Icoval alerta de que los test de ADN contra las heces caninas no son eficaces y plantean dudas jurídicas

  • En el referido informe –que amplía y actualiza otros igual­men­te críticos, como el elaborado por el Co­legio de Veterinarios de Ma­drid- se cues­tiona abiertamente la viabilidad de es­­te método por su “alto coste” pa­ra el era­rio, su “falta de efi­ca­cia”.

El Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) ha emitido un dictamen a petición de un gran ayuntamiento que está estudiando la oportunidad de contratar los servicios de una empresa dedicada al aná­li­sis de ADN fecal para así tratar de frenar el hábito de quien saca al perro y no recoge sus excrementos. An­te tal re­que­­­ri­miento y la solicitud informal de otros muchos municipios de la provincia en el mismo sentido, Icoval ha de­­­cidido di­­­fundir sus conclusiones.

En el referido informe –que amplía y actualiza otros igual­men­te críticos, como el elaborado por el Co­legio de Veterinarios de Ma­drid- se cues­tiona abiertamente la viabilidad de es­­te método por su “alto coste” pa­ra el era­rio, su “falta de efi­ca­cia”, las dudas jurídicas que plan­tea y por­que no se trata de un sistema, co­mo se ha afir­mado, que por sí mismo sirva para luchar también con­tra el abandono de animales. Co­mo señala el pre­sidente de Ico­val, Gonzalo Mo­reno del Val, “el método se ofre­ce co­mo la panacea para acabar con las ca­cas de perro en las ace­ras o jardines cuan­do no es así y con­vendría enfocar este asunto como lo que es: un pro­ble­ma de salud pública”.

Icoval alerta de que los test de ADN contra las  heces caninas no son eficaces y plantean dudas jurídicas

El dictamen analiza los puntos débiles de este sistema. Pone el acento en el ám­bito en el que es­tos servicios se es­tán ofertando: en España se dirigen a los ayuntamientos mientras que en EEUU o Ca­na­dá -allá donde están más con­­solidados- se promocionan principalmente entre co­mu­ni­dades de vecinos con poblaciones ca­ni­­nas limitadas y de fá­cil registro. Jun­to a ello, el estudio evidencia que los cen­sos creados a través de la huella genética sólo se­rían úti­les pa­ra la identificación de los animales como un “sis­te­ma complementario” al ac­­­­tual de iden­ti­fi­ca­ción electrónica (a través de microchip) y “en nin­gún caso para desplazar o sus­tituir” a éste.

Porque, efec­­­­­ti­va­men­te, en ca­so de extravío, si el can lle­­va chip está acre­di­­­­tado que se au­men­ta 3 veces la po­si­bi­li­dad de que éste pueda ser devuelto y su lo­­­ca­lización será cues­tión de horas, mientras que en el ca­so del sis­te­ma por ADN hacer tal cosa tendrá un nue­vo coste, ne­­­cesitará al menos de 2 días para dar re­sultados y no servirá si el perro se encuentra fuera del mu­nicipio donde fue cen­sa­do.

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Como se avanzaba, el método ofrece “serias dudas jurídicas” en cuanto a que se trate de un instrumento eficaz en el orden sancionador. Y esto sería así por cuanto debería asegurar la cadena de cus­to­dia, es decir, que la muestra no se ha manipulado desde su recogida hasta el resultado final de la analítica.

Para su toma, se requerirá de la pre­sencia de un funcionario que levante acta del lugar, de la persona que toma la hez y de su envío al laboratorio. Las ordenanzas de­­berán regular, además, qué actuaciones cons­­tituyen una infracción y a quién se con­sidera responsable de las mismas. Por tanto, “a los efectos de un pro­ce­di­miento sancionador habrá de de­mos­trar qué animal depositó el excremento en concreto y qué persona no llevó a cabo la recogida”, señala el informe.

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El dictamen entra de lleno a analizar las razones técnicas de la “ineficacia” de cara a asegurar una correcta iden­­­­­­­tificación del can. Así, recurre a la literatura científica para confirmar que un am­­plio porcentaje de las muestras se­rán no concluyentes por: la degradación del ADN por el medio ambiente, por la pro­pia escasez de ADN, por la ha­bi­tual pre­­­­sencia de inhibidores de PCR (el sistema con el que se hacen las pruebas) que impiden los resultados, por la exis­ten­­­cia de contaminaciones genéticas, por problemas de con­ser­­vación y/o transporte de las heces, por ser de una es­pe­cie dis­tinta (gatos, por ejemplo) o proceder de animales “iti­ne­rantes” (abandonados o de otros mu­ni­ci­pios).

Éste úl­timo fac­­tor, en el caso alicantino y por su gran po­ten­­cial turístico, cobra especial relevancia. Icoval es­ti­ma, de hecho, que en de­­terminadas épocas del año hasta un 20% de la población canina sería ‘itinerante’ y por tanto no estarían in­cluidos en el censo genético, lo que impediría la iden­ti­­­­fi­ca­ción y la posible sanción al propietario o responsable del he­cho.

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Atendiendo a tales limitaciones, incluso aceptando que el 100% de los animales de un municipio estuvieran co­­­rrec­tamente censados, Icoval calcula que la probabilidad máxima de que una muestra de heces recogida fuera positiva respecto a su perfil genético sería del 36,66%. Los costes del resto de análisis –del 63% de pruebas no con­clu­yen­tes- así como los derivados del mantenimiento del sistema tendrían que ser asumidos igualmente por el titular mu­­ni­ci­pal del servicio.

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En el caso concreto de Málaga, por ejemplo, su ayuntamiento comenzó a implementar este servicio en mayo de 2017, creó un fondo dotado con 200.000 euros para hacerse cargo de los análisis previos (a partir de la toma de san­gre) para obtener el perfil ge­né­tico (a razón de 35 euros por animal) y asumió el coste de cada análisis de las heces recogidas (de otros 18 eu­ros), pudiendo repercutir úni­camente en los propietarios los muestreos con resultado positivo.

En sep­tiembre de 2018 -1 año y 4 meses después de arrancar- el porcentaje de animales registrados era sólo del 28,5% y durante un periodo de siete meses, de las más de 304 muestras tomadas sólo 36 (un 11,8%) pudieron re­la­cio­nar­­se con el perfil del censo y derivar, en su caso, en sanción.

Por todo lo cual, Icoval recomienda –antes que apostar por este método- reforzar las ordenanzas para aclarar el ran­go de las sanciones; reorientar la inversión en la creación de más plazas de policía local para así mejorar la vi­gi­lancia en este ámbito o en otros propios de este cuerpo y reforzar las campañas de concienciación, con mensajes más im­­pac­tan­tes en los que se remarquen los problemas de salud pública (prevalencia de parásitos intestinales y po­sible con­tagio de zoonosis a las personas) y no tanto, aunque también, los problemas de suciedad o de falta de civismo.

Para más información, llamar a Rafael Quilis al 661 20 86 96

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