La red ‘Gas no es solución’ pide al Gobierno español que rechace el MidCat en la cumbre con Francia

La apuesta de la Unión Europea a favor del gas natural es un error climático, energético y económico. El sistema gasista europeo ya está bien dimensionado y es altamente resiliente frente a situaciones de estrés, como lo han demostrado varios informes. La inclusión de un número cada vez mayor de proyectos gasistas en la lista de interconexiones energéticas europeas (la lista de Proyectos de Interés Común, PIC) responde a una planificación energética que no atiende a las necesidades reales.

Los proyectos PIC se benefician de trámites agilizados y acceso preferente a la financiación comunitaria y a las inversiones privadas. Sin embargo, la planificación de infraestructuras de gas la realiza un organismo (ENTSO-G) donde se integran los principales operadores de las redes de transporte de gas; es decir, son las propias empresas, como la española Enagás, las que deciden qué infraestructuras serán “necesarias” en el futuro.

La red ‘Gas no es solución’ pide al Gobierno español que rechace el MidCat en la cumbre con Francia

Unas infraestructuras que estas mismas empresas se encargan de construir, en un claro caso de conflicto de intereses. Seguir sobredimensionando el actual sistema gasista solo generará más derroche de dinero público europeo y más deuda ilegítima, una vez que estos proyectos infrautilizados tengan que ser rescatados por el bolsillo de la ciudadanía.

Enagás es la empresa que se encuentra detrás de la construcción del tramo español del MidCat, y también tiene una participación del 16% en el TAP, el tramo transadriático del Corredor de Gas del Sur, otra de las megainfraestructuras que junto al MidCat se planea construir en Europa. El Gobierno italiano ya planteó recientemente que revisará la decisión de construir dicho gasoducto por considerarlo innecesario. El Gobierno español tiene ahora una oportunidad de oro de hacer lo propio con el MidCat.

El ente francés regulador de la energía (CRE) expresó en el pasado dudas sobre el gasoducto, asegurando que no contribuiría a la seguridad de suministro para Francia y alertando de que incrementaría los precios del gas para los consumidores. Un informe independiente encargado por la Comisión Europea a la consultora Pöyry y filtrado a la prensa abundaba en las dudas sobre este proyecto.

Unas infraestructuras que estas mismas empresas se encargan de construir, en un claro caso de conflicto de intereses. Seguir sobredimensionando el actual sistema gasista solo generará más derroche de dinero público europeo y más deuda ilegítima.

El informe de Pöyry demuestra que el gasoducto solo sería económicamente viable si se diera un conjunto de condiciones que las personas expertas creen absolutamente improbables (como una situación de mercado muy ajustada del Gas Natural Licuado provocada por una caída drástica del suministro de gas desde Argelia).

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El informe revela que apenas habrá flujo de gas desde Francia a España y que no habrá nada de flujo de gas desde nuestro país hacia el país vecino a través del gasoducto; la construcción del mismo no aportará ninguna resiliencia adicional al sistema gasista europeo en ninguna de las hipotéticas situaciones de estrés ensayadas en el estudio.

Esto choca de plano con los argumentos esgrimidos por la empresa española Enagás y por el anterior gobierno del Partido Popular que defendían que el gasoducto se convertiría en un garante de la seguridad energética en la Unión Europea, dado que el Estado español, gracias a sus regasificadoras, contribuiría a diversificar las fuentes de importación de gas en la región y a independizar a Europa del gas ruso.

Además, otra empresa española, Naturgy (Gas Natural Fenosa), ha firmado un contrato de 20 años para importar Gas Natural Licuado desde la planta de licuefacción de Sabetta, que se encuentra en el círculo polar Ártico ruso, lo que pone en entredicho dicha garantía de seguridad energética, ya que desde enero la planta regasificadora de REGANOSA (Ferrol) ha recibido dos buques con gas ruso.

Al conocerse el informe filtrado, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, ya expresó en la red social Twitter que “tenemos un serio problema a la hora de identificar dónde invertimos en nuestro futuro”, en relación a la falta de idoneidad de seguir realizando grandes inversiones en proyectos energéticos que nos alejan del Acuerdo de París.

Aún se está a tiempo de rechazar los grandes proyectos de infraestructuras gasistas europeos que nos anclarán durante décadas a un modelo energético caduco, basado en combustibles fósiles. Recientemente un informe de ‘Oil Change International’ revelaba como los países del G20 planean invertir 1,6 billones de dólares en proyectos de gas natural. Este tipo de inversiones están en clara contradicción con los objetivos acordados en el Acuerdo de París.

La Unión Europea tiene que romper con este modelo, y los gobiernos español y francés pueden marcar la senda en este sentido. Unas infraestructuras gasistas concebidas para perdurar décadas no son compatibles con los tiempos necesarios de reacción ante la crisis climática, que nos obligan a abandonar los combustibles fósiles de forma mucho más rápida.

El gas es un combustible fósil que contribuye al cambio climático, tanto por la generación de emisiones de CO2 en la combustión como por las emisiones fugitivas de metano. El metano es un gas con un potencial de calentamiento global 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de vida. Emitir 1 kg de metano es equivalente a 86 de CO2. Cada vez más investigaciones científicas demuestran que las fugas de metano no han estado bien contabilizadas y representan un problema climático mayor del que se creía.

Teresa Ribera ha sido crítica con el desarrollo del gas y siempre le ha reconocido un papel muy limitado en la transición energética. Es la primera ministra en España que ostenta conjuntamente las competencias de política energética y cambio climático, y tiene por primera vez la posibilidad de condicionar aquella a este último. La red Gas no es solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, considera que renunciar al proyecto MidCat sería un primer paso lógico en esa dirección.

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