Ambientalistas proponen un acuerdo sobre el agua que rechace los trasvases

Más de una cincuentena de organizaciones y entidades medioambientales del ámbito estatal, regional y de cuenca, así como del ámbito local, han suscrito un Acuerdo Social por el Agua como "alternativa" a las propuestas del Gobierno para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua que, entre otros aspectos, rechaza los trasvases.

Según ha señalado en declaraciones a los medios la directora técnica de Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, este acuerdo "demuestra que la sociedad no está reflejada en ese Pacto Nacional" que está preparando el Gobierno.

Ambientalistas proponen un acuerdo sobre el agua que rechace los trasvases

"Tenemos una propuesta alternativa que cuenta con un amplio respaldo, precisamente de la sociedad civil", ha resaltado Martínez, que destaca que esta propuesta realizada por un total de 49 entidades --entre las que se encuentran Greenpeace, Facua, SEO/BirdLife o ATTAC-- es "totalmente diferente" a las propuestas del PP.

El documento, que ha sido presentado este jueves en el Congreso, está basado en cinco ejes de actuación.

En primer lugar, las asociaciones están de acuerdo en detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, incluidos los previstos en los planes hidrológicos 2015-2021, así como revisar todos los trasvases existentes, lo que permitirá planificar el uso y desarrollo de cada territorio de manera más sostenible y, según afirman, acorde a los recursos disponibles y sus características, "eliminando expectativas insostenibles a la luz del cambio climático e injusticias territoriales".

Según ha señalado en declaraciones a los medios la directora técnica de Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, este acuerdo "demuestra que la sociedad no está reflejada en ese Pacto Nacional" que está preparando el Gobierno.

El Acuerdo también aboga por "detener el crecimiento de las demandas, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, tanto en consumos urbanos expansivos como en demandas de regadío, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas".

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"Se trata, en definitiva, de pasar de las estrategias de oferta a los nuevos enfoques de gestión de la demanda que promueve la UE, las únicas capaces de resolver realmente los problemas de escasez y lograr un uso sostenible del agua y adaptado al cambio climático", señala el texto.

En tercer lugar, también piden "detener los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos" con el fin de garantizar sus sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas.

En este sentido, reclaman que se respete un régimen de caudales ambientales adecuado y demás exigencias de la Directiva Marco del Agua, recuperando los acuíferos como "principales reservas estratégicas en sequía y acabando con el desgobierno de las aguas subterráneas".

Acabar con la corrupción en torno al agua

Además, consideran "necesario" una revisión del sistema de concesiones a la luz de los recursos realmente existentes y previstos para garantizar las necesidades hídricas de los ecosistemas acuáticos, así como garantizar la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria (nitratos, fosfatos y pesticidas), reduciendo así la necesidad de nuevas captaciones e infraestructuras de abastecimiento derivadas de problemas de calidad.

El cuarto punto del Acuerdo aboga por incorporar a la normativa el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, mediante una regulación adecuada que garantice el nivel de prelación que le corresponde.

Para ello, las asociaciones ven "necesario" que se reviertan los procesos de mercantilización del agua y de privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento para "recuperarlos como servicios de interés general bajo una gestión pública transparente y participativa".

Entre otras medidas, exigen derogar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Finalmente, reclaman "acabar con la corrupción en torno al agua".

Para ello, proponen promover "cambios institucionales para una plena transparencia en la gestión del agua, incluyendo acceso a los datos reales y actualizados de consumo, así como una participación ciudadana efectiva en un marco de democracia deliberativas".

"Consideramos que el anunciado Pacto Nacional del Agua que está preparando el Gobierno sigue manteniendo viejas políticas del agua que no responden a los retos actuales", lamenta la directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, que destaca que el Acuerdo Social que han presentado este jueves constituye "un hito histórico" porque en él se ha conseguido plasmar una serie de propuestas y reivindicaciones "de calado".

"Estamos en un momento crítico en las perspectivas de cambio climático y con las situaciones de sequía recurrentes, que van a aumentar", ha advertido.

"Hemos visto que hay momentos en que, aunque tengamos muchísimos embalses, el agua y la precipitación no es suficiente para llenarlos, y tenemos que hacer un planteamiento integral", ha destacado en declaraciones a los medios en la puerta del Congreso el responsable de política de agua en WWF España, Alberto Fernández.

Según Fernández, en España hay "suficientes" embalses y que, por tanto, el "reto" ahora es manejar los actuales "bien". Con respecto a los trasvases, señala que estos son "elementos muy perturbadores", pues suponen detraer un recurso en un sitio para dárselo a otro y "siempre hay alguien que pierde en estos sistemas". "Vamos a intentar que, frente a un posible Pacto Nacional del Agua, haya un planteamiento más moderno, más comprensivo, más científico", subraya.

Según ha indicado Francisco Carbonero, de CC.OO, el agua es un "bien común" y, por tanto, "tiene que tener un reparto justo entre la sociedad", "no queremos que el agua sea sólo noticia ante la sequía o ante las inundaciones, queremos que el agua sea el elemento central de un uso racional", ha dicho Carbonero, que ha manifestado su deseo de que las fuerzas políticas alcancen un "acuerdo político que cambie tremendamente las políticas de agua en este país".

Para Gonzalo Marín, de Red Agua Pública (RAP), este Acuerdo Social supone que se ha "avanzado notablemente".

Marín ha querido resaltar la defensa del agua como derecho humano y la configuración de "modelos democráticos participativos donde la rendición de cuentas sea habitual y donde la participación de la ciudadanía sea la norma", así como "luchar" contra la privatización de los servicios de agua.

"El agua no puede ser gestionada con ánimo de lucro", ha apuntado.

A la presentación han acudido diputados de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Compromís, el diputado 'morado' Pedro Arrojo coincide con las organizaciones que han suscrito este Acuerdo en que la propuesta del PP para acordar un Pacto Nacional por el Agua gira en torno a "la idea de la vieja cultura del hormigón, el de la vieja cultura de trasvases y grandes embalses".

Arrojo ha defendido la actuación de los "ayuntamientos del cambio" con respecto a la materia hídrica, pues a su juicio promueven "nuevos modelos de gestión pública participativa".

Arrojo ha criticado que se haga "un puro negocio" con el agua y se ha referido al trasvase Tajo-Segura, un "buen ejemplo de hasta qué punto es erróneo promover trasvases para resolver sequías", "el trasvase no resuelve nada, es gastar dinero a lo tonto, llegar ahora y en cuanto cae agua, ya decir 'venga, a trasvasar', pues pregúntale a la gente del Tajo", ha relatado el diputado.

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