Greenpeace y APDR reiteran la necesidad de que se declare definitivamente nula la prórroga de ENCE-Pontevedra

  • La APDR y Greenpeace presentaron dos recursos ante la Audiencia Nacional para evitar que Ence Energía y Celulosa S.A. permanezcan en la ría de Pontevedra otros 60 años
  • La empresa papelera debería haber abandonado en el pasado año 2018 esta localización situada en terreno de dominio público
  • En 2019 el Gobierno anuncia que no seguirá adelante en la defensa ante de la prórroga de la concesión de ENCE ante los tribunales
  • El próximo domingo 16, a las 12 de la mañana y con salida simultánea desde las alamedas de Marín y Pontevedra, tendrá lugar una nueva Marcha contra Celulosas que debería ser la última con actividad en la pastera

El próximo domingo 16 de junio una nueva movilización recorrerá la llamada autovía entre Marín y Pontevedra en contra de la permanencia de ENCE en la Ría, convocada por la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) . La empresa de pasta de papel debería haber abandonado los terrenos de dominio público que ocupa en la actualidad en julio de 2018, como han señalado las instituciones judiciales.

Las dos organizaciones consideran que la empresa desarrolla una actividad industrial incompatible con el medio ambiente y que no entra dentro de los usos reservados para una posible prórroga en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, tal y como se establece en el Artículo 31.2 de la Ley de Costas, por lo que el Ministerio no debería haberla concedido. Por ello, APDR y Greenpeace presentaron sendos recursos ante la Audiencia Nacional contra dicha orden para evitar que Ence Energía y Celulosa S.A. permanezcan en la ría de Pontevedra otros 60 años.

Greenpeace y APDR reiteran la necesidad de que se declare definitivamente nula la prórroga de ENCE-Pontevedra

La fábrica de ENCE en Lourizán (Pontevedra), ubicada en terrenos de dominio público, estaba obligada a abandonar su ocupación de la ría en julio 2018, tal como exigía la Ley de Costas de 1988, pero la reforma de la Ley en 2013 abrió la puerta a la ampliación de las concesiones y tres años después, en enero de 2016, el gobierno en funciones de Mariano Rajoy prorroga la concesión a ENCE hasta 2073, una decisión que tanto Greenpeace como la APDR consideraron cuando menos irregular. En 2019 el Gobierno anuncia que no seguirá adelante en la defensa ante de la prórroga de la concesión de ENCE ante los tribunales.

Según Antón Masa, presidente de la APDR, la decisión de la Dirección General de Costas, ratificada posteriormente por la Abogacía del Estado, se fundamenta en dos argumentos inapelables; por un lado, el hecho de que “ninguna instalación puede permanecer en domino público más de 75 años”, un plazo que se vería ampliamente superado tras la prórroga de 60 años a ENCE, y por otro -lo que es todavía más relevante- que “las prórrogas se reservan para aquellas instalaciones que por su naturaleza tengan que estar en dominio público marítimo-terrestre”, una condición que no es de aplicación a la pastera de Lourizán.

“Greenpeace defiende que la reforma de la Ley de Costas se realizó en contra de un bien público y del medio ambiente, por lo que la extensión de la ocupación de Ence en la ría de Pontevedra durante 60 años más siempre ha sido ilegal. Celebramos que el Estado reconozca el valor de este terreno público y confiamos en que la justicia y el Estado de Derecho resuelvan en favor de la preservación del medio ambiente”, ha declarado Paloma Nuche, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Las dos organizaciones consideran que la empresa desarrolla una actividad industrial incompatible con el medio ambiente y que no entra dentro de los usos reservados para una posible prórroga en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

Desde Greenpeace y APDR se anima a toda la sociedad gallega a participar en la Marcha contra Celulosas del próximo domingo 16 para visibilizar y denunciar públicamente esta injusticia histórica en Pontevedra. Así mismo, ambas organizaciones demandan a la Xunta de Galicia que el nuevo Plan Forestal deje de favorecer a la industria celulósica y establezca una moratoria de nuevas plantaciones del género Eucalyptus, como ya han demandado numerosas fuerzas sociales y políticas gallegas.

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