Baleares recibirá del Gobierno cerca de 1,3 millones de euros para rehabilitación y renovables en municipios

  • El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos programas de ayudas por un total de 125 millones de euros para la rehabilitación energética de edificios y proyectos singulares de energía limpia, de los que Baleares recibirá algo más de 1,3 millones de euros.

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En rueda de prensa, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que estos dos programas surgen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Medidas que "harán posible la transformación, el ahorro y la modernización" en toda España.

En concreto, el real decreto regula la concesión directa de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico, Programa DUS 5.000. Estas subvenciones estarán gestionadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y se enmarcará en los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno Central.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 75 millones de euros procedentes de los fondos europeos. La cuantía podrá ampliarse siempre que exista disponibilidad presupuestaria y hasta que expire su vigencia en noviembre de 2022. El objetivo de dicho programa es impulsar la participación de los pequeños municipios en la transición energética. También garantizar la eficiencia y el ahorro de los edificios públicos y asegurar el despliegue de la movilidad eléctrica.

Podrán beneficiarse de este plan ayuntamientos, consells insulares y otras entidades públicas de municipios con menos de 5.000 habitantes. También municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes, cuyos núcleos de población no lleguen a 5.000 habitantes y tengan la consideración de municipios de reto demográfico.

Estas ayudas subvencionarán el 85% de la inversión y el 100% en el caso de que tengan la consideración de "proyectos integrales" por su significativo impacto en la transición energética en el municipio. Las subvenciones se podrán solicitar a partir de los tres meses de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto y durante un periodo de un año.

Actuaciones de rehabilitación energética.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a otro real decreto. En este caso regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios de municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes. Dicho decreto también se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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Al igual que el anterior programa, el IDAE será el encargado de coordinarlo con las comunidades autónomas y contará con una dotación presupuestaria de 50 millones de euros. Serán ampliables si hay disponibilidad presupuestaria y siempre que no hubiera expirado la vigencia, que será el 31 de diciembre de 2023.

Este programa tiene por objetivo dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes en España. Pretende hacer a través de actuaciones que van desde cambios en la envolvente térmica, hasta la sustitución de instalaciones térmicas de combustibles fósil por otras basadas en fuentes renovables como la biomasa. El Gobierno ha puesto como ejemplos la geotermia, la solar térmica, la bomba de calor o la incorporación de tecnologías de regulación y control, entre otras medidas.

El parque de edificios español consume en la actualidad el 30% de la energía final y existe un parque de viviendas que no está dotado de instalación de calefacción. Existe, por tanto, un importante potencial de ahorro y de incorporación de energías renovables. Esta situación afecta de forma particular a los municipios calificados de reto demográfico. 6.827 poblaciones con menos de 5.000 habitantes, que concentran a 5,7 millones de personas, el 12% de la población total.

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El Gobierno ha señalado que para la distribución de los fondos de sendos programas se han tenido en cuenta dos criterios. El primero, el número de municipios calificados de reto demográfico; el segundo, la población de cada autonomía.

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