Canadá rechaza las normas ambientales europeas

Hoy los partidos políticos PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDeCAT han dado una palmadita en la espalda al Acuerdo Económico y Comercial Integral entre la UE y Canadá, más conocido por sus siglas en inglés, el CETA.

Esta es una buena noticia para las grandes corporaciones canadienses y estadounidenses, para las que el acuerdo refuerza su influencia y es muy ventajoso. De hecho llevan años socavando nuestros estándares ambientales, presionando (y consiguiendo) erosionar la política energética referente a los combustibles fósiles (abriendo el mercado europeo a las contaminantes arenas bituminosas), rechazando nuestro “principio de precaución” y evitando avances y el desarrollo del Reglamento europeo de registro y control de los productos químicos (conocido por las siglas REACH). Los canadienses son amigos, pero sus multinacionales son como las nuestras, sólo piensan en sus intereses.

Pero también hoy se ha conocido que 9 eurodiputados socialdemócratas de diferentes países europeos han firmado una carta donde solicitan una nueva política comercial en la Unión Europea. En dicha carta los parlamentarios socialdemócratas piden "una verdadera revolución en el contenido de los acuerdos comerciales", que deben defender y apuntar a "difundir nuestro modelo social". También, los socialistas reclaman a la UE que debería ser "más intransigente cuando se trata de respetar nuestras normas" y debería defender "normas sociales, medioambientales o sanitarias".

El CETA lleva el mismo camino de su descarriado hermano gemelo el TTIP. No hay que olvidar que el pasado mes de enero la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo recomendó la no ratificación del CETA. Según esta comisión, el CETA cruza las líneas rojas en materia ambiental: el principio de precaución recogido en el Tratado de Lisboa no está reflejado específicamente en el acuerdo; aunque la cooperación reguladora es voluntaria, no se limita a las áreas donde Canadá y la UE tienen similares niveles de protección; sobre los transgénicos, el CETA pone en riesgo el actual régimen legal, su aplicación y su desarrollo futuro; el tratado incluye cooperación en tema químicos, cuando Canadá se ha mostrado como uno de los más firmes opositores al REACH; etc.

De nada ha valido las advertencias de los eurodiputados de esta Comisión. Tampoco las de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, que también rechazó el CETA. Se impone el comercio, la economía, la pasta.

Pero también hoy se ha conocido que 9 eurodiputados socialdemócratas de diferentes países europeos han firmado una carta donde solicitan una nueva política comercial en la Unión Europea.

Este modelo de acuerdo comercial está caduco, nace viejo. Su preámbulo no se refiere al Acuerdo de París o a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las referencias al clima son evasivas y la ecología está ausente del texto lo cual deja la crisis ecológica en segundo plano.

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Durante las negociaciones del acuerdo entre la UE y Canadá se realizó una Evaluación de impacto sobre la sostenibilidad (SIA) del CETA. Si bien el mandato de la negociación de este acuerdo exigía que los resultados de esta evaluación se incorporaran al proceso de negociación, no hay nada en el texto del acuerdo que muestre que esto se haya hecho. El SIA predice impactos ambientales negativos para la agricultura, la contratación pública, las inversiones, sectores energéticos (las contaminantes arenas bituminosas) y el sector de la minería. ¿Hay previstas políticas de cohesión social que minimicen el impacto negativo sobre algunos sectores económicos? ¿Están incluidos los compromisos del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático? Son preguntas retóricas. La respuesta es no.

El CETA no va a salir adelante. Aunque su aplicación provisional pueda entrar en vigor en breve, es difícil que este acuerdo comercial y de inversión pueda superar el creciente descontento de la sociedad civil, los sindicatos, los partidos políticos y algunos gobiernos. El CETA tiene que superar el escollo de ser ratificado por un buen número de parlamentos nacionales y regionales de los 27 países de la Unión Europea.

Aunque gran parte de nuestros representantes públicos en España den el visto bueno al CETA, acabarán quedando en evidencia cuando el CETA naufrague en próximos meses o años, ante la negativa de otros países y la presión de la sociedad europea de dar luz verde a este nuevo proceso constituyente que da rienda suelta a la globalización y sigue poniendo al mercado por delante de los intereses de la gente y el planeta.

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