Liberan docenas de galgos en pésimas condiciones de una perrera ilegal de Villamanta

• jueves 11 oct 2018
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Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Madrid, en coordinación con el Área de Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad, han localizado y clausurado una perrera ilegal ubicada en la localidad de Villamanta, ha informado la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.

La actuación se originó a raíz de un comunicado ciudadano a la Policía Local de la pésima situación en la que se hallaban unos perros en una finca de la localidad trasladándose al lugar con la finalidad de realizar una inspección, negándoles el acceso. Ello motivó la activación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). A partir de este momento se mantuvo vigilada la finca y se solicitó de los servicios veterinarios de la Comunidad de Madrid apoyo para realizar la inspección, comprobando que dicha finca no contaba con permisos para tener un núcleo zoológico.

Cuando se realizó la inspección al lugar, los agentes localizaron 28 perros, 26 de los cuales eran galgos que se encontraban en unas pésimas condiciones higiénico sanitarias, además de faltarles agua y comida. Además la mayoría de los animales carecían de la documentación, identificación y vacunación obligatorias, motivando la detención de la persona encargada de las instalaciones y posteriormente del propietario de la instalación.

Las investigaciones posteriores llevaron a los agentes actuantes hasta los propietarios de varios de los galgos, quienes cuentan con antecedentes relacionados por el robo de perros de la citada raza. Así mismo también fue intervenido un caballo que se encontraba en malas condiciones.

Todos los animales han sido depositados en el CIAAM y otros centros concertados con la Comunidad de Madrid, donde están siendo tratados de las patologías que presentaban. Los implicados, a quienes se les imputa un delito de maltrato animal, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La actuación se originó a raíz de un comunicado ciudadano a la Policía Local de la pésima situación en la que se hallaban unos perros en una finca de la localidad trasladándose al lugar con la finalidad de realizar una inspección, negándoles el acceso.

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