Ley ambiental asturiana: un ‘coladero’

  • Ecoloxistas d’Asturias define la nueva ley presentada por el principado como un ‘coladero ambiental’. Por ello han presentado una serie de alegaciones con el objetivo de modificar dicho proyecto de ley de Calidad Ambiental y lograr que sea eficaz y eficiente.

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La idea del Principado es agilizar las autorizaciones ambientales de cara a los nuevos proyectos empresariales, simplificando los trámites administrativos y perdiendo la garantía y la participación medioambiental que hasta ahora había. Como venimos reclamando,para garantizar la protección ambiental la Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental debe mantener y no reducir por mandato legal, como pretende el Gobierno de Asturias, los plazos máximos establecidos en la legislación española.

Desde la Coordinadora Ecoloxista exigimos lograr una Administración Pública ágil y eficaz, pero este objetivo debe conseguirse mediante la vía de la adecuada dotación de medios y recursos a la misma, y no por la simulación ficticia de una mayor rapidez, mediante el engañoso recurso del acortamiento legal de los plazos máximos legales.

Teniendo en cuenta, la precarización en los últimos años de las Administraciones Públicas, debido a recortes presupuestarios y de plantilla (mediante la no cobertura de plazas vacantes), sin garantizar la disponibilidad de recursos (humanos y materiales) adecuados y suficientes para lograr una reducción efectiva de los plazos, manteniendo o mejor aun mejorando, la calidad de los servicios públicos, la mera reducción legal de los plazos como pretende el Principado supondrá necesariamente un deterioro cualitativo de los servicios de protección ambiental.

Hemos pedido un mecanismo más eficiente, que logre una buena protección ambiental al tiempo que permita reducir la carga de trabajo de la Administración Pública ambiental (permitiendo dedicar más tiempo y recursos a otras labores de protección ambiental). Este mecanismo consiste en el establecimiento de criterios de zonificación espacial y ordenación territorial, que permitan delimitar zonas donde no están permitidas determinadas actividades humanas, para preservar valores naturales y humanos, como son los hábitats y especies amenazadas y la salud de las personas.

Esta estrategia permite la directa inadmisión al trámite de evaluación o autorización ambiental de proyectos en lugares que necesariamente suponen un impacto negativo considerable para el medio ambiente y la salud de las personas (ahorrando recursos de la Administración Pública) y además es una barrera legal que garantiza que estos proyectos no puedan superar su tramitación ambiental, aprovechando debilidades o flaquezas del procedimiento.

Este es el enfoque garantista (basado en actividades excluidas y distancias mínimas a núcleo más próximo de población agrupada y otras limitaciones de emplazamiento en relación a las edificaciones próximas y posibles daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria y piscícola) que implementaba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Lamentablemente, no es el camino seguido por este proyecto de Ley, que deroga la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas sin compensarlo con una regulación legal que adopte este enfoque.

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Esperemos que se atiendan las alegaciones que presentamos, para poder salvaguardar la transparencia y la participación ciudadana en los acuerdos ambientales.

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