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Andalucía solicita un régimen transitorio que mantenga la viabilidad de las instalaciones renovables ya operativas

  • Sánchez Maldonado, que ha realizado una análisis de la política energética que desarrolla el Ejecutivo central y los efectos de la subida de la electricidad, ha indicado que esta transitoriedad implicaría la no retroactividad de los parámetros retributivos finalmente marcados por el Gobierno central

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El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha informado este miércoles en el Pleno del Parlamento de las alegaciones presentadas por la Junta ante el Gobierno central por la normativa que regula las retribuciones de las renovables, entre ellas, la necesidad de mantener hasta 2020 un régimen retributivo transitorio que garantice la viabilidad, el mantenimiento de inversiones y empleo en las instalaciones de producción energética de fuentes renovables ya operativas en la comunidad.

   Sánchez Maldonado, que ha realizado una análisis de la política energética que desarrolla el Ejecutivo central y los efectos de la subida de la electricidad, ha indicado que esta transitoriedad implicaría la no retroactividad de los parámetros retributivos finalmente marcados por el Gobierno central y una especial sensibilidad hacia las tecnologías e instalaciones cuyas nuevas retribuciones se alejen de las recibidas en la normativa anterior.

   La Consejería de Economía ha realizado esta solicitud en el documento de alegaciones a la propuesta de la 'Orden por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos', remitida el pasado 3 de febrero desde la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y que desarrolla el Real Decreto pendiente de publicación que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.

   El consejero ha señalado que la aprobación de esta norma pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos europeos suscritos por el Gobierno de España y generará una inseguridad jurídica que afectaría a los inversores ya presentes en territorio andaluz, al reducirse el régimen retributivo drásticamente. Frente a ello, ha apuntado como necesario "extremar la prudencia" para evitar efectos como cierre de plantas y un desprestigio para la imagen exterior de España y Andalucía como destino inversor.

   Para la Junta de Andalucía, el hipotético cierre de plantas derivado de una caída en su rentabilidad también implicaría una reducción en la cantidad de energía producida mediante fuentes renovables, con un efecto doble: el encarecimiento de la energía, con incidencia en las economías domésticas e industriales; y la disminución de la independencia energética, en la que se han dado pasos muy importantes durante la última década.

   Junto a ello, el titular de Economía ha expresado su preocupación por la incidencia en la economía de las empresas, que ya están abonando tasas energéticas muy elevadas, pues en ellas se encuentran la mayoría de las instalaciones de cogeneración del territorio andaluz, y que experimentarían una disminución en sus retribuciones. Lo mismo sucede con las plantas de biomasa, para las que ha reclamado una consideración adicional por el valor estratégico de eliminación de residuos tan importantes como los procedentes del olivar y sus efectos en la fijación de población rural.

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   Respecto a los precios de la electricidad y las últimas decisiones tomadas al respecto por el Gobierno de España, Sánchez Maldonado ha reclamado al Ejecutivo central un precio de la energía competitivo y razonable para los ciudadanos y las empresas.

   El consejero ha recordado que, a pesar de ser la energía un bien básico y uno de los principales factores de competitividad, la evolución de los precios energéticos ha conducido a que España tenga una de las electricidades más caras de Europa (según Eurostat en los últimos cinco años el precio del kilovatio/hora se ha incrementado un 63 por ciento, mientras en la Zona Euro subió un 29 por ciento), lo que nos sitúa como sexto país de la UE con las tarifas domésticas más caras (un 11,2 por ciento superior a la media).

   Sánchez Maldonado ha destacado que el Gobierno andaluz coincide en que la fijación de precios no puede realizarse por el régimen de subastas, pero ha señalado que la propuesta de nuevo sistema no puede asegurar la bajada de tarifa, que dependerá de cómo cotice el pool energético; discrimina a los consumidores según tengan contadores inteligentes o no; y desaprovecha la oportunidad de regular en una única norma todos los aspectos relacionados con precios, peajes y tarifas de pequeños consumidores, así como de las condiciones generales de su contratación.

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RECLAMA UN GRAN PACTO DE ESTADO

   Respecto a las repercusiones para la industria, ha recordado que los aumentos en los precios de la electricidad han sido constantes desde 2007 y que las reformas han empeorado esta situación en sectores consumidores intensivos de energía, como el agroindustrial, el siderúrgico y la industria pesada, que ya han advertido de la imposibilidad de competir con la nueva estructura del sistema. Las dificultades que encuentran se dan tanto por los precios como por la mayor exigencia en las condiciones de la "interrumpibilidad" (mecanismo por el que algunas grandes industrias se desconectan del sistema eléctrico en momentos de picos consumo, para evitar peligros de sostenimiento del sistema).

   Ante este panorama, el consejero de Economía ha reclamado un gran Pacto de Estado, un marco de diálogo constructivo con el sector y las comunidades autónomas para vertebrar una política energética orientada a la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, con capacidad para aportar independencia energética, tejido industrial y empresarial, innovación tecnológica y empleo de calidad.

   Del mismo modo, ha pedido al Ejecutivo central que reconozca la inseguridad jurídica generada por la reforma, reconsidere las medidas que deben abordar las causas del déficit, más allá de una visión cortoplacista, y establezca un modelo energético nacional menos dependiente del exterior, con precios competitivos y razonables para empresas y ciudadanos y sostenible económica y ambientalmente.

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PSOE-A LAMENTA EL "INCREMENTO ALARMANTE" DE LAS FACTURAS

   Por su parte, el diputado del PSOE-A Miguel Castellano, que ha afirmado que cuando uno analiza y escucha los datos que el consejero ha aportado en el Pleno del Parlamento "más que iluminarse se queda a oscuras", ha explicado que su grupo quería hablar esta tarde del impacto de las tarifas eléctricas en los domicilios particulares y en el sector de la agricultura, especialmente en las comunidades regantes.

   Tras destacar que los regantes de toda España se han concentrado este miércoles frente a las delegaciones del Gobierno para mostrar su rechazo a esta situación, Castellano ha asegurado que la subida de tarifas aplicada desde agosto por decisión del Gobierno central está provocando un "incremento alarmante" en las facturas, el "empobrecimiento" de las familias, la pérdida de competitividad y la huida de inversores a otros países.

   El diputado socialista, que ha indicado que en algunos casos en el sector agrario el coste de las facturas se ha incrementado en un 800 por ciento respecto a años anteriores, ha confesado que a su formación le hubiera gustado que el PP-A también hubiera pedido esta comparecencia para dar sus argumentos sobre una reforma eléctrica "que un día después de entrar en vigor dejó de ser eficaz".

 

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