Actualmente, de modo especialmente significativo las comunidades de regantes de la derecha e izquierda del río, los agentes sociales y políticos luchan por frenar la regresión del Delta.
A mediados de febrero se constituyó un frente común ibérico, bajo el paraguas de la Fundación para la Nueva Cultura del Agua (FNCA), que impulsa un Acuerdo Social del Agua.
Se trata de un documento que ya agrupa a un centenar de representantes de entidades ecologistas -entre líderes sociales, académicos y representantes políticos- de España y Portugal con la voluntad de contrarrestar el discurso del Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA) que aboga por la “transferencia de agua entre cuencas hidrográficas como solución a los déficits hídricos que padecen diversas zonas del Estado”.
Bajo este eufemismo se esconden los trasvases, especialmente en el Ebro. Un río amenazado y con un futuro hipotecado, tanto porque el caudal mínimo es insuficiente como por la falta de aportación de lodos debido a los pantanos existentes en su cuenca, que han provocado la subsidencia del Delta.
Actualmente, de modo especialmente significativo las comunidades de regantes de la derecha e izquierda del río, los agentes sociales y políticos luchan por frenar la regresión del Delta.
Los impulsores del frente común han sido los líderes de la FNCA y de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), que lleva veinte años de lucha contra los trasvases aglutinando al conjunto de la sociedad de las comarcas del Ebro a su desembocadura.
El río ha vertebrado el frente común creado, «hace tiempo que estamos trabajando para dar la respuesta adecuada a este discurso y la mejor manera es aportar opiniones de los que en España y Portugal están a favor de un modo más sostenible de gestionar el agua”, explica Manolo Tomás líder histórico de la PDE.
Entre las medidas que se plantean, frente al estudio de la viabilidad técnica, ambiental y económica de los trasvases propuestos desde el MAPA, el frente ibérico aboga por un programa de mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas existentes, a la vez que promover el uso eficiente del agua y el ahorro en todos los consumos, no sólo domésticos sino con especial incidencia en la agricultura.
Con ello se busca frenar el Pacto Nacional del Agua “un instrumento de planificación que abrirá las puertas a un nuevo Plan Hidrológico Nacional basado en trasvases entre cuencas y embases con el fin de mercantilizar las concesiones de aguas sobrantes de regadíos”, explican desde el Acuerdo Social del Agua. Desde la PDE lamentan que el ministerio no responda a las demandas de reuniones.
También recelan de los anuncios de la ministra Isabel García Tejerina, que anunció que “este Pacto pretende que el saneamiento y la depuración sean prioritarias; que se alcancen acuerdos para proteger a largo plazo las masas de agua de espacios emblemáticos de España, como Doñana, el Mar Menor y el Delta del Ebro; que se impulsen planes fluviales en el entorno urbano con una perspectiva diferente a la tradicional; la ejecución de nuevas infraestructuras; el impulso de la desalinización yla reutilización del agua; o la modernización de regadíos. Son muchos los miles de millones que hay que invertir en materia de agua», expuso.
En la reunión constituyente celebrada en Zaragoza el fin de semana del 17 de febrero se acordó crear un equipo de trabajo de unas 30 personas de distintas cuencas (asistieron representantes de Toledo, Madrid, Murcia, Tortosa) para diseñar una hoja de ruta con las acciones para 2018, a desarrollar en los ámbitos político y social con el objetivo de “ganar la batalla de las ideas con un frente común”.
Todo ello se recogerá en un manifiesto que se presentará entre marzo y junio, y se distribuirá a las organizaciones de la sociedad para que puedan adherirse, también se diseñarán movilizaciones para poner en valor el acuerdo en defensa de los ríos i del agua pública.