El mundo vuelve a hablar de pruebas nucleares justo cuando la crisis climática y energética aprieta cada vez más. Estados Unidos ha acusado a China de realizar en junio de 2020 un ensayo nuclear secreto en el histórico polígono de Lop Nur, mientras expira el último gran tratado de desarme entre Washington y Moscú. Para quien se pregunta qué tiene que ver esto con el medio ambiente la respuesta es sencilla y preocupante a la vez. Mucho.
Según la información desclasificada por la diplomacia estadounidense, un sismógrafo en Kazajistán registró un pequeño temblor de magnitud 2,75 que Washington interpreta como una explosión subterránea vinculada a un ensayo de baja potencia. Pekín lo niega con firmeza y habla de acusaciones políticas sin pruebas. La disputa llega justo después de la expiración del Tratado New START, lo que deja a las dos grandes potencias sin límites legalmente vinculantes sobre sus arsenales estratégicos.
En medio del cruce de acusaciones hay un actor silencioso que importa mucho a quien se preocupa por el planeta. La Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) recuerda que su red internacional de estaciones puede detectar explosiones equivalentes a unos quinientas toneladas de TNT y que el 22 de junio de 2020 no registró nada compatible con un ensayo nuclear en Lop Nur. En resumen, hoy no hay consenso científico sobre lo que realmente ocurrió bajo esa montaña del desierto chino.
Detrás del debate técnico hay una carrera de fondo. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Defense Intelligence Agency (DIA) calcula que China está ampliando y modernizando con rapidez su arsenal, incluyendo nuevas ojivas de menor potencia y la preparación del propio sitio de Lop Nur para poder operar todo el año. Analistas independientes, a partir de imágenes de satélite, han descrito una expansión intensa del polígono entre 2020 y 2024, con nuevos túneles y cámaras de contención que encajarían con futuras pruebas subterráneas.
Para el medio ambiente, la palabra clave no es solo armamento. Es memoria. Entre 1964 y 1996 China realizó cuarenta y cinco ensayos nucleares en Lop Nur, casi la mitad atmosféricos, con dispersión de materiales radiactivos dentro y fuera de su territorio. Estudios recientes en regiones de Kazajistán situadas a sotavento detectan dosis adicionales de radiación en la población, aunque los científicos admiten que los datos aún son limitados y no permiten reconstruir con precisión toda la historia de exposición.
No es un caso aislado. Desde 1945 se han realizado más de dos mil ensayos nucleares en todo el planeta, desde atolones del Pacífico hasta el desierto de Nevada o los campos de Kazajistán. La mayoría fueron subterráneos, pero cientos se hicieron en la atmósfera y dejaron un legado de radionúclidos que dio la vuelta al mundo. Hoy sabemos que prácticamente toda la población del planeta ha estado expuesta a algún nivel de radiación procedente de esas pruebas, aunque sea pequeño, y que varias regiones siguen soportando contaminación persistente en su suelo y aguas.
Los ensayos subterráneos, que muchos perciben como menos dañinos, tampoco son inocuos. Investigaciones en antiguos polígonos de prueba han documentado filtraciones a acuíferos, alteración de formaciones geológicas y liberaciones de gases radiactivos a largo plazo. Y todo ello se suma a la huella climática y material de sostener arsenales cada vez más complejos, desde la minería de uranio hasta el gigantesco consumo energético de las plantas de enriquecimiento, que compite directamente con inversiones necesarias en energías renovables y eficiencia.
En la práctica, ¿qué significa este nuevo capítulo de la carrera nuclear para alguien que mira su factura de la luz y se preocupa por el clima? Significa que parte de los recursos, la atención política y la cooperación internacional que harían falta para acelerar la transición energética se desvían de nuevo hacia túneles de pruebas, silos y sistemas de lanzamiento. Mientras discutimos si se ha producido o no una explosión de baja potencia en una llanura remota, la ventana para reducir emisiones de CO₂ de forma ordenada se hace más estrecha.
Además, reabrir la puerta a nuevos ensayos manda una señal peligrosa. Si un país cruza la línea, otros pueden sentir la tentación de seguirlo y recuperar viejas prácticas que se frenaron precisamente porque los impactos en salud y medio ambiente se hicieron demasiado evidentes. El riesgo no es solo geopolítico. Es también que vuelvan a normalizarse imágenes de hongos nucleares sobre atolones o desiertos que, décadas después, siguen siendo tierras heridas.
Para la agenda ecológica global hay tres claves que seguir de cerca. Primero, si las grandes potencias aprovechan la crisis actual para bloquear o, al contrario, impulsar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), que aún no está plenamente operativo pero es la barrera más clara frente a un regreso masivo de los ensayos. Segundo, cómo encajan estos movimientos en los presupuestos militares frente al esfuerzo que cada gobierno destina a renovables, adaptación al clima y protección de la biodiversidad. Tercero, si la sociedad civil consigue unir las banderas de paz y de justicia ambiental para exigir menos bombas y más inversión en energía limpia y resiliencia.
En un momento en el que cada décima de grado cuenta y en el que hablamos de electrificar el transporte, rehabilitar viviendas o proteger bosques, volver a hablar de pruebas nucleares es, como mínimo, un paso en la dirección opuesta. No se trata de elegir entre seguridad y clima, sino de entender que una seguridad basada en amenazas de destrucción masiva deja un legado tóxico que dura mucho más que cualquier crisis diplomática.
El comunicado oficial más reciente sobre la supuesta prueba de 2020 y la capacidad de detección global de ensayos nucleares ha sido publicado por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
