Ecocidio: debería ser delito internacional

  • Unidas Podemos y varios integrantes del Grupo Parlamentario Confederal están empeñados en que el ecocidio sea declarado ‘delito internacional’, por lo que han urgido al gobierno para que tome medidas para incluirlo como tal.

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El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común ha registrado este lunes, a través de su portavoz de Transición Ecológica y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, una iniciativa para impulsar la inclusión del ecocidio como delito internacional.

El portavoz de Alianza Verde en el Congreso señala en su iniciativa que “Este tipo de delitos, pese a estar descritos y sometidos a penas cada vez más disuasorias (aunque todavía muy lejos de las que deberían imponerse en comparación al daño causado) cuentan con un elevado índice de impunidad, siendo además muy compleja su investigación y judicialización”.

En su iniciativa, López de Uralde ha señalado que “Es necesaria una nueva técnica para la construcción de los delitos en contra del ambiente que garanticen realmente la protección del sujeto protegido y el castigo a quien lo dañe”, ya que, “en los últimos años se está produciendo un aumento generalizado de los delitos ambientales”.

Para López de Uralde, “Los delitos ambientales no pueden seguir quedando impunes, y sólo reconociendo su gravedad en nuestra jurisdicción y en la Corte Penal Internacional podremos abordar sus consecuencias”, ya que, según señala “La Naturaleza no conoce fronteras, los daños son globales, y su destrucción debe ser perseguida también globalmente”. Así, ha hecho referencia a la destrucción de la Amazonia brasileña “que merece la persecución penal de la Comunidad Internacional”, pero también del ecocidio en el Mar Menor”. “No podemos seguir mirando hacia otro lado frente a las agresiones al medio ambiente mientras la crisis ecológica continúa agravándose”, ha concluido el coordinador de Alianza Verde.

Por ello, en la Proposición No de Ley que acaba de registrar, López de Uralde concretamente “insta al Gobierno a estudiar una política de impulso a la modificación del Estatuto de Roma como vía para incluir el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional, así como a valorar la realización de las reformas procesales y penales congruentes con este objetivo en nuestro Derecho interno”.

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