Alerta, los gigantes tecnológicos controlaran aún más en el mercado global de alimentos

Las tecnologías digitales pueden ofrecer nueva información y oportunidades de mercado para el sector agrícola de los países en desarrollo, incluidos los pequeños productores en los mercados locales. Los gobiernos necesitan flexibilidad para poder desarrollar estrategias a mediano plazo para lograr ese potencial y beneficiar a los pequeños productores y pequeñas y medianas empresas. Las grandes transnacionales acechan escondidas tras enormes bases de datos.Un texto de Jane Kelsey publicado por Vía Orgánica.

La dependencia frente a las tecnologías digitales puede concentrar aún más el dominio del mercado por parte de los agronegocios integrados verticalmente y las empresas transnacionales que controlan las cadenas de suministro nacionales y mundiales a través de la producción, transporte, comercialización y distribución, y las plataformas en línea y de pagos a través de los cuales operan los mercados digitales.

Una mayor dominación intensificará las presiones de costos, a la vez que la rápida emergencia de nuevas amenazas por las tecnologías que sustituyen mano de obra y los alimentos artificiales a través de la impresión 3D.

Las empresas agrícolas globales como Monsanto y John Deere se están posicionando como compañías centradas en los datos. Su nuevo modelo de negocio recopila datos micro sobre las prácticas y condiciones de las granjas y los utiliza para controlar todo el proceso agrícola y la cadena de valor, desde la planificación de los cultivos hasta la inversión en operaciones comerciales de futuro en los mercados de productos agrícolas.

Las MIPYMES ya han expresado su preocupación por la concentración que se da en los mercados de plataformas de comercio electrónico, soluciones de pago electrónico y servicios de entrega transfronterizos.

Una mayor dominación intensificará las presiones de costos, a la vez que la rápida emergencia de nuevas amenazas por las tecnologías que sustituyen mano de obra y los alimentos artificiales a través de la impresión 3D.

Las normas sobre comercio electrónico que se promueven en la OMC y otros acuerdos comerciales internacionales, en particular la Asociación Transpacífico, restringirán la capacidad de los países para aprovechar este potencial e intensificar el poder de mercado de los ya posicionados; y no harán nada para cerrar la brecha digital, empoderar a los países en desarrollo y los pequeños agricultores, ni garantizar la soberanía alimentaria.

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Los datos agrícolas son valiosos recursos individuales, comunitarios y nacionales. Las reglas propuestas promueven un libre flujo global de datos que permite a las corporaciones agrícolas globales un control casi total sobre todos los datos agrícolas, en todas partes, dándoles un control efectivo sobre las cadenas de valor que estas corporaciones basadas en datos agrícolas movilizan.

Esos riesgos se ven agravados por la falta crónica de acceso confiable a electricidad e Internet en los países en desarrollo, que es más marcado en las zonas rurales. Hasta que no se aborden la brecha digital y el déficit de infraestructura, los pequeños y medianos agricultores corren el riesgo de verse aún más marginados de los mercados de los que dependen sus medios de subsistencia.Los riesgos específicos del modelo basado en el TPP para la agricultura, los agricultores y los sistemas alimentarios incluyen:

·El acceso al mercado digital para los países en desarrollo y los pequeños productores y las opciones de consumo cuestan, y su costo lo determinan quienes controlan las plataformas. (La mitad de todas las búsquedas de compras en línea comienzan directamente en Amazon.com. Por lo tanto, si una PYME desea vender en línea, debe hacer inscribir sus productos en Amazon.com para llegar a la mitad de todos los compradores en línea).

·Una vez que se accede, las plataformas operan a través de algoritmos (‘códigos fuente’) que benefician a las empresas propias y los proveedores preferidos (como lo demostraron los recientes juicios de competencia contra Google) y colocaciones patrocinadas. Los textos de comercio electrónico dicen que los gobiernos no pueden exigir la divulgación de estos códigos fuente, lo que permite que los países de los gigantes tecnológicos controlen el mercado global.

·No se podrá exigir que los operadores extraterritoriales de plataformas electrónicas, adquisiciones y distribuidores tengan presencia local en el país, lo que dificultaría imponer y aplicar una política nacional de competencia, la protección del consumidor, las leyes laborales y penales y el cumplimiento de los contratos.

·Profundizar los compromisos de los países de suministrar servicios transfronterizos (modo 1) y la presencia corporativa extranjera (modo 3) utilizando tecnologías digitales “disruptivas” intensificará las actuales prácticas excluyentes mundiales de contratación con normas globales privadas, demandas de escala y pruebas técnicas avanzadas, plazos rígidos y contratos de suministro transitorios e inseguros.

·No se podrá exigir a los operadores de plataformas digitales y a las corporaciones que operan desde el extranjero, que transfieran tecnología para desarrollar la capacidad local, ni que usen instalaciones informáticas locales para garantizar la construcción de infraestructura local, ni que tengan una presencia local en el país que genere inversión y empleos.

·El comercio financiero especulativo de productos básicos en futuros y mercados spot ya amenaza la viabilidad de su sector agrícola y sus productores. Los compromisos de los servicios financieros del Modo 1, incluyendo los intercambios extrabursátiles, amparan a estos mercados de la regulación nacional. Será imposible exigir la divulgación de los algoritmos y el código fuente que impulsan este comercio especulativo.

Sin una política efectiva de competencia global, la agenda de comercio electrónico refuerza los monopolios impuestos por los ADPIC sobre semillas, ingeniería genética y tecnologías agrícolas; y las políticas del Banco Mundial para privatizar la tierra y el agua y los tratados bilaterales de inversión que protegen las inversiones extranjeras; como también políticas desequilibradas de comercio agrícola que ponen en peligro las exportaciones de los países en desarrollo y la soberanía alimentaria.

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