Claves ambientales que los partidos tendrían que tener en cuenta para las elecciones autonómicas en Extremadura

El próximo mes de mayo de 2019 se celebrarán elecciones autonómicas de las que saldrán los/as representantes políticos para la Asamblea de Extremadura que elegirán a las personas que ocuparán el Gobierno Regional en los próximos cuatro años. La Comunidad de Extremadura, al igual que el resto de entidades autonómicas, tiene amplias competencias en materia ambiental, así como en otros ámbitos sectoriales, que condicionan el estado del medio ambiente de la región.

Esto lo hemos podido comprobar perfectamente en los últimos años, a través de la transformación del panorama ambiental producido por las políticas urbanísticas realizadas por los diferentes gobiernos que ha habido en nuestra Comunidad. En el mismo sentido, las políticas ambientales realizadas en los últimos años han convertido el medio ambiente en un elemento supeditado a los intereses económicos de poderosos grupos empresariales, quienes han visto las puertas abiertas para hacer negocio a través del suelo o de los valores naturales de Extremadura.

Claves ambientales que los partidos tendrían que tener en cuenta para las elecciones autonómicas en Extremadura

Estas elecciones representan una oportunidad para dar un giro radical a las insostenibles políticas desarrolladas. Por ello, Ecologistas en Acción de Extremadura presenta una serie de propuestas, concretas y viables, que, a nuestro juicio, deberían desarrollarse en la Comunidad de Extremadura en aras de una mejor conservación del medio ambiente (natural y urbano) y, en última instancia, de la mejora de la calidad de vida y de los derechos ambientales de la ciudadanía extremeña.

Las propuestas que aquí ofrecemos no pretenden otra cosa que estimular un debate interno en el seno de los partidos que concurrirán a las próximas Elecciones Autonómicas. Nos importa, claro, que se recojan en ese catálogo de compromisos que es el Programa Electoral, pero nos interesa mucho más que estas reflexiones y propuestas se consideren como la base de otro modelo de desarrollo.

Si el futuro Gobierno Regional fuera capaz de tener en cuenta las oportunidades que ofrecen los recursos y el patrimonio natural de nuestra región, comprendería la necesidad de una postura activa por la conservación del entorno que tenemos a nuestro alcance.

Las propuestas que aquí ofrecemos no pretenden otra cosa que estimular un debate interno en el seno de los partidos que concurrirán a las próximas Elecciones Autonómicas.

Un cambio en la consideración por el medio ambiente muy diferente de las políticas marginales que se han venido practicando en los últimos años. Consideramos, además, que las políticas de protección y recuperación del medio ambiente deberían impregnar toda la estrategia autonómica.

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En cualquier caso, es nuestra obligación moral trasladar estas propuestas y prioridades, todas ellas viables en la nueva legislatura y acordes con los objetivos de la Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030 propuesta por la propia Junta de Extremadura. Asimismo, todas nuestras propuestas están enmarcadas en el escenario del Cambio Climático: el conjunto de medidas a considerar debe seguir una línea de mitigación y adaptación al Cambio Climático, transversal a todas las políticas, áreas y sectores. Sería sumamente irresponsable ignorar la grave situación que, en este escenario, puede sufrir la región de Extremadura, otras regiones del Estado español y el resto del mundo en un futuro inmediato.

Política autonómica de cambio climático

  • 1. Inicio inmediato de un proceso participativo para la elaboración de una Ley Extremeña de Medidas contra el Cambio Climático, transversal a todas las Leyes extremeñas y centrada en la mitigación y adaptación a este fenómeno.
  • 2. Reactivación del Observatorio de Cambio Climático, con la participación de más organizaciones de la sociedad civil que las actuales y mayor frecuencia y operatividad de sus reuniones.
  • Política de minas
  • 1. Denegación de los permisos de investigación y explotación de los proyectos mineros más impactantes de la región, que son los dedicados a la extracción de minerales como el niquel, oro, uranio, litio o coltán, por el impacto medioambiental que suponen para las localidades en las que se ubiquen.
  • 2. Aplicación estricta de normativas y criterios ambientales a la hora de evaluar la concesión de cualquier permiso minero de investigación o explotación.
  • 3. Evaluación por parte de la Junta de Extremadura de su actual política de minería y del impacto ambiental global que supone para la región el conjunto de proyectos mineros en trámite actualmente (más de 250 en todo el territorio autonómico), radicalmente opuesta a su propugnada Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030.
  • 4. Derogación de la Ley para una Administración más Ágil en Extremadura pues con ella se pretende fomentar la implantación de proyectos mineros, eliminando o dificultando los actuales procedimientos que regulan los mecanismos de evaluación y oposición, creando con ello indefensión de la ciudadanía en todos los sentidos.
  • 5. Promover, desde la Junta de Extremadura, la modificación de la actual Ley de Minas estatal, totalmente obsoleta en la actualidad y con una imbricación en la normativa ambiental vigente problemática.

Política autonómica de calidad del aire

  • 1. Desarrollo completo y aplicación del Plan de Calidad del Aire de Extremadura.
  • 2. Correcto funcionamiento y mantenimiento de las estaciones de medición de la calidad del aire, así como la ampliación de la red de estaciones en aquellas zonas infrarrepresentadas.
  • 3. Implementar y hacer uso de los medios de aviso a la población en los habituales episodios de alerta por superación de los niveles seguros de ozono troposférico.
  • 4. Toma de medidas inmediatas en caso de superaciones de los niveles establecidos de contaminantes atmosféricos.
  • 5. Promover la elaboración de Planes de Actuación en los municipios que presentan mayor problemática de contaminantes atmosféricos y colaborar en su desarrollo e implementación.

Política de energía

  • 1. Inicio del proceso para el cierre de la central nuclear de Almaraz y su posterior desmantelamiento, dada su probada inseguridad.
  • 2. Prohibición de las técnicas de fracturación hidráulica (fracking) para extracción de hidrocarburos de forma no convencional, en todo el territorio de Extremadura, por sus perjudiciales consecuencias para el medioambiente y la salud.
  • 3. Planificación del ahorro y la eficiencia energética en edificios y espacios públicos. Las administraciones públicas deben hacer una gestión ejemplar de la energía. La aprobación de planes de ahorro y eficiencia permite que los esfuerzos se hagan de forma sistemática y sostenida en el tiempo, y no de forma puntual y voluntarista.
  • 4. Fomento de las energías renovables, un verdadero nicho de empleo sostenible y de calidad, mediante subvenciones y exenciones fiscales a cooperativas y empresas instaladoras y comercializadoras de energías renovables, que contemplen el paulatino desmantelamiento y substitución de las instalaciones basadas en energías no renovables. Todo ello bajo estrictos criterios de protección medioambiental, primándose especialmente las cooperativas que incluyan fines sociales entre sus objetivos.
  • 5. Impulso y ampliación de las subvenciones y exenciones fiscales, tanto a empresas como a particulares, para la rehabilitación de edificios y su mayor eficiencia en materia energética, lo cual constituye, además, una relevante fuente de empleo.
  • 6. Fomento del autoconsumo eléctrico: impulso de la autogeneración de energía eléctrica con balance neto, facilitando la conexión a la red general de la energía que no se consume, lo que redundaría en la descentralización y democratización del sector eléctrico. Existe la tecnología adecuada para que la ciudadanía pueda generar su propia energía a precios menores de los que proporciona el sector eléctrico, dominado por las grandes corporaciones.
  • 7. Bonificación del ahorro energético y tarificación por tramos, asegurando un tramo tarifario mínimo a los hogares. Medidas contundentes por el fin de la pobreza energética y de la injusticia social, que actualmente permite que miles de personas no puedan acceder a los mínimos servicios básicos en materia energética, mientras que las distribuidoras eléctricas siguen obteniendo beneficios empresariales multimillonarios.
  • 8. Imposición de gravámenes especiales a las compañías eléctricas por el uso de los recursos naturales, las infraestructuras públicas y las emisiones contaminantes.
  • 9. Programa de compra pública verde, realizando todas las contrataciones de la Junta de Extremadura con comercializadoras de energías renovables que garanticen, de forma certificada, que el origen de su energía es 100% renovable. Crear empresas públicas autonómicas y municipales con el fin de suministrar a la población servicios básicos producidos mediante energías renovables, garantizando, además, el servicio a las familias y personas cuyos ingresos no puedan permitirles costearse las facturas del suministro energético.
  • 10. Por un cielo estrellado: aprobación de una ley autonómica contra la contaminación lumínica. Fomento de la Astronomía regional como recurso científico, cultural y turístico.

Política de ordenación del territorio y urbanismo

1. Demolición inmediata de aquellas construcciones ilegales que dispongan de sentencia judicial firme al respecto (Marina Isla Valdecañas y otras), así como restauración de los lugares afectados a las condiciones previas.

2. Abandono definitivo de proyectos especulativos que supediten el interés general de la ciudadanía en materia social y ambiental a los intereses económicos de unos cuantos grupos empresariales, empezando por los declarados ilegales por sentencia judicial (Marina Isla Valdecañas).

3. Reforma de la actual Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LESOTEX), modificada recientemente; elaboración de una legislación más restrictiva basada en criterios de consideración del espacio y su adecuada ordenación como un recurso público de importancia estratégica para toda la ciudadanía, tanto a nivel ambiental como social y económico, poniendo especial atención en el control de la especulación, la protección ambiental, el respeto al paisaje y el desarrollo de la vivienda social. Además, esta nueva legislación debe:

  • a. Mantener las restricciones y controles sobre el suelo no urbanizable previos a la última reforma.
  • b. Establecer la obligación de someter los planeamientos a evaluación ambiental.
  • c. No primar los intereses de promotores/as y propietarios/as a los de la ciudadanía en general, lo cual incluye el derecho a disfrutar de un medio natural saludable.
  • d. Suprimir la amnistía concedida a las urbanizaciones ilegales construidas con anterioridad a 1975, y recuperar la obligación de que la propiedad de edificaciones ilegales presente un proyecto de legalización, incluyendo cesiones, como requisito para obtener los permisos para realizar obras de conservación y rehabilitación.

4. Modificación de la normativa urbanística para ubicar los usos industriales en los polígonos ya existentes, evitando la ocupación de suelo rústico.

5 Impulso a las políticas de regeneración urbana. Los cascos urbanos consolidados deben ser el objeto preferente de las inversiones públicas, mejorando su habitabilidad y recuperando espacios para el tránsito peatonal.

6. Compromiso político por un pacto anticorrupción que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación que haya resultado imputado, procesado o condenado por la justicia. Compromiso por una mayor transparencia política, que incluya la incompatibilidad de ejercer cargos públicos con responsabilidad en materia urbanística cuando se tienen intereses privados en los sectores inmobiliarios y de la construcción.

7. Adopción de los cambios legales necesarios para facilitar que aquellas personas que hayan ocupado alcaldías, concejalías y/o asesorías técnicas y que hayan resultado implicadas en la concesión de licencias ilegales o en la omisión de actuaciones disciplinarias, tengan una responsabilidad civil además de la penal.

8. Promulgación de una Ley de Caminos Públicos extremeños. Recuperación para la ciudadanía de los caminos públicos usurpados y adecuación de aquellos que no estén en buenas condiciones de uso. Medidas para conservar los Caminos Públicos de Importancia Histórica, Etnográfica o Natural. Fomento de los caminos públicos y vías pecuarias como lugar para la práctica del senderismo y del ciclismo, estableciendo las medidas necesarias para su correcto uso y para evitar la masificación. Prohibición del uso de vehículos a motor, salvo residentes y propietarios/as, poniendo los medios necesarios para que se cumplan estas prohibiciones.

9. Cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna, así como del mandato constitucional de lucha contra la especulación urbanística (art. 47), en aras de hacer efectivo el disfrute de este derecho, además de evitar una nueva sobrevaloración de los precios de la vivienda que la haga inalcanzable para una mayoría de la ciudadanía y fomente la creación de burbujas inmobiliarias.

10. Potenciar la rehabilitación de viviendas sobre la construcción de obra nueva, incentivando las mejoras en eficiencia energética, la instalación de sistemas basados en energías renovables, y otras mejoras relacionadas con la habitabilidad.

11. Fomento de las zonas verdes y de arboleda como un elemento configurador del medio urbano, tanto en calles y plazas como en caminos y carreteras de acceso a los municipios.

12. Apoyo de la administración autonómica para el desarrollo de ordenanzas municipales que contemplen la protección del medio ambiente, además de medidas contra la emisión de ruidos y vibraciones, así como de contaminación lumínica, en aquellos municipios que carezcan de ella.

13. Derogación de la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), pues con ella se pretende fomentar la creación de grandes complejos urbanísticos completamente incompatibles con la conservación del medio ambiente, con un escenario de cambio climático y con el desarrollo de una verdadera Estrategia de Economía Verde y Circular.

Política de transporte y movilidad

  • 1. Elaboración de planes de movilidad sostenibles, fomentando los medios no motorizados en zonas urbanas y favoreciendo el transporte público para reducir las emisiones de CO2 al tiempo que disminuir el ruido del tráfico.
  • 2. Adecuación de las tarifas del transporte colectivo a los costes reales, mejorando y ampliando significativamente los servicios públicos de las líneas ferroviarias convencionales y de los autobuses urbanos e interurbanos. Establecimiento de un horario amplio y frecuente del transporte interurbano.
  • 3. Incidencia en la peatonalización de zonas dentro de los núcleos urbanos, lo que redunda en una mejor calidad de vida para sus habitantes.
  • 4. Desarrollo de sistemas integrados de carril-bici que permitan circular dentro de los cascos urbanos, así como la comunicación entre estos y el extrarradio, potenciando además la implantación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas.
  • 5. Fomento de la pacificación del tráfico mediante la implantación del proyecto “Ciudad 20”, con zonas con limitación de velocidad a 20 km/hora.
  • 6. Apuesta por el uso de combustibles alternativos, en especial de las flotillas de vehículos dependientes de las administraciones públicas.
  • 7. Cumplimiento de la normativa de la calidad del aire en todas las áreas metropolitanas y aplicación de medidas de restricción al uso de los automóviles en aquellas que superen los límites legales.
  • 8. Sensibilización, por medio de campañas de difusión y concienciación ciudadana, así como de campañas educativas, en relación a la problemática de la contaminación atmosférica.
  • 9. Mantenimiento de una base de datos pública con información sobre todas las emisiones contaminantes al medioambiente.
  • 10. Asesoramiento y apoyo de la Administración regional para la puesta en marcha, en cada municipio, de mecanismos de control y prevención de la contaminación atmosférica por gases y partículas, en coordinación con los municipios limítrofes.
  • 11. Oposición rotunda al proyecto de circulación del tren de alta velocidad en Extremadura por tratarse de un medio de transporte antisocial y económicamente inviable, por diversas razones, y que, además, va en detrimento de la inversión en otros sectores; aparte de los daños medioambientales que ya se han producido y se seguirán produciendo durante su construcción y uso.

Política de agricultura y desarrollo rural

  • 1. Establecimiento de políticas dirigidas a controlar y reducir el uso de productos químicos de síntesis en la agricultura y la ganadería, con prohibición expresa del uso de insecticidas neonicotinoides y del glifosato.
  • 2. Denegación de permisos y erradicación del cultivo de variedades modificadas genéticamente, declarando Extremadura “libre de transgénicos”.
  • 3. Fomento de la producción ecológica y los Canales Cortos de Comercialización para los productos agropecuarios, con inversión pública en la creación y fortalecimiento de industrias agroalimentarias de producto ecológico e infraestructuras para la comercialización y distribución del mismo. Eliminar las cuotas y gravámenes a la agricultura y ganadería ecológicas e inclusión de un impuesto adicional a la no ecológica por realizar actividades contaminantes.
  • 4. Implementación de programas de desarrollo rural que garanticen la conservación agroambiental, con medidas concretas de protección y mejora de los suelos, de los acuíferos y de la biodiversidad, que apuesten claramente por la conservación y el fomento de las variedades y razas autóctonas, así como de la ganadería extensiva.
  • 5. Prohibición de los herbicidas en parques y jardines, y también su uso como forma de barbecho.
  • 6. Creación de una ley de protección de las abejas y la apicultura, donde se recoja la protección de “Zonas de importancia para la Apicultura” frente a los herbicidas y plaguicidas que afectan a las abejas.
  • 7. Fomento de una normativa de pequeños productores verdaderamente adaptada a los pequeños agricultores y ganaderos.
  • 8. Limitar la ampliación de regadíos y suspender los grandes planes de regadío para Tierra de Barros y otras comarcas.

Política de agua

  • 1. Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua por todos los agentes públicos y privados implicados, especialmente en lo que se refiere al principio de no deterioro de las masas de agua y a la aplicación de las Directivas de Aves y de Hábitats, así como no permitir excepciones que afecten negativamente a los ecosistemas fluviales.
  • 2. Redefinir, en la redacción de los planes hidrológicos, los caudales ecológicos y ponerlos en marcha para que supongan una restricción previa al resto de usos, garantizando, al menos, el mantenimiento de la vida piscícola e invertebrada que de manera natural habite o pueda habitar en el río y en su vegetación de ribera. Los caudales ambientales deberán establecerse para todos los cursos de agua, con independencia de su entidad.
  • 3. Retirar los proyectos de grandes embalses y acometer la modernización de los regadíos existentes para aliviar la presión sobre el medio hídrico.
  • 4. Elaborar un programa para el deslinde del dominio público hidráulico de todos los ríos extremeños.
  • 5. Trabajar en cooperación con los Ayuntamientos contra la privatización del agua. Recuperar la gestión 100% pública de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua.
  • 6. Desarrollar un Plan autonómico para Ahorro del Agua que implique a consumidores/as particulares, agricultores/as e industrias.
  • 7. Ejercer la presión institucional necesaria para que cesen los trasvases entre las cuencas Tajo – Segura.

Política de conservación de la naturaleza

  • 1. Aprobación de una ley autonómica sobre especies exóticas invasoras que analice y afronte las problemáticas particulares de la región en este tema.
  • 2. Modificación de la Ley de la Dehesa de Extremadura para asegurar la regeneración de este ecosistema, aumentar su biodiversidad agroforestal y adaptarse a la problemática actual.
  • 3. Aprobación de una Ley regional de Vías Pecuarias y de fomento de la Trashumancia ganadera, para que dejen de considerarse como simples infraestructuras rurales y sean fomentadas y protegidas por todos sus valores. Además, estas vías deben estar integradas dentro de una estrategia de conservación del medio ambiente, que permita que sean verdaderos corredores ecológicos que unan los diferentes territorios de Extremadura. Asimismo, es necesario crear un Patronato de vías pecuarias de Extremadura.
  • 4. Modificación del Decreto 37/2001en el que, desde la óptica del actual contexto de cambio climático y expansión de especies exóticas invasoras, se haga una verdadera actualización de la fauna y flora extremeña amenazada y, en el plazo de los próximos dos años, se adopten compromisos urgentes para la redacción, aprobación y ejecución de Planes de Recuperación de las especies en peligro de extinción.

Política de patrimonio cultural

  • 1. Recuperación y revalorización del Patrimonio etnográfico e industrial, con una mayor consideración hacia el valor cultural que tienen dentro de nuestra sociedad y de lo que este puede aportar al conocimiento de nuestro pasado más reciente.
  • 2. Intervención urgente en todos los edificios históricos en riesgo inminente de destrucción.
  • 3. Elaboración de un Libro Blanco de gestión y usos permitidos en los espacios de Patrimonio Histórico, como yacimientos arqueológicos y monumentos.
  • 4. Obligación por parte de los Ayuntamientos de comunicar a la Dirección General de Patrimonio Histórico la realización de cualquier tipo de obra que conlleve remociones del terreno en su término municipal (incluidas las nivelaciones de terrenos agrícolas, infraestructuras públicas y edificaciones), para que de este modo se puedan establecer las medidas correctoras pertinentes de cara a la protección de los restos que puedan alojarse en el subsuelo.
  • 5. Obligación de contar con un control arqueológico en campo de todas las obras e intervenciones en terreno agrícola que supongan remoción del terreno, eliminando la actual tendencia a delegar este en la persona o empresa promotora de la intervención, pues esta no tiene obligación a tener los conocimientos necesarios para detectar e identificar elementos arqueológicos o históricos y, por tanto, no puede ser hecha responsable de esta tarea.
  • 6. Cumplimiento estricto por parte de la Administración de los artículos 11, 14 y 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como Ley de la Memoria Histórica), en lo referente a:
  • a. El deber ineludible de colaboración de todas las Administraciones públicas con los particulares para la realización de tareas de localización e identificación de víctimas, el cual están incumpliendo sistemáticamente algunos ayuntamientos.
  • b. La resolución inmediata de los expedientes en poder de la Consejería de Educación y Cultura en los que se solicita que se proceda a la ocupación temporal (según los artículos 108 a 119 de la Ley de Expropiación Forzosa) de los terrenos donde existen indicios de la existencia de fosas comunes de la Guerra Civil, y cuyos/as propietarios/as se niegan a permitir el acceso a los equipos técnicos.
  • c. La exigencia a las autoridades municipales y particulares de retirada inmediata de todos los símbolos y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que aún existen en nuestras ciudades y pueblos, negándoles el acceso a cualquier tipo de subvención pública mientras esto no se produzca, tal y como recoge la propia ley.
  • 7. Plan de protección de todos los restos de edificaciones de carácter militar del período de la Guerra Civil, y otros elementos que conserven vestigios directamente relacionados con el desarrollo de ésta, que incluya su inventario, inclusión en Carta Arqueológica y establecimiento de medidas cautelares para evitar que continúe su destrucción.

Política de educación ambiental

  • 1. Inclusión en el sistema educativo de una visión crítica que revise las categorías insostenibles en las que se apoya el modelo de desarrollo, así como apuesta por la deslegitimación de las líneas de pensamiento que sustentan la destrucción social y ambiental.
  • 2. Visibilización del necesario papel de las mujeres en la sostenibilidad.
  • 3. Inclusión de la educación para los cuidados en el currículum escolar: su importancia para el mantenimiento de la vida, la invisibilización por parte del patriarcado, así como conocimientos básicos en cocina, dietética, higiene y gestión de la salud.
  • 4. Incorporación de la reflexión acerca de la sostenibilidad en todos los ámbitos educativos, tanto de la educación formal como de la no formal.
  • 5. Crear y dotar de personal un programa global de educación ambiental regional, que sea capaz de llegar a todos los territorios y poner en uso la gran cantidad de recursos e instalaciones disponibles en Extremadura para Educación Ambiental y que actualmente se encuentran sin ninguna actividad.

Política de bienestar y protección animal

  • 1. Eliminación de cualquier tipo de subvención y ayuda pública, directa o indirecta, a las actividades taurinas. Prohibición de la asistencia de menores a las corridas de toros y su retransmisión por la televisión pública de Extremadura.
  • 2. Aplicación efectiva de la ley de protección animal, sancionando severamente el abandono, el maltrato y la crueldad con los animales.
  • 3. Establecimiento de convenios con organizaciones de protección animal de demostrada solvencia, seriedad y compromiso para impulsar una política que incluya: erradicación del sacrificio de animales abandonados, fomento y subvención de campañas de esterilización, sensibilización y educación en contra del maltrato, del abandono y a favor de la adopción.
  • 4. Realización de campañas anuales coordinadas desde el Gobierno Regional para la identificación de animales de compañía, con guardia civil, agentes del medio natural, veterinarios y policías locales (dotándoles de los medios necesarios).
  • 5. Eliminación de los presupuestos de las administraciones públicas de aquellas partidas económicas que impliquen, directa o indirectamente, el apoyo al trato degradante o maltrato animal, tales como mantenimiento de plazas de toros, zoológicos, subvención de entradas para asistencia a festejos taurinos, circos que utilicen animales, etc.
  • 6. Denegación de autorizaciones a actividades que maltratan a los animales, especialmente a zoológicos, circos con animales, granjas de animales silvestres, especialmente con fines peleteros, y núcleos de animales para experimentación. Y someter a controles exhaustivos a las empresas de cría y venta de animales, retirándoles las licencias a aquellas con sentencias por maltrato.
  • 7. Fomento de ganadería extensiva y ecológica que incluye normas de bienestar animal, mediante el incentivo de exenciones y ventajas fiscales e imponiendo, a su vez, gravámenes a la ganadería intensiva.

Política de participación ciudadana

  • 1. Implantación de políticas de participación efectivas en las que los colectivos implicados queden integrados desde las primeras fases de los proyectos.
  • 2. Facilitar la participación ciudadana desarrollando reuniones y procesos participativos en horarios compatibles con la actividad laboral general.
  • 3. Realizar una verdadera integración de las propuestas ciudadanas emanadas de los procesos participativos, para que estos no queden en una mera audiencia de proposiciones.

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Para más información: Ecologistas en accion

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