El buque Chikyuensaya durante un mes el bombeo continuo de lodo mineralizado cerca de Minamitorishima en un pulso tecnológico y geopolítico
Japón ha iniciado en el Pacífico una prueba que, si prospera, puede alterar una de las dependencias más sensibles de la economía mundial, la de las tierras raras. El buque de investigación Chikyu trabaja en aguas próximas a la isla de Minamitorishima, a unos 1.900 kilómetros al sureste de Tokio, para comprobar si es viable extraer de forma sostenida lodos del fondo marino con presencia de estos elementos a una profundidad de alrededor de 6.000 metros.
El ensayo, programado para aproximadamente un mes, pretende demostrar que el material puede elevarse de manera continua desde el lecho oceánico hasta la cubierta del barco. La capacidad teórica del sistema se sitúa en torno a 350 toneladas diarias de sedimento, aunque el proyecto no ha detallado públicamente el funcionamiento del método de bombeo ni los volúmenes de tierras raras que espera recuperar en esta fase.
La apuesta tiene un trasfondo nítidamente político. Tokio busca reducir su exposición a China, actor dominante en la cadena de suministro de tierras raras y, sobre todo, en varios procesos de refinado que son difíciles de sustituir a corto plazo. Japón recuerda bien el episodio de 2010, cuando la fricción diplomática con Pekín se tradujo en una sacudida para su industria, y desde entonces ha diversificado compras, promovido reciclaje y levantado reservas estratégicas. Aun así, sigue siendo vulnerable en algunos componentes clave, especialmente en las llamadas tierras raras pesadas, esenciales para imanes de alto rendimiento usados en automoción, electrónica y defensa.
El proyecto de Minamitorishima se encuadra en la estrategia pública de seguridad económica y en los programas estatales de innovación para recursos marinos. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón ya había anticipado una demostración tecnológica de extracción a unos 6.000 metros en esa zona, ligada al programa interministerial SIP impulsado por la Oficina del Gabinete.
Pero la ingeniería es solo la mitad del examen. La otra mitad es la legitimidad ambiental. La minería submarina se mueve en un terreno de conocimiento aún incompleto, con especial preocupación por las plumas de sedimento, la alteración de hábitats frágiles y los efectos sobre la biodiversidad en zonas poco estudiadas del océano profundo. Organizaciones científicas y conservacionistas llevan años reclamando cautela ante impactos que pueden ser persistentes y difíciles de revertir.
A esa incertidumbre se suma un debate global sobre gobernanza y ritmo, con un número creciente de países que han pedido pausas o moratorias a la explotación comercial en alta mar. Aunque el ensayo japonés se realiza dentro de su zona económica exclusiva y no en aguas internacionales, el precedente tecnológico alimenta una discusión más amplia sobre hasta dónde se puede empujar la frontera extractiva sin un consenso regulatorio y científico robusto.
En el plano económico, el interrogante es el de siempre en minería de grandes profundidades, el coste. El Estado japonés ha destinado en torno a 40.000 millones de yenes desde 2018 a esta línea de trabajo, una cifra cercana a 250 millones de dólares. La rentabilidad, advierten analistas, dependerá de variables que no controla Japón, como la persistencia de restricciones de oferta desde China y la disposición de los compradores a pagar precios más altos para asegurar suministro.
Por eso, más que una carrera hacia la producción inmediata, la operación se lee como una prueba de resiliencia. Si la extracción continua se confirma y se logra reducir el coste por tonelada, Japón habrá ganado una carta estratégica para una década marcada por la electrificación, la reindustrialización y la competencia por minerales críticos. Si fracasa, el mensaje será igual de útil para Tokio, la dependencia no se corrige con un golpe de efecto tecnológico, sino con una combinación de diplomacia, sustitución de materiales, reciclaje y alianzas industriales.
Foto: JAMSTEC
