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Más ‘leña al fuego’, 300 recursos contra la Reforma Energética

  • En un comunicado, la organización señala que ambas normativas, que se suman al Real Decreto 9/2013, de 12 de julio de 2013, que adoptaba medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, suponen un freno importante al desarrollo de la energía eólica en nuestro país, tal y como lo han explicado los expertos.

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El pasado martes EolicCat, la Asociación Eólica de Cataluña, reunió a un grupo de expertos en Barcelona para hacer balance del impacto de la reforma energética en el sector, después de que en junio pasado se aprobara el Real Decreto 413/2014 y entrara en vigor de la Orden Ministerial IET/1045/2014 que regula los parámetros retributivos de las instalaciones tipo.

En un comunicado, la organización señala que ambas normativas, que se suman al Real Decreto 9/2013, de 12 de julio de 2013, que adoptaba medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, suponen un freno importante al desarrollo de la energía eólica en nuestro país, tal y como lo han explicado los expertos. En el conjunto de España, en el primer semestre del año se ha instalado un solo aerogenerador de 0,08 MW.

En este sentido, el presidente de EolicCat, Miquel Cabré, ha señalado la necesidad de voluntad política para impulsar el futuro energético del país y reducir la dependencia energética, en línea con lo que se está haciendo en otros países europeos como Alemania.

Cabré también ha destacado que la aplicación del nuevo marco retributivo reducirá en casi 100 millones de euros los ingresos del sector eólico catalán en 2014, lo que supondrá un 36% menos respecto del 2013. Con la nueva normativa, los parques eólicos anteriores a 2004 dejan de recibir incentivos, es decir, de los 45 parques eólicos en funcionamiento actualmente en Cataluña, 8 ya no recibirán retribución adicional para la generación de energía, lo que representa un 17% del total.

Por su parte, el director general de la AEE, Luis Polo, ha recordado que con la reforma energética “ahora se retribuye a los productores por potencia instalada, no por producción”. Este hecho ya está afectando el precio final que paga el consumidor, que en el último trimestre ha subido un 11%. Ante la falta de liquidez del sector, desde la AEE se ha pedido a la Secretaría de Estado de Energía la apertura de créditos ICO.

Por otra parte, el responsable de Project Finance de Banco Sabadell, Josep Montañés, ha expuesto que ahora la entidad se centra en la reestructuración de los proyectos eólicos que financia en Cataluña ?un 34% del total? y en evitar situaciones concursales y preconcursales. Las refinanciaciones, que se están llevando a cabo dentro de la vida útil de los proyectos, probablemente se alarguen hasta el 2016. “Antes se intentaba maximizar la producción, ahora el objetivo es alargar la vida útil de los aerogeneradores”, ha indicado.

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Montañés también ha explicado que desde el Banco Sabadell se ha pedido al Ministerio de Industria alargar el plazo de 6 años de la rentabilidad razonable prevista en la OM ?del 7,4%? hasta 10 años como mínimo así como reformar la fiscalidad de los proyectos eólicos. Además, ha confirmado el poco interés que en esta situación el sector eólico despierta entre los inversores financieros. De hecho, España ha caído hasta el puesto 22 del ranking de Ernst & Young de países más atractivos para invertir en renovables, lejos de los primeros lugares que ocupaba junto con Alemania, Estados Unidos y China, hace tan sólo 5 años.

En el apartado de aspectos legales, el plazo para recurrir tanto la RD como la OM se ha saldado con 350 recursos por parte de empresas, patronales y asociaciones sectoriales, ayuntamientos y autonomías, tal y como han recordado los abogados de Tornos Abogados, Joan Perdigó y Sandra Nicolás.

Como alternativa a la denuncia en el ámbito estatal, se han expuesto otras opciones a nivel internacional como denunciar España ante la UE, útil como instrumento de presión pero poco verosímil de detener la aplicación de la normativa, o pedir un arbitraje internacional al amparo de la Carta de la Energía, sólo planteable por parte de inversores extranjeros.

Fuente original:

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