Teresa Ribera se pone de perfil con el timo del Proyecto Castor

Los grupos de la oposición han criticado a la ministra para la Transición Ecológica porque consideran que no ha asumido responsabilidades después de firmar la declaración de impacto ambiental que permitió la construcción del almacén de gas submarino Castor, frente a Vinaroz (Castellón), por descansar la responsabilidad en los funcionarios y negar que haya generado algún daño patrimonial.

Durante la comparecencia de Ribera en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, la ministra ha asegurado que es "extraordinariamente respetuosa con la ley" y en "el lío de Castor" se limitó, en su función de secretaria de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a firmar una declaración de impacto ambiental al tener una "confianza inmensa" en los funcionarios de su departamento.

Teresa Ribera se pone de perfil con el timo del Proyecto Castor

En respuesta a los grupos de la oposición durante su primera intervención en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, Ribera ha negado su responsabilidad en el cierre posterior del proyecto de almacén de gas porque entonces, le pareció "importar cumplir a rajatabla lo que decía la ley y firmar declaraciones de impacto ambiental".

Si bien, ha destacado que "el lío de Castor tiene muy poco que ver con una declaración de impacto ambiental que, evidentemente, fue favorable con arreglo a la información de la que se disponía en ese momento" y ha recordado que en su tramitación la propuesta de resolución se compartió con ayuntamientos, comunidades autónomas e instituciones que habían participado en el proceso.

En todo caso, se instaló un sistema para generar alertas tempranas si se producía algún tipo de incidente, como por otra parte así ocurrió. Además, la ministra ha añadido que el informe del Instituto Tecnológico de Masaachussets (MIT) confirmó el año pasado que habría sido "imposible" hacer más de lo que se hizo en aquel momento.

En todo caso, se instaló un sistema para generar alertas tempranas si se producía algún tipo de incidente, como por otra parte así ocurrió.

Sin embargo, años después los "disgustos y las lecciones hay que tomarlas en otros frentes" ha asegurado que no hubo "ningún daño ambiental y no hay ningún daño patrimonial" más allá de la gestión de una infraestructura "enormemente costosa".

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Asimismo ha añadido que no hay ningún funcionario ni responsable político que pueda sustraerse a la aplicación de la ley y prohibir algo por que no le guste, por lo que quizá es el momento de plantearse los riesgos. Esto, según Ribera va en línea con su anuncio de la voluntad del Gobierno de las prospecciones de combustibles fósiles y la minería en el fondo marino y limitar la explotación industrial a actividades claramente compatibles con el mar.

"Planteémonos si no queremos activar un marco de restricciones mucho más importante a este tipo de actividades offshore que quizá tiene todo el sentido del mundo y facilite de raíz la posibilidad de que ocurran episodios de este tipo", ha instado.

En todo caso, se ha comprometido a presentar las distintas opciones y propuestas para dar una salida a Castor, tanto desmantelamiento como hibernación definitiva, en cuanto disponga de ellas porque de momento, --ha criticado-- le está costando encontrar información relativa a "todos los asuntos relacionados con política energética en las unidades del ministerio".

La cuestión del almacén de gas, cuya DIA firmó Teresa Ribera hace ahora diez años, ha sido uno de los asuntos que han generado más polémica en la primera intervención de Ribera en la Comisión.

Así, el diputado de ERC, Joan Capdevilla, ha criticado a Ribera al negar daño patrimonial del almacén Castor, porque a él le ha hecho "realmente daño en el bolsillo" en cada "puñetera factura" del gas y ha añadido que "parece que va a seguir habiéndolo", porque las lecciones a extraer es que ese daño patrimonial lo paga cualquier ciudadano.

En la misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, también se ha sentido "dolida" y ha recordado a Ribera que el dinero público "es de todos" en cada factura del gas se precisa la carga del sistema gasísta precisamente por el caso Castor. "Me ha dolido enormemente porque no solo es el dinero de todos nuestros ciudadanos sino también el dinero público que para mi grupo político es de todos, no es de nadie, no es etéreo -como dice la señora (Carmen) Calvo- y me gustaría también que nos lo dijese", ha reclamado.

Del mismo modo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha dicho a Ribera que el decreto de 2008 firmado por el expresidente Zapatero y el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, fue "claramente lesivo para la sociedad española" porque estimaba que aún si la empresa concesionaria incurría en negligencia se pagarían los costes de la operación, por lo que cree que habría sido "más sencillo" para la ministra admitir "el error que Zapatero, en su momento ya admitió".

Sobre la cuestión, la también diputada del PP María Teresa de Lara, ha afeado a la ministra que eluda su responsabilidad en la cuestión y que firmase una declaración de impacto ambiental favorable para culpar ahora a los funcionarios, al tiempo que ha recordado que también está la firma de Ribera en las DIAs del recrecimiento de la presa de Yesa y en el proyecto de gas en Doñana.

"No puede descargarse en ellos. No se tuvo en cuenta en aquel momento el riesgo sísmico en evaluación de impacto ambiental" ha criticado De Lara que ha defendido que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, precisamente, introdujo la obligatoriedad de contemplar el riesgo sísmico para que "esto no vuelva a suceder".

Por último, la ministra en su réplica ha pedido disculpas por haberse expresado mal y ha asegurado que no pretendía herir la sensibilidad de nadie y ha admitido que en el caso de Castor hay "lecciones importantes que extraer de cosas que no deben volver a ocurrir".

"Cuando hablaba de patrimonio estaba pensando en patrimonio natural y en daños materiales en infraestructuras edificadas. Es evidente que hay un perjuicio patrimonial para el conjunto del sistema y de los contribuyentes y es evidente que tenemos por delante el desafío sobre cómo resolver técnicamente algo que está allí y que tiene que gestionarse con plena seguridad", ha concluido.

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