Proyecto 'Life Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental'

• miércoles 05 diciembre 2018
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La ONG SEO BirdLife ha lanzado el proyecto 'Life Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental' con el objetivo de aumentar en los próximos cuatro años un 5 por ciento los procedimientos judiciales incoados por delitos medioambientales, incrementar un 15 por ciento la detección de las actuaciones delictivas contra la fauna y reducir un 20 por ciento la mortalidad de especies de fauna por delitos.

El proyecto, que cuenta con la colaboración del Ministerio del Interior como socio y con la cofinanciación del Ministerio para la Transición Ecológica, se ha presentado este martes 4 de diciembre en el Ministerio para la Transición Ecológica en un acto moderado por el periodista Juan Ramón Lucas.

Según ha apuntado la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, en España, en los últimos 20 años, se encontraron envenenados 18.503 animales, una cifra que se estima que es el 10 por ciento del total. Además, ha apuntado que en la Unión Europea, cada año 500.000 hectáreas se ven afectadas por incendios provocados por el hombre; que cada año se exportan casi 3 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos; y que en el Mediterráneo mueren 26 millones de aves al año por efecto de la caza ilegal.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que las cifras son "preocupantes" y les empujan a actuar decididamente. En concreto, ha puesto de manifiesto la impunidad de estos delitos y las pocas sentencias condenatorias por delitos contra la naturaleza. "Los delitos medioambientales se han convertido en una de las actividades más rentables para las organizaciones delictivas con un significativo impacto en la sociedad y en la economía. A nivel europeo gozan de un alto nivel de impunidad y son no muy importantes las sentencias condenatorias", ha señalado.

"Demasiado cotidiano"

En España, según las últimas memorias de la Fiscalía General del Estado sobre Medio Ambiente, se registraron entre 2016 y 2017, un total de 8.277 procedimientos judiciales incoados por delitos medioambientales y de estos casos, se dictaron 2.162 sentencias condenatorias. Para la directora de SEO/BirfLife estas cifras demuestran que el crimen ambiental es todavía "demasiado cotidiano".

Según ha apuntado la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, en España, en los últimos 20 años, se encontraron envenenados 18.503 animales, una cifra que se estima que es el 10 por ciento del total.

Además, con motivo de los 40 años de la Constitución Española, han recordado el artículo 45 que establece el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo. "El deber de conservar el medio ambiente no es solo una obligación jurídica sino también ética y el modo en que lo preservamos demostrará nuestro compromiso con las generaciones futuras", ha zanjado Marlaska.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el gran desafío del siglo XXI es "saber que los recursos son limitados y garantizar que sigan disponibles hoy y mañana". Ribera ha reconocido que en la actualidad, "velar por la naturaleza es algo más difícil" que en el pasado pues "ya no basta pasear con un compañero por los campos" sino que también hay que "ponerse delante del ordenador" para identificar a los delincuentes medioambientales.

Precisamente, entre los pilares del proyecto, destaca el de fortalecer la acción policial. En este sentido, el general jefe del Seprona, Antonio Campos, ha avanzado que mejorarán la detección de delitos a través de la creación de unidades especializadas, como una Unidad de Análisis de Inteligencia, la formación de los agentes o el uso de drones, cumpliendo la normativa de navegabilidad.

"Pionera" contra el crimen medioambiental

España, según ha afirmado en un vídeo el director de medio ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, es "pionera" en la persecución del crimen medioambiental. Por ello, ha asegurado el apoyo de la Comisión Europea a este proyecto que es "un ejemplo importante del papel que juegan las ONG y la sociedad civil en la defensa del medio ambiente".

Por el momento, el proyecto va dirigido a combatir el crimen medioambiental en España y Portugal aunque el objetivo es que las prácticas puestas en marcha se extrapolen más adelante a otros países europeos. La iniciativa también cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Sociedad Portuguesa para o Estudo das Aves, como socios; y con la cofinanciación del Gobierno de Canarias y la Generalitat Valenciana.

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