Se mantiene la contaminación atmosférica por ozono pese al menor calor

El Gobierno de España y las comunidades autónomas deben retomar el Plan Nacional de Ozono Troposférico, reduciendo la quema de combustibles fósiles para compensar el efecto del cambio climático. Casi 40 millones de personas han respirado aire contaminado por ozono durante el verano de 2018 en el Estado español. El Informe anual sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción que se presenta hoy concluye que el 85 % de la población y el 92 % del territorio han estado este año expuestos a unos niveles insalubres de este contaminante.

La quema de combustibles fósiles y el cambio climático son algunas de las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud y el medio ambiente. El informe sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 472 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, por comunidades autónomas y por zonas y estaciones de medición.

Se mantiene la contaminación atmosférica por ozono pese al menor calor

Entre sus principales conclusiones, destacan:

El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español. Durante 2018, a pesar de la mayor inestabilidad atmosférica y el menor calor, sobre todo en primavera, sus niveles se han mantenido en general estacionarios, con alzas y descensos según los territorios.

El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2018 a 39,7 millones de personas en el Estado español, el 85 % de su población, así como a 466.000 kilómetros cuadrados, el 92 % del territorio. Es decir, seis de cada siete españoles han respirado un aire con más ozono del recomendado por la OMS.

Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa española y europea, más laxo que el de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del estándar legal es de 11,5 millones de personas, un 25 % del total, en torno a un millón de afectados más que en 2017, 2016 y 2015, y 5 millones más que en 2013 y 2014. Es decir, uno de cada cuatro españoles ha respirado un aire que incumple el estándar legal vigente de ozono.

La quema de combustibles fósiles y el cambio climático son algunas de las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud y el medio ambiente.

Durante 2018, los territorios más afectados por el ozono troposférico han sido Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, que han presentado la peor situación del Estado. En cambio, los niveles de ozono han sido más moderados en las comunidades autónomas del Cantábrico, el Valle del Ebro, Castilla y León y las Islas Canarias, y también en Andalucía, País Valenciano, Cataluña y las Illes Balears.

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El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Se trata por lo tanto de un contaminante secundario que durante la primavera y el verano afecta sobre todo a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2018 es consecuencia en primera instancia del repunte en la quema combustibles fósiles que está acompañando al cambio de ciclo económico. La coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran inestabilidad atmosférica primaveral y un fuerte calor estival (la primavera ha sido la más lluviosa y el final del verano el más cálido desde 1965), ha concentrado el ozono en los meses de julio, agosto y septiembre, influenciado por el aumento de las temperaturas resultado del cambio climático.

La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. De acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2014 se registraron 1.600 muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2018. Las personas más afectadas son las niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

Según el Banco Mundial, el coste sanitario y laboral derivado de la contaminación por ozono representa alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33 % del PIB español, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.

La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono, y solo Valladolid contempla y aplica medidas de limitación del tráfico en episodios como el de la ola de calor de la primera semana de agosto, cuando mientras las grandes ciudades francesas restringían el tráfico las españolas se limitaban a informar rutinariamente a la población sensible, en el mejor de los casos.

Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación. Pero 12 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborarlos. El Parlamento Europeo va a pedir una explicación al Gobierno español por este negligencia, tras la negativa de la Comisión Europea a intervenir por “la complejidad” de la contaminación por ozono.

Ecologistas en Acción reclama al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que aborde el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido hace años, al que remiten las comunidades autónomas para justificar su inactividad. El vigente Plan Aire II es inoperante porque limita las actuaciones sobre el ozono a la realización de estudios y a la mejora de la medición. Por ello, la organización ambiental ha demandado al Gobierno central ante la Audiencia Nacional.

Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el cierre de las centrales térmicas de carbón. También es necesario declarar un Área de Control de Emisiones (ECA) para el Mediterráneo y penalizar los vehículos diésel.

Aunque es importante ampliar sustancialmente la información científica disponible sobre la dinámica del ozono, mejorando el conocimiento de sus procesos de formación y acumulación, a escala regional, estatal y continental, la insuficiente información disponible en la actualidad sobre este contaminante no puede servir de coartada política para no actuar sobre unas fuentes de precursores perfectamente conocidas, mediante los instrumentos legalmente previstos.

Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistas en Acción ha reiterado durante la primavera de 2018 una campaña de sensibilización sobre el ozono troposférico, concentrada en Andalucía, Cataluña, el País Valenciano, la Comarca de Puertollano y la aglomeración de Valladolid. Se han realizado ocho jornadas informativas, se ha difundido una exposición itinerante por medio centenar de localidades y se han desarrollado actividades en centros públicos.

Ver el PDF pulsando aquí

Para más información: Ecologistas en accion

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