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Los fotovoltaicos exigen que se construya una política energética de Estado consensuada

  • La instalación de renovables ha estado congelada en España desde el inicio de la Legislatura de Mariano Rajoy, en concreto desde enero de 2012, cuando se promulgó un Real Decreto que impedía nuevas instalaciones; cinco años perdidos para nuestro país, mientras en el resto del Mundo se realizaban progresos espectaculares.

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Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, denuncia que sospecha que el Ministerio de Industria y Energía está definiendo con las grandes empresas del sector el futuro diseño del sistema energético español y exige que, muy al contrario de lo que está ocurriendo, se construya una política energética de Estado consensuada con todas las fuerzas políticas, las Comunidades Autónomas, las asociaciones sectoriales y, por supuesto, con la Sociedad.

La instalación de renovables ha estado congelada en España desde el inicio de la Legislatura de Mariano Rajoy, en concreto desde enero de 2012, cuando se promulgó un Real Decreto que impedía nuevas instalaciones; cinco años perdidos para nuestro país, mientras en el resto del Mundo se realizaban progresos espectaculares. Ahora, cuando España se encuentra en riesgo de cumplir con los objetivos 2020 marcados por la Unión Europea, y que obligan a que en el año 2020 todos los Estados miembros cuenten con un mínimo de un 20% de consumo energético total de origen renovable, el Ministerio de Industria y Energía anuncia que se va a facilitar la instalación de miles de MW renovables con carácter urgente. Una noticia que sale a la luz a los pocos días de filtrase que Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, se había reunido con Endesa, Iberdrola, Gas Natural y otros grupos “para sondear el mercado y allanar el camino a nuevas medidas si el PP forma Gobierno”[i]

Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier, considera que, “parece que el Ministerio, en funciones y sin ministro, quisiera privatizar el sol, una fuente inagotable de energía limpia y gratuita, gracias a los avances tecnológicos logrados con el esfuerzo inversor realizado por 62.000 familias españolas, a las que ahora se ha estigmatizado socialmente, para tratar de legitimar unos recortes retroactivos con los que se pretende expulsarlas del sector productor y disuadir a las pequeñas y medianas iniciativas que “osen” intentar acceder al mercado de la producción de energía” y lamenta que “una vez que los pequeños productores han madurado la tecnología fotovoltaica y demostrado solvencia en la gestión de grandes activos energéticos socializados, les levantan barreras normativas, técnicas y psicológicas solo salvables para las pocas empresas que manejan verticalmente todos los estratos del sector de la energía”.

Anpier considera obvio que ya está planteado el dibujo del futuro sector energético español que, por lo que se ha constatado y lo que se atisba, está pensado para ir evolucionando hacía la generación renovable a un ritmo que no altere las lucrativas inversiones en tecnología nuclear y fósil, y sin socializar el acceso al sector de la producción de energía; puesto que será difícil que se puedan gestar iniciativas formadas por pequeñas y medianas empresas, tanto por la falta de seguridad jurídica sufrida por los anteriores pequeños productores, como por la escasez de tiempo y el oscurantismo de las gestiones previas, que hacen sospechar un camino a medida de unos pocos.

Anpier advierte que nada hay más rentable para una sociedad que lo que llega a todos sus ciudadanos y que una instalación propiedad de cientos de productores, como las que forman parte de esta asociación, genera un círculo virtuoso por el cual los ingresos del Sistema Eléctrico pasan de inmediato a las economías locales, mientras que los ingresos de parques gigantescos en manos de una sola empresa no distribuyen la riqueza en el territorio en el que se ubica y ni siquiera hay garantía de que lo haga en el propio País.

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