La presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea ha puesto sobre la mesa un endurecimiento de la fiscalidad del tabaco calentado en la futura reforma de la Directiva de fiscalidad del tabaco. El debate, que se mueve en los engranajes técnicos del Consejo, tiene una derivada especialmente sensible en España porque Extremadura concentra prácticamente todo el cultivo nacional y buena parte de la primera transformación, un tejido productivo que había encontrado en los nuevos formatos una vía de salida ante el retroceso del cigarrillo tradicional.
El documento de compromiso de la Presidencia (con fecha 28 de noviembre de 2025) propone elevar el tipo mínimo para el tabaco calentado hasta 360 euros por kilogramo, además de fijar un suelo fiscal ligado al precio final, en el entorno del 55% del precio de venta al público con impuestos incluidos. El texto justifica el ajuste como una forma de ordenar un mercado que ha cambiado con rapidez y de reducir las distorsiones entre Estados miembros que hoy aplican bases distintas (por peso o por unidad) para productos comparables.
La reforma no se limita a un tipo. También redefine categorías, introduce reglas para nuevos productos de nicotina y refuerza el control sobre el tabaco en bruto, con el objetivo declarado de reforzar el mercado interior y, a la vez, elevar la protección sanitaria. En los considerandos del documento del Consejo se cita expresamente el Plan Europeo contra el Cáncer y su meta de avanzar hacia una generación con un consumo de tabaco inferior al 5% en 2040.
El calendario es otro elemento clave. La Comisión planteó que la directiva revisada se aplicara a partir de 2028, y el propio texto de compromiso de la Presidencia mantiene ese horizonte como fecha de aplicación para artículos centrales, lo que abre un periodo de negociación política y técnica en el que los Estados intentarán modular el impacto.
Por qué Extremadura mira a Bruselas
El cultivo del tabaco en España se ha convertido, en términos territoriales, en un monocultivo de facto. El Ministerio de Agricultura sitúa en Extremadura más del 98% de la superficie nacional dedicada al tabaco. En un estudio del propio Ministerio se contabilizan 1.359 productores de hoja de tabaco en España, con un 94% ubicados en Extremadura, además de una contracción de superficie de largo recorrido (de más de 21.000 hectáreas en 1990 a alrededor de 7.700 en 2021).
En ese contexto, la expansión del tabaco calentado se había interpretado en el sector como una palanca para sostener la demanda de hoja y amortiguar la transición. Un informe citado por Canal Extremadura atribuye al sector un peso relevante en exportación (en torno a 80 millones de euros anuales), empleo (unas 2.000 personas en el ámbito regional del cultivo y primera transformación) y un rendimiento agrícola elevado en comparación con otros cultivos.
La preocupación no es solo el nivel del impuesto, sino el diseño. El texto de la Presidencia detalla que el salto a 360 euros por kilo busca cuadrar la proporcionalidad con el enfoque por unidad y con el peso típico de los “sticks” más extendidos, lo que revela que Bruselas está entrando en la microarquitectura del producto. Ese punto es relevante para los fabricantes y, por extensión, para la cadena agraria, porque reduce el margen para que el mercado se desplace hacia formatos más “ligeros” o hacia estrategias de ingeniería fiscal basadas en el gramaje.
Salud pública, jóvenes y un Consejo que debe votar por unanimidad
La Comisión defiende la revisión como una actualización necesaria para cubrir productos que no estaban bien encajados en la directiva vigente y para reforzar un instrumento que considera central en la reducción del consumo. En su comunicación oficial, Bruselas incluye explícitamente el tabaco calentado, los líquidos para cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina en el perímetro de la reforma.
Pero el expediente se tramita por un cauce que suele tensar los equilibrios nacionales. Al tratarse de armonización de fiscalidad indirecta, la adopción requiere unanimidad en el Consejo, tras la consulta al Parlamento Europeo. Ese requisito abre la puerta a bloqueos, a “paquetes” de negociación y a compensaciones cruzadas entre países con estructuras productivas distintas.
En la práctica, el asunto seguirá orbitando en los grupos de trabajo de fiscalidad del Consejo, con reuniones ya calendarizadas para enero y febrero de 2026 en el formato de Fiscalidad Indirecta, una señal de que el debate, lejos de cerrarse, entra en fase de cocina institucional.
