del medio rural entre sí, dando alternativas al tráfico rodado. Aquí el ferrocarril tiene un papel fundamental: un tren electrificado, público y social, alimentado por energías renovables, estructurado en red y vertebrado por rutas interregionales como la Ruta de la Plata. La mejora y transformación de la red ferroviaria convencional debería ser un objetivo prioritario especialmente en Extremadura, dadas las particulares características de nuestra Comunidad Autónoma, en lugar de invertir casi todos los recursos en la construcción de la línea de Alta Velocidad, la cual no es viable económicamente ni rentable socialmente, como se deduce de diferentes estudios de viabilidad económica realizados por organismos independientes [1]. Y aún menos después de que el Tribunal de Cuentas de Portugal rechazase continuar la línea hasta Lisboa.

Por ello, no se entiende el empeño político por construir el AVE en contra de los intereses generales de la población, y en detrimento de la red ferroviaria regional que está completamente depauperada, a pesar de ser la que realmente conecta el territorio. Por todo ello, Ecologistas en Acción defiende que se debe imponer una moratoria a estas grandes infraestructuras, innecesarias y que han supuesto una gran fuente de gasto público y corrupción. Si realmente se quiere acabar con las desigualdades sociales, los problemas de salud y los impactos ambientales, hay que poner fin a las recetas del pasado diseñadas en función de los intereses de una élite económica vinculada al ladrillo y a la construcción de grandes infraestructuras. Pero lograr este objetivo requiere de compromiso y voluntad institucional.

Otra cuenta pendiente en nuestra Comunidad, íntimamente unida a las carencias en movilidad sostenible, es la mala calidad del aire que se respira en Extremadura, que afecta tanto a núcleos urbanos como al entorno rural, y que se debe principalmente a la grave incidencia del ozono troposférico en nuestra región. La contaminación por este tipo de ozono, denominado coloquialmente “ozono malo”, es producida por la mezcla entre radiación solar y el dióxido de nitrógeno, hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles emitidos por la industria y los vehículos de transporte. Los efectos dañinos del ozono troposférico en la salud son diversos, calculándose en unas 1.800 las muertes prematuras ocasionadas anualmente en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, y afectando especialmente a los niños y niñas, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Los efectos sobre la vegetación son también considerables, estimándose en algunos casos reducciones de un 40% en la productividad de los cultivos afectados por este contaminante.

Se trata, por tanto, de un problema de salud humana y vegetal de primer orden que adquiere especial relevancia en regiones como Extremadura, donde en los últimos años se han producido continuos episodios de superación de los umbrales recomendados por la OMS en ciudades como Cáceres, Badajoz, Plasencia, Mérida o Almendralejo. Y que además afecta a las zonas rurales en gran medida, por la propagación debida a los vientos dominantes en la región. En este contexto, resulta llamativo que se sigan produciendo graves deficiencias en el funcionamiento de las estaciones de medición de la calidad del aire existentes en territorio extremeño, dependientes de la Junta de Extremadura, y que la información que se proporciona a la población para que no realice esfuerzos físicos cuando se producen los picos de ozono, siga dejando mucho que desear.

A este respecto, recientemente la Dirección General de Medio Ambiente presentó el proyecto del Plan de Mejora de Calidad del Aire de Extremadura, al cual Ecologistas en Acción de Extremadura presentó una serie de alegaciones al considerar que dicho plan no cumple con el contenido mínimo establecido por ley: se mencionan tan sólo una serie de generalidades pero sin hacer referencia expresa al ozono troposférico, sin localizar las fuentes de emisión y sin especificar las medidas para atajar el problema. En el Plan tampoco se integran los planes de movilidad urbana con vistas al fomento de modos de transporte menos contaminantes. Ello resulta una incongruencia, pues las fuentes de los gases precursores del ozono troposférico están perfectamente determinadas. Por ello, según establece la ley, en este tipo de planes es preceptivo tener en cuenta los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio, y deben contener medidas a medio plazo que contemplen la potenciación de la movilidad sostenible y la consecuente reducción del uso del vehículo privado. Es pues esencial que la Administración autonómica se esfuerce por mejorar estos aspectos, resolviendo las deficiencias pasadas y presentes.





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