La ganadería industrial que se nos viene encima

  • Hasta la fecha, no se podían construir edificaciones que supusieran más del 10 % de la superficie de la parcela rústica donde se construía, salvo excepciones en las que existiera un Informe favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo que declarara que la construcción era de “relevante interés social o económico”.
  • La mayoría de las instalaciones de ganadería industrial superan esta ocupación máxima de la parcela, por lo que debían esperar a obtener este Informe, que tardaba varios meses.

Con una reciente modificación, estos proyectos, únicos en el medio rural que superan esta ocupación máxima de parcela, dejarán de tener que pasar este trámite urbanístico ni tener que ser considerados “relevantes” para obtener esta excepcionalidad a la norma.
La Orden 31-03-2003 de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, señala en su artículo 3 que “la superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar el 10 % de la superficie total de la finca en todos los casos”.

En los últimos dos años, numerosos proyectos de ganadería industrial han tenido que pasar por este trámite ya que sus grandes naves ganaderas, en algunos casos hasta seis o siete de ellas, superan ese 10 % de la superficie de las fincas, siendo este tipo de proyectos los únicos en esta situación, por lo que tenían que recurrir a solicitar una excepción a la norma. Esta excepción era, por lo general, concedida, declarando esta actividad como de “especial relevancia social o económica”, a pesar de las protestas de muchas poblaciones, incluidos en algunos casos sus propios Ayuntamientos.

La ganadería industrial que se nos viene encima

El día 29 de enero, se ha publicado en el DOCM una modificación de esta normativa para que no incluya las construcciones del sector agrario, estableciendo la siguiente coletilla: “salvo en el supuesto de usos y actividades vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos”, por lo que retira la potestad a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para poder aplicar esta norma general que prohíbe la construcción de más del 10 % de la superficie de una finca rústica. Si la Comisión Provincial considerara que una construcción no tiene un “interés social o económico” ya no podría emitir un Informe desfavorable, como hasta ahora.

Queda, por tanto, establecido que las construcciones de carácter agrario, independientemente del suelo que ocupen con respecto a la superficie de la finca, serán aprobadas sin ningún tipo de cortapisa, acortándose los plazos para que las grandes empresas cárnicas puedan poner en funcionamiento sus explotaciones industriales ganaderas.

Para Daniel González, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca 1, “esta modificación de la normativa urbanística en suelo rústico ha sido desarrollada claramente para favorecer la instalación de grandes proyectos de ganadería industrial ya que, obviamente, los pequeños y medianos proyectos ganaderos no superan en ningún caso el 10 % de construcción de la superficie de las fincas rústicas.

Esta excepción era, por lo general, concedida, declarando esta actividad como de “especial relevancia social o económica”, a pesar de las protestas de muchas poblaciones, incluidos en algunos casos sus propios Ayuntamientos.

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Además”, añade, “este cambio excluye otras actividades como la transformación de productos, ¿por qué?, ¿cuál es el criterio sino favorecer a esta industria que está en plena expansión por nuestra provincia? Si a otros sectores más sostenibles, como la ganadería extensiva, se le facilitara tanto su actividad no estarían cerrando tantas explotaciones.

Concluye, además que “a estas facilidades, se suman las ya conocidas como declarar la ganadería intensiva como “sector estratégico” y, por tanto, subvencionable, no tener una planificación estratégica de la ganadería intensiva que permite una proliferación descontrolada, por contraposición a la planificación estratégica de la ganadería extensiva existente, o no internalizar los costes de producción de estas explotaciones, por lo que vemos como cada año pueblos como Poveda de la Obispalía con sus acuíferos contaminados por nitratos de los purines tienen que recibir camiones cisterna con miles de litros de agua que se pagan con dinero público”.

Para más información: Ecologistas en accion

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