Luz verde a la Ley de Evaluación Ambiental

  El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva este jueves al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que incluye los acuerdos del Memorandum del Tajo que regulan el trasvase Tajo-Segura, acorta los plazos para obtener una declaración de impacto ambiental (actualmente puede prolongarse más de diez años), o obliga a las prácticas de fracking a someterse a una evaluación de impacto ambiental.

   En concreto, el Pleno del Congreso ha ratificado este jueves las enmiendas procedentes del Senado (dos de CiU de carácter técnico), con el apoyo mayoritario del PP. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que será previsiblemente en los próximos días.

   Durante toda su tramitación parlamentaria, tanto diputados como  senadores de la oposición han criticado que la normativa se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, en un momento en el que se está modificando la directiva europea de Evaluación Ambiental, lo que obligará al Gobierno a modificar la nueva ley en el plazo de dos años.

    Además, han rechazado la falta de rigurosidad en las evaluaciones de impacto ambiental que propone la nueva ley, en aras de favorecer, simplificar y agilizar los procedimientos, algo que puede conllevar beneficios para intereses económicos.

   Entre las principales críticas los grupos han incidido en la inclusión del trasvase del Tajo-Segura en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, sin que figure en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, ni se haya podido someter a informe de distintas entidades del Estado.

En concreto, el Pleno del Congreso ha ratificado este jueves las enmiendas procedentes del Senado (dos de CiU de carácter técnico), con el apoyo mayoritario del PP.

MEMORANDUM DEL TAJO

   El texto recoge el Memorandum del Tajo por el que "en función de las existencias conjuntas" en Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), a principios de cada mes se decidirán trasvases con un máximo anual total de hasta 650 hectómetros cúbicos (hm3) en cada año hidrológico.

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   De este modo, los volúmenes de agua determinantes de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura se actualizarán por medio de decreto, con el objetivo de adecuar "de forma flexible" las magnitudes a las variaciones hidrológicas observadas en los últimos años y contar con instrumentos "ágiles" para adaptarse a los posibles efectos de alteración hidrológica, como los inducidos por el cambio climático.

   En cuanto a la incorporación del trasvase, según consta en el proyecto de Ley, se introducen modificaciones relativas a los trasvases intercuencas en general y, en particular al funcionamiento del trasvase Tajo-Segura.

   El objetivo, según el preámbulo de la norma es otorgar seguridad jurídica al sistema general y establecer un mecanismo de seguridad y estabilidad técnica al ordenar al Gobierno la actualización mediante real decreto de las magnitudes determinantes de la regla de explotación del trasvase.

   La Ley de Evaluación Ambiental pretende a su vez acortar los plazos para obtener una declaración de impacto ambiental que, en la actualidad se puede demorar hasta diez años. Así, establece plazos máximos para la evaluación estratégica ordinaria, cuyo plazo será de 22 meses prorrogable dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas.

   Para la evaluación ambiental estratégica simplificada, el plazo máximo será de cuatro meses; la evaluación de impacto ambiental ordinaria se tramitará en cuatro meses, prorrogable por dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas, mientras que la evaluación de impacto ambiental simplificada tendrá una tramitación de tres meses.

   Además, incorpora como novedad la creación de los bancos de conservación de hábitat, un nuevo mecanismo voluntario que permite  compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales. Así, los créditos generados en los bancos de conservación de la naturaleza serán inscritos en un registro oficial dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y podrán ser comercializados en condiciones de libre mercado.

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN CONSIDERACIÓN

   Por su parte, Manuel Luis Torres, del PP, ha resaltado que con esta normativa se va a tomar en consideración el cambio climático en las evaluaciones ambientales, se va a sancionar el bunkering, o se va a reforzar la regulación para los efectos de algunos proyectos que pueden afectar al suelo como los estudios sísmicos.

   En materia de agua, ha destacado que este proyecto de Ley aporta estabilidad al trasvase Tajo-Segura, que tendrá rango de ley al incorporarse en este proyecto, donde se plasman los contenidos esenciales del acuerdo, en lo que se refiere a las garantías de las cuencas cedentes, la eliminación de las discrecionalidades y arbitrariedades en las actuaciones en las cuencas receptoras.

  "Con este pacto entre la comunidades autónomas de las cuencas del Tajo, Júcar y Segura, el ministro de Medio Ambiente nos ha demostrado que con buena voluntad entre todas las partes los acuerdos son posibles", ha afirmado.

   El portavoz de Medio Ambiente del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el Gobierno lleva la "foto" del trasvase Tajo-Segura a rango de ley y ha asegurado que esto representa el "consenso entre compañeros de partido" y no entre comunidades autónomas. Asimismo, ha señalado que esta normativa no atiende a "ninguna" directiva o legislación europea. "Ministro, como aspira a ser comisario (europeo), ya resolverá esta chapuza", ha ironizado este diputado dirigiéndose a Cañete.

   Para la diputada de IU, Laia Ortiz esta normativa, "hecha por la puerta de atrás", empezó siendo una ley de impacto ambiental y, sin embargo, "va a acabar siendo la ley de los trasvases". A su juicio, no sirve para mejorar la protección del medio ambiente, reduce la capacidad de decidir de la ciudadanía, está "llena de lagunas" y pone en práctica la "errónea" afirmación de que "el medio ambiente no puede ser un lastre para la economía".

   Durante el debate de esta ley este jueves, PP y CiU han coincidido a la hora de solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que convoque un grupo de trabajo abierto a todas las comunidades autónomas y a los sectores implicados para que estudie y formule propuestas sobre el desarrollo reglamentario de los bancos de conservación.

   A su vez, piden que el reglamento que desarrolle la institución de los bancos de conservación deberá promover que las medias compensatorias se vinculen con prioridad al territorio en el que se ejecute el proyecto.

   Igualmente, han suscrito que durante el desarrollo reglamentario de esta ley, las declaraciones de impacto ambiental deberán poder contemplar medidas preventivas, correctoras y compensaciones que actúen sobre el factor ambiental impactado, procurando que se pueda beneficiar en primer término el territorio en donde se ejecute el proyecto.

ep

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