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Estado y Baleares acuerdan la ‘ley autonómica’ de cambio climático

  • El BOE se hace eco de la resolución del 4 de diciembre, por la que se publica el acuerdo de la Comisión bilateral entre el Estado y Baleares sobre la Ley 10/2019, de cambio climático y transición energética de Baleares.

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En este acuerdo, ambas partes coinciden en considerar "concluidas las controversias".

Según se recoge en el BOE, que pone por escrito y de manera oficial el acuerdo, ambas partes "coinciden en considerar" que la disposición adicional tercera, en relación con el artículo 67 de esta ley autonómica -la que trata la limitación de la circulación de los vehículos diésel- se refiere a una cuestión, de acuerdo con la sentencia 87/2019, de 20 de junio, "reservada a las competencias exclusivas" del Estado.

Estado y Baleares acuerdan la ‘ley autonómica’ de cambio climático

Por esto, el acuerdo recoge que la comunidad autónoma "se compromete a suspender" el calendario previsto en dicha disposición, de conformidad con la autorización establecida en el apartado quinto de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2019, en tanto el Estado "establece la regulación correspondiente tomando en consideración las singulares circunstancias del hecho insular".

En concreto, la disposición adicional tercera determina que, a partir del 1 de enero de 2025, quede prohibida la circulación de motocicletas y turismos que funcionen con diesel.

También fija el 1 de enero de 2035 como fecha de prohibición para la circulación de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones. Salvo, en ambos casos, de aquellos vehículos a los que se apliquen excepciones por razones de servicio público o que, con anterioridad, ya estén en circulación y matriculados en Baleares.

Cabe recordar que el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico llegaron a este acuerdo a finales del mes pasado, evitando de esta manera que la normativa autonómica llegase al Tribunal Constitucional.

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En el artículo del BOE publicado este jueves también se recoge que tanto Baleares como el Estado consideran que los artículos 1.2, 14.2, 20.1 y 23 de la normativa autonómica "no suscitan controversia competencial alguna" dado que la Ley se remite en su conjunto al respeto y aplicabilidad de la legislación básica estatal".

También se considera que el artículo 68.3 de la Ley 10/2019 "se interpretará en los términos establecidos en la legislación básica estatal".

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