Los fotovoltaicos sugieren que por ética los ex presidentes deberían abandonar los cargos en las grandes eléctricas

a actual Ley de Incompatibilidades expresa en su artículo 8 que “Durante los dos años posteriores a la fecha de cese, aquellos que reingresen a la función pública y presten servicios retribuidos mediante honorarios

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha anunciado este jueves su intención de dejar el cargo que ocupa en el Consejo de Administración de Gas Natural. Anpier, la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, insta al ex presidente del Gobierno, José María Aznar, a Ángel Acebes, Pedro Solbes y Elena Salgado a que emulen al Presidente González y cesen en sus actuales cargos como asesores de empresas del sector eléctrico, por cuestiones de ética y estética democrática y, por extensión, considera que todos los ex altos cargos del Estado español deberían abandonar sus actividades en empresas reguladas o, al menos, renunciar a las retribuciones que pudieran percibir por sus anteriores responsabilidades de gobierno.

La actual Ley de Incompatibilidades expresa en su artículo 8 que “Durante los dos años posteriores a la fecha de cese, aquellos que reingresen a la función pública y presten servicios retribuidos mediante honorarios, arancel o cualquier otra forma de contraprestación económica a personas físicas o jurídicas de carácter privado se inhibirán en todas aquellas actuaciones privadas que guarden relación con las competencias del alto cargo ejercido”; sin embargo, a la evidencia demuestra que se trata de un plazo casi simbólico y que, además, algunos ex altos cargos evitan contratando con filiales de aquellas empresas.

En la actual coyuntura social, económica y política, donde la transparencia resulta esencial para recuperar la confianza, tanto de los ciudadanos como de inversores, en los dirigentes del Estado, no se sostiene contemplar este continuo flujo desde los Consejos de Ministros a los consejos de administración de grandes empresas estratégicas sometidas a constante regulación y, en especial, a las eléctricas, que conforman un oligopolio cuyo marco legal le otorga ventajas e ingentes sobreretribuciones a costa de esfuerzo de los ciudadanos, tal y como ha señalado la propia Comisión Europea en su evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012[i].

ANPIER exige que el Gobierno tome alguna medida al respecto de tal manera que ningún ex alto cargo pudiera llegar a desarrollar un papel decisivo en la toma de decisiones del Interés General desde dentro de una empresa privada, o filial extraterritorial, y en un plazo muy superior, porque estas personalidades conservan, como es lógico, fuertes vínculos estructurales y de amistad en los entornos políticos en los que continúan operando; lo que supone una potencial capacidad de influencia que podría materializarse de manera inadecuada, dando lugar a una forma de tráfico de influencias diferido, cuya mera posibilidad ya nos resulta inadmisible en aras de la necesaria regeneración política que está reclamando la sociedad.

[i] http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_spain_es.pdf (pág. 26)

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