El Gobierno trabaja en una Ley "transversal" de Cambio Climático y Transición Ecológica que se tramitará a final de año

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mostrado su apuesta "clara y firme" para impulsar un modelo de desarrollo sostenible que permita luchar contra el cambio climático y cumplir los objetivos del Acuerdo de París para lo que el Gobierno trabaja en una ley para la transición ecológica que será "transversal" para "abrir la puerta" a España "en el siglo XXI" y que permita la descarbonización de la economía a mitad de siglo.

Durante su primera comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica, Ribera ha explicado que su intención con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pasa por dar a conocer un borrador a principios del otoño para poder iniciar su tramitación parlamentaria "antes de final de año", porque España es "una excepción" entre las potencias europeas ya que no goza de una ley que marque el camino hacia la descarbonización.

El Gobierno trabaja en una Ley

Así, considera que la norma deberá estar basada en un acuerdo "sólido amplio y participado" que atienda las necesidades de todos los sectores, que ofrezca un marco legal financiero estable y coherente y que incluya una "transición justa y equitativa" con herramientas como un Plan de Transición Justa para "no dejar a nadie atrás", sobre todo a los colectivos más vulnerables.

En concreto, ha indicado que la ley deberá introducir al menos cuatro grandes ejes que serán transversales para facilitar una "señal clara" a los reguladores y lograr una reducción de las emisiones de un 20 por ciento en 2030 respecto a 1990, lo que supondrá "partir a la mitad las emisiones actuales", porque sin ello, "apenas se podrá alcanzar los objetivos de París".

"Debemos adoptar sendas de descarbonización", ha insistido la ministra que cree que sin un marco regulatorio adecuado no es de extrañar que la economía española no haya logrado aún desacoplar en términos absolutos el crecimiento de la economía de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es un "lastre" para la competitividad.

En concreto, ha indicado que la ley deberá introducir al menos cuatro grandes ejes que serán transversales para facilitar una "señal clara" a los reguladores y lograr una reducción de las emisiones de un 20 por ciento en 2030 respecto a 1990

A este respecto ha recordado que según los datos del Inventario nacional de emisiones conocidos este lunes, entre 2014 y 2017 España ha sido el país de Europa en el que más han crecido las emisiones, en concreto, un 4,4 por ciento en el último año, sobre todo "arrastradas" por el carbón, que generó el 58 por ciento de las emisiones del sector eléctrico.

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"Los objetivos de París están hoy lejos de conseguirse y las políticas actuales distan mucho de ir en esa línea", ha reprochado al anterior Ejecutivo--. "España no puede terminar la legislatura sin una ley de cambio climático".

Durante la explicación de sus prioridades al frente del Ministerio, Ribera ha insistido en que la norma debe incluir objetivos claros de reducción de emisiones para el año 2030 y en el año 2050, con sendas de descarbonización a largo plazo revisables cada cinco años.

Ribera ha recordado que de cara al horizonte 2050 España remitir en 2019 un plan a la Unión Europea que identifique dificultades para capturar todos los avances actuales. En esa línea, ha señalado que el Banco de España elaborará informes periódicos sobre la economía española para conocer sus vulnerabilidades y advertir riesgos y fortalezas del país en la materia y que el Ejecutivo trabajará en presupuestos quinquenales de carbono con un informe contable anual que describa la situación cada año.

Otro de los anuncios formulados del futuro texto de la ley de cambio climático pasa porque entre las "obligaciones" de las empresas cotizadas deberán presentar un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono.

Además, todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en las memorias de planes y programas y propuestas normativas deberán integrar un análisis de compatibilidad climática y se incluirán los criterios "verdes" obligatorios en la contratación pública.

Asimismo, ha anunciado su voluntad de crear una comisión independiente de expertos que elaborarán un informe al año que evalúe la situación en materia de cambio climático y que "ayudará a adoptar las decisiones periódicas más adecuadas".

Fiscalidad ambiental

Por otro lado, la ministra ve prioritario también analizar la compatibilidad climática en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en las memorias de planes, programas y propuestas normativas así como obligatoriamente con criterios verdes.

En este marco, ha añadido que otras de las prioridades del Gobierno pasan por acometer una reforma fiscal para que España deje de estar "en el furgón de cola" de la fiscalidad ambiental precisamente porque apunta que "quizá la medida más relevante para dar coherencia" es adecuar el sistema fiscal a la realidad climática.

Por ello, ha insistido en que se deberá adecuar la fiscalidad, fijar un precio al carbono a través del sistema fiscal y establecer mecanismos que permitan una transición justa que garantice la prosperidad.

Ribera ha agregado que una pieza "crítica, complementaria" a la Ley de cambio climático será un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030 que servirá par sentar las bases de la transformación de la economía en las próximas décadas, con señales "claras" que den certidumbre a todos los actores y que se dirija al cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea. "Esto supone trabajar contrarreloj para cumplir los plazos", ha advertido la ministra, que espera presentar un borrador antes de final de año.

Para Ribera, esta transición a los sistemas energéticos industriales debe formar parte de esa visión de conjunto en la que el Gobierno tiene la obligación de "detectar a tiempo" los cambios necesarios para que "no pille a nadie desprevenido".

De ese modo, ha insistido en que el impulso deberá tener en cuenta sobre todo a trabajadores en sectores que sufran de forma especial esta transición y a las comarcas en pleno proceso de transformación, con la participación de las empresas, las administraciones o los agentes locales que a partir de ahora deberán formar parte de las decisiones que se adopten sobre su futuro.

En materia de energía, opina que se debe desplazar el modelo energético intensivo en energía hacia uno "más sofisticado, descentralizado, plural" en el que es "imprescindible" una apuesta decidida por las renovables con los ciudadanos en el centro del modelo.

Entre los objetivos que considera "irrenunciables" ha destacado la importancia de alcanzar soluciones eléctricas sobre los combustibles fósiles; integrar la sostenibilidad y la eficiencia en la industria y la eficiencia en el sector residencial.

De hecho, se ha referido ampliamente a las posibilidades las ciudades a todos los niveles, como la rehabilitación de viviendas para transformar los edificios hasta conseguir que sean casi nulos en emisiones o un transporte público y bajo en emisiones con implicaciones de primer orden a través de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias.

En esa línea ve fundamental "rescatar" al Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) que "se ha reducido a una especie de sellador de certificados de ventanas" y revisar toda la normativa energética. En este contexto valora el "nuevo papel" que tendrán las ciudades a la hora de transformar el modelo de convivencia.

Finalmente, el mismo modo, ha indicado también que su departamento se propone también aumentar los espacios protegidos, ordenar los usos marinos para que sean compatibles con la biodiversidad como por ejemplo prohibir las prospecciones de combustibles fósiles y la minería, al tiempo que se favorece la pesca artesanal o bien multiplicar por tres la superficie protegida.

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