¿Una legislación de montes del siglo pasado?

En el orden del día figuraba la reforma de dicha ley respecto de la que el responsable de Greenpeace ha dicho que las ONG ambientales han criticado que el nuevo texto debilita la ordenación y resta capacidad a los agentes forestales, que no van a tener categoría de policía judicial, lo que restará, en su opinión, eficacia y capacidad de reacción inmediata.

La organización ecologista Greenpeace ha manifestado al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que la reforma de la Ley de Montes que prepara este departamento es "volver a una concepción de los años 70 del siglo pasado".

Así lo ha manifestado el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, a Europa Press tras la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el que participan las organizaciones ecologistas, entre otros. El encuentro tuvo lugar este miércoles y que prolongó más de cuatro horas.

En el orden del día figuraba la reforma de dicha ley respecto de la que el responsable de Greenpeace ha dicho que las ONG ambientales han criticado que el nuevo texto debilita la ordenación y resta capacidad a los agentes forestales, que no van a tener categoría de policía judicial, lo que restará, en su opinión, eficacia y capacidad de reacción inmediata.

Además, el proyecto que prepara el departamento de Cañete modifica el artículo 50 y añade a la prohibición de recalificar un terreno quemado en un incendio durante 30 años, la salvedad de que el uso o destino de dicha finca se destine a un uso de interés público, como un vertedero o un hospital. "Esto puede ser un precedente para la especulación. Nos preocupa", ha manifestado.

Por ello, ha subrayado que esta ley es obsoleta y las modificaciones, innecesarias y ha adelantado que la ONG no va ni a discutir el articulado que se permite el riesgo de privatizar el monte con la simplificación de las definiciones de montes.

Por otro lado, respecto al reglamento de la Ley de Costas, ha manifestado que consagra una forma de gestionar la costa al eliminar la concepción científica del dominio público hidráulico que abre la puerta a cambiar todos los deslindes que, a la fecha están completados al 95 por ciento. "Es surrealista. Esperaremos a otro Gobierno que sea más sensible a los criterios científicos", ha apostillado.

Respecto a otro de los temas del órden del día, la declaración de cuatro Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en el Mediterráneo, le han recordado a Arias Cañete que, además, está pendiente de otro LIC en Canarias, que iba adelante hasta que Repsol, hace unos meses haya anunciado el inicio de las prospecciones en busca de petróleo en la zona.

En materia de aguas el orden del día del CAMA incluía distintas cuestiones como la situación de los planes de cuenca, sobre el que han apuntado que si bien en 2013 la tramitación de la primera fase de planificación fue rápida, debido a los retrasos acumulados, en esta segunda fase, de revisión, el Ministerio tiene la ocasión de mejorar aspectos medioambientales y concretamente los caudales ecológicos.

En este sentido, el responsable de Greenpeace ha indicado que el ministro les ha manifestado que el grueso del presupuesto de aguas para el periodo 2014-2020 se destinará a obras en el sistema de depuración.

Finalmente, sobre el artículo 122 bis de la Ley de Aguas, Rodríguez ha indicado que a las organizaciones ecologistas les parece bien que haya un impuesto o cano a las eléctricas por el uso del agua para la producción de energía hidráulica.

Sin embargo, ha denunciado que el sistema por el que según la propuesta de modificación de la ley, establece que la recaudación debe ser para la protección de la cuenca, irá al Estado. De este modo, las ONGs creen que ese canon acabará yendo a compensar el déficit de tarifa. Por eso, han asegurado a Arias Cañete que esta propuesta es "ilegal", por lo que no puede aprobarse en esos términos.