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“La transición energética en España ha experimentado una caída en los últimos años, a partir de la supresión de los incentivos económicos, para la construcción de nuevos elementos de generación de energía renovable en febrero de 2013, aunque el sector eólico ha repuntado en 2016.”
Ya en 2008, cuando España aún lideraba la producción de fuentes renovables se hizo evidente un importante déficit de tarifa, que surgió debido al hecho de que los precios de la electricidad regulados no cubrieron por completo los costes de generación de electricidad; este hecho subrayó la necesidad de una importante reforma del sistema de apoyo de las energías renovables.
La primera Directiva de Energías Renovables Europea de 2001 fue un trampolín para España y su transición hacia las energías limpias, que se debió principalmente al hecho de que el país ya tenía un objetivo en su legislación nacional, de un 12% de cuota global de energías renovables en su mix energético para el año 2010.
En términos generales, hasta 2007, el sector de las energías renovables en España estaba haciendo muy bien las cosas, aumentando en 8,9% entre 2005 y 2006. Sin embargo, cuando el problema del déficit tarifario comenzó a surgir, se adoptaron políticas que hicieron imposible a España seguir liderando este sector.
Eso no quiere decir que a España le sea imposible cumplir con su compromiso ante la UE, de cubrir un 20 % de toda su producción de electricidad de fuentes de energía renovables para 2020, dado que en 2016 ya había alcanzado el 17%.
Si esta tendencia continúa en los próximos años, debería ser relativamente fácil para el país cumplir sus objetivos de 2020. Sin embargo, una serie de factores tales como la evolución de la crisis económica, la puesta en marcha del impuesto al sol, la falta de una estrategia energética sólida y el déficit de tarifa, han actuado como lastres e impiden un avance más fluido hacia las energías renovables.
España debe decidir qué política energética quiere implementar a largo plazo. En vez de hacer esto, el gobierno está tomando medidas a corto plazo, como las subastas energéticas, para mitigar las consecuencias de la crisis económica y reducir el déficit tarifario, sin proyectar ninguna meta más allá de eso.
Es fundamental eliminar las barreras para el autoconsumo y establecer un régimen de medición neta, para garantizar que los consumidores que cuentan con sistemas fotovoltaicos reciben crédito por la electricidad que inyectan sus sistemas a la red. Si bien este esquema ya existe en muchos países de Europa, el Impuesto al sol sigue en curso en España.
Las transiciones energéticas esencialmente significan un cambio de un alto consumo de energía y altas emisiones de CO2, hacia un modelo basado en un bajo consumo de energía y bajas emisiones de CO2, que al mismo tiempo cree puestos de trabajo bien remunerados y sostenibles y ese debería ser el objetivo del país.
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