El Congreso de EEUU salva la financiación de la EPA y frena los recortes más duros, pero el riesgo sigue ahí
El Congreso de Estados Unidos ha dado un paso para evitar un cierre del Gobierno cuando expire, a finales de enero, el acuerdo temporal de financiación. Este lunes, negociadores del Senado y de la Cámara de Representantes publicaron un paquete de gasto bipartidista que mantiene “en gran medida intacto” el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el gran regulador federal del aire, el agua y los tóxicos.
La medida evita los recortes extremos que se habían puesto sobre la mesa en los últimos meses, pero deja una idea clara para 2026. La EPA no se libra de ajustes y los defensores del medio ambiente advierten de que, con menos dinero y menos personal, proteger la salud pública se complica. Y eso se nota, sobre todo cuando hablamos de contaminación que acaba entrando en casa (por el grifo o por el aire que respiramos).
Un “minibus” para financiar agencias clave hasta septiembre
El paquete, conocido en Washington como “minibus”, financiaría varias agencias y organismos científicos hasta el 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal. Entre ellos aparecen la propia EPA, los departamentos de Interior y Energía y la National Science Foundation.
En conjunto, asigna más de 38.000 millones de dólares a Interior, Medio Ambiente y agencias relacionadas, lo que supone 9.500 millones más que lo que pedía la Administración Trump.
La congresista demócrata Rosa DeLauro, miembro de mayor rango en el Comité de Asignaciones de la Cámara, lo resumió así en un comunicado. “Esta legislación es un rechazo contundente a los recortes draconianos a servicios públicos propuestos por la Administración Trump y los republicanos en el Congreso”.
La EPA se queda en 8.800 millones, un recorte del 4 por ciento
La cifra más miradas es la de la EPA. El texto asigna 8.800 millones de dólares, aproximadamente un 4 por ciento menos que el año anterior, cuando la agencia contó con 9.000 millones, según datos citados por el medio.
La diferencia es importante por comparación. Los ambientalistas temían un tijeretazo mucho mayor.
En el Senado, el proyecto bipartidista negociaba una reducción del 5 por ciento. En la Cámara, la propuesta inicial llegaba al 23 por ciento. Y, por encima de todo, estaba la petición más dura. La Administración Trump había planteado un recorte del 55 por ciento, una cifra que, según expertos vinculados a la Environmental Protection Network (EPN), habría lastrado tareas básicas de investigación y aplicación de la ley ambiental.
El republicano Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara, defendió el paquete destacando, entre otros puntos, “una reducción de 320 millones de dólares” para la EPA, dentro de una visión de “ajustar” niveles de financiación.
Sin “poison pills”, pero con una EPA tocada por los recortes de personal
Tanto DeLauro como Cole subrayaron que el paquete no incluye “poison pills”, un término habitual en EEUU para referirse a cláusulas políticas añadidas para dinamitar acuerdos.
Aun así, las organizaciones que siguen de cerca el músculo real de la agencia ponen el foco en otra cuestión. ¿De qué sirve mantener parte del presupuesto si la estructura se vacía por dentro?
Marc Boom, director sénior de asuntos públicos de EPN (una entidad formada por más de 700 ex empleados de la EPA), afirmó que el texto “bloquea los peores recortes y añadidos políticos” y que refleja un regreso al trabajo legislativo, con acuerdos bipartidistas en lugar de parches de última hora. Pero también avisó de que el proyecto “no deshace el daño” a la capacidad de la EPA ni impide “acciones destructivas” del administrador Lee Zeldin.
Los datos que cita Inside Climate News ayudan a entender el contexto. En julio, la EPA anunció recortes de personal y “mejoras organizativas” que afectarían a la Oficina de Investigación y Desarrollo (ORD) y que, según la agencia, ahorrarían 748,8 millones de dólares. Además, en los primeros siete meses del segundo mandato de Trump, la EPA ya había recortado más de 3.700 empleados.
La ciencia en el centro del debate, con la ORD al límite
La ORD es la pieza que da soporte científico a muchas decisiones regulatorias. Jennifer Orme Zavaleta, ex responsable adjunta principal de esa oficina, lo dijo con claridad en un briefing de EPN. “La ciencia es realmente fundamental para que la EPA cumpla su misión, y ahora está en riesgo”.
Orme Zavaleta advirtió de que desmantelar la ORD “devastaría” la capacidad de la agencia para proteger frente a contaminación heredada y amenazas emergentes. También explicó que la Administración ya desmanteló el Board of Scientific Counselors, un comité asesor federal independiente creado en 1996 para respaldar la investigación.
Y aportó un dato que impresiona. La ORD llegó a tener más de 1.500 empleados y, según dijo, ahora “solo quedan 140”. También reconoció la incertidumbre sobre si se dará el paso final de desmantelar por completo la oficina o si se está esperando a ver cómo queda el presupuesto.
El mensaje final, para el ciudadano, es sencillo. El Congreso ha frenado el golpe más duro, sí. Pero la EPA sigue bajo presión presupuestaria y de personal, y su capacidad para vigilar, investigar y hacer cumplir las normas ambientales puede seguir reduciéndose en un momento en el que los riesgos ambientales no van precisamente a menos. ¿Quién paga esa factura cuando falla la prevención? Ahí está el verdadero debate.
