La valorización energética de los residuos no reciclables es la energía renovable que presta un servicio público

  • Para explicar cómo está repercutiendo la reforma en el funcionamiento de estas instalaciones, el presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos (AEVERSU)

La reforma energética abordada por el Gobierno de España para corregir el llamado “déficit de tarifa”, y que ha derivado en toda una serie de cambios legislativos, está afectando en gran medida al sector de las energías renovables, en el que se encuentran las plantas de generación eléctrica a partir de residuos.

Para explicar cómo está repercutiendo la reforma en el funcionamiento de estas instalaciones, el presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos (AEVERSU), Ángel Fernández Omar, expuso en el programa “Galicia al Natural” de Radio Líder, que las compañías integradas en esta organización vienen sufriendo continuados recortes desde enero del año 2012, que están afectando seriamente a su operación y viabilidad.

LA PRIMA A LA PRODUCCIÓN DE LAS RENOVABLES, EL CABALLO DE BATALLA

Y es que, según el máximo responsable de Aeversu, si bien en su momento el Estado apostó por estipular una prima a la producción de las energías renovables con la firme creencia de que debían ser potenciadas (solar, eólica, biomasa, residuos, …), lo que hacía posible, en el caso de las plantas de valorización energética, que el coste a asumir por los ciudadanos en concepto de gestión y tratamiento de residuos urbanos fuese menor, lo cierto es que, a día de hoy, el escenario ha cambiado de forma sustancial: las plantas de estas características que todavía no se han instalado, ya no van a recibir esa prima, eliminándose también en el caso de las existentes que la tienen asignada durante los primeros 15 años, así como en aquellas con posibilidades de seguir optando a la misma si hacían inversiones importantes en el ámbito medioambiental.

Como no podía ser de otra forma, según Fernández Omar, “esto ha derivado en la paralización de proyectos en comunidades que se estaban planteando contar con estas infraestructuras para eliminar vertederos, así como en el caso de plantas que estaban pensando en su posible ampliación”.

Si bien manifestó que la facturación en estas instalaciones no es tan grande como en otros ámbitos energéticos, “la repercusión del canon que cobran a sus clientes, mayoritariamente ayuntamientos, puede ser muy importante”. Algo injusto a su entender, sobre todo cuando “la producción de energía a partir de residuos es la única que está prestando un servicio público que hay que mantener”. Porque, a su juicio, la opción de cerrarlas no debe ni barajarse, ya que ello conllevaría volver al sistema de vertedero y, por tanto, al incumplimiento de las Directivas europeas.

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En este contexto, precisó que se está hablando de que el déficit de tarifa de este año es de alrededor de 7.000 millones de euros, de los cuales las 10 plantas de valorización energética integradas en Aeversu representan tan solo 40 millones. “Puede darse la paradoja de que, por ahorrar este importe, se tengan que pagar cientos de millones”, argumentó.

Respecto a la posible subida del canon que muchas instalaciones se verán obligadas a aplicar, “llama la atención la gran contestación social que esto supone, toda vez que no sucede lo mismo con otros servicios sociales”. Y para explicar este extremo, puso un ejemplo: mientras que una familia española media no paga más de 200 euros anuales por la recogida y tratamiento de sus basuras, en electricidad llega a desembolsar más de 700 euros. Considera que el recibo debería separar el apartado de recogida, “que es lo que el ciudadano ve y valora”, y el apartado de tratamiento, “que es lo que no ve y tampoco valora” en la mayor parte de las ocasiones. A ello habría que sumar que “si las familias no pagan el agua o la luz, se la cortan, pero si no pagan la basura, no sucede nada”. Y el principio europeo de quien contamina paga, es muy claro: se tiene que trasladar el coste del servicio al ciudadano.

Ante esta situación, expresó que las empresas que gestionan plantas de valorización energética ya están adoptando medidas tales como reducción de personal, menos gasto en campañas de concienciación y, por supuesto, el incremento del canon.

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Entre las recomendaciones apuntadas por Fernández Omar para reducir el recibo de la basura se encuentra algo tan básico como no ensuciar, cumplir con las normas municipales de recogida y horarios (la gestión de la basura es una competencia municipal), apostar por compras responsables y mejorar la separación de los residuos en origen para posibilitar su reciclado. “Porque no tiene sentido ensuciar las calles y luego pagar para limpiarlas”, razonó.

De esta forma, a las ya conocidas tres erres (Reducción, Reutilización y Reciclaje), el portavoz de Aeversu añade otras tres: la Recuperación Energética, la Reinserción social y la Reeducación.

http://www.sogama.es/

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