Ecologia, Medio Ambiente y Energias Renovables en la Naturaleza

La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) lamenta el
nuevo rumbo que podría tomar la política de aguas en España con Miguel
Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Tras los decepcionantes resultados de la política de aguas en la
legislatura anterior, la FNCA se muestra muy crítica con la decisión del
nuevo Ministro de anteponer el interés económico de las obras hidráulicas a
la protección de las aguas y de sus ecosistemas. Para la FNCA, el Ministro
Arias Cañete responde a los intereses y posiciones de las oligarquías de los
regantes y esta política podría suponer pérdidas de valores ambientales, la
agravación de los problemas del agua en España y el incumplimiento de la
normativa comunitaria.
En la última Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el
Ministro anticipó la política de aguas del Ejecutivo central. Las cuestiones
más graves para la FNCA son:

• Las propuestas presentadas no tienen en consideración el modelo de
desarrollo territorial vigente. El necesario principio de austeridad
impuesto para el control del gasto público no se aplica sin embargo al
control de las demandas de agua, lo que supondrá en la práctica un
incremento del estrés hídrico y el deterioro de las aguas y sus
ecosistemas.

• El Pacto Nacional del Agua que menciona el Ministro pretende plasmarse
en un nuevo Plan Hidrológico Nacional que supondrá una nueva
programación de inversiones y actuaciones para fomentar la obra
hidráulica estatal. El Ministro muestra una clara complacencia hacia los
intereses y posiciones de las oligarquías de los regantes, reforzando las
aspiraciones de trasvases.

• No se establece un plazo para la presentación de los nuevos planes de
gestión de cuenca, que acumulan un retraso de más de dos años, ni de
sus medidas e inversiones asociadas, como demanda la Directiva Marco
del Agua (DMA).

• Los argumentos señalados por el Ministro en contra de la desalinización
adolecen de una comparación de coste y eficacia con el resto de medidas
posibles. El análisis oculta que su coste, tanto financiero como
económico, es menor que el de los trasvases. A diferencia de los
trasvases, la oferta de agua modulable a las necesidades y la
recuperación de los costes de inversión más transparente.

• Respecto al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), el Ministro considera
que ha incumplido su "promesa" de inversión y la regularización de
8.000 pozos ilegales y debe ser derogado. Según la FNCA, la posible
derogación o revisión del PEAG dejando sin aplicar las medidas de
carácter ambiental que debían haberse realizado de manera paralela a la
legalización de los pozos supondría un fraude a los fines de la importante
inversión pública realizada hasta ahora.

• También sostiene Arias Cañete que se va a impulsar el uso de aguas
reutilizadas, liberando aguas de mayor calidad para otros fines y
asegurando el mantenimiento de los caudales ecológicos. Se debe
recordar que el objetivo adoptado por todos los Estados en el seno de la
Unión Europea, el buen estado de todas las masas de agua para el 2015,
no se consigue destinando a este fin las aguas residuales tratadas, como
parecen indicar estas orientaciones ministeriales, ya que no es sólo una
cuestión de cantidad sino de la calidad de las aguas que se destinan a
este fin.

• El Ministerio prevé un nuevo Plan Nacional de Regadíos sin ni siquiera
evaluar de forma participada los resultados de las políticas agrarias
anteriores. Para la FNCA, los objetivos de eficiencia que persigue la
modernización de regadíos no pueden limitarse a la parcela o la
comunidad de regantes, olvidando sus efectos sobre la cuenca
hidrográfica. En la práctica los supuestos ahorros de la modernización
nunca se quedan en los ríos sino que se destinan a otros usos,
contribuyendo a aumentar el estrés hídrico y la escasez global de la
cuenca.

• En cuanto a las propuestas sobre el litoral resulta contradictorio que diga
que potenciará la protección, pero olvide la restauración y opte por la
desafectación del dominio público para terrenos degradados. Estas
propuestas resultan incompatibles con la reducción de los riesgos de
inundación, la fragilidad ecológica de las costas, y la adaptación a los
efectos del cambio climático.

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