Un giro inesperado en la contienda judicial con inversores internacionales relacionados con la electricidad sostenible de España toma relevancia por estos días y retoma la discusión de retirada de la Carta de Energía. La resolución favorable para el país ibérico anula un laudo que lo condenaba a pagar unos 48 millones de euros por recortes tarifarios al sector de las renovables.
Los conflictos internacionales con empresas de energía renovable: esto es lo que sucederá a partir de ahora
Los conflictos judiciales que viene afrontando el gobierno de España con algunas compañías internacionales del sector energético por las normativas de un viejo dictamen, ahora comienzan a declinar por problemas de jurisdicción de los protagonistas del litigio.
Recientemente, el Tribunal de Apelación de Svea en Suecia ha anulado un laudo que condenaba a España a indemnizar con 48 millones de euros a compañías como Foresight y GWM Renewable Energy y Greentech Energy (actualmente Athena Investment) por recortes en la tarifa de la energía renovable.
En 2018, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo impartió justicia a favor de los inversores considerando que España había incurrido en un incumplimiento con sus obligaciones firmadas en el Tratado sobre la Carta de la Energía condenando a pagar 39 millones de euros más intereses.
Tal dictamen firmado por más de cincuenta países en su momento, preveía el aporte gubernamental con subsidios a las inversiones renovables que luego, ante la crisis económica y el déficit de la tarifa del sistema eléctrico España resolvió hacer un recorte en las retribuciones.
Sin embargo, y en virtud de la relevancia de las leyes de la Unión Europea por sobre el resto de los tratados internacionales, el laudo fue anulado y ahora se condena a los inversores al pago de costas sin posibilidad de apelación teniendo en cuenta que los actores intervinientes son ambos miembros de los veintisiete.
El mundo le da la razón a España: 10 años de conflictos y 10 millones de euros en juego
Esta resolución es siguiente a la anulación del mismo tribunal de otro laudo que obligaba a España a pagar más de 10,4 millones de euros más intereses a Triodos Sicav II, perteneciente al grupo Triodos Bank por las mismas razones económicas.
De la misma manera, en ese caso la autoridad sueca intervino para impartir justicia anulando una resolución que consideraba ilegal por ser una disputa entre países intervinientes de la Unión Europea.
Luego de más de 10 años de contiendas jurídicas en las que inversores de España acudieron al Tribunal Supremo y el Constitucional y vieron rechazadas sus demandas, las empresas internacionales solicitaron la intervención de las cortes de arbitraje que, en principio, dictaron a favor.
No obstante, el derecho de la Unión Europea prevaleció por sobre el conjunto de leyes internacionales con la importancia de la colaboración y mutua ayuda entre sus países miembros.
En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica de España ha confirmado que, de acuerdo a las últimas resoluciones satisfactorias, el país ibérico ha alcanzado a reducir un 84% el importe reclamado en indemnizaciones para los inversores internacionales.
Próximas determinaciones de salida del Tratado de la Carta de Energía
España ya ha resuelto desde el pasado año su retiro del añejo dictamen firmado en Lisboa en 1994 por quedar muy desactualizado con los acuerdos sellados por el Acuerdo de París y los objetivos sostenibles hacia el 2050.
En su momento, la Carta de Energía sirvió como normativa para la explotación, producción, logística y distribución de energía proveniente de combustibles fósiles con Rusia, que naturalmente han quedado desfasados y países como Francia, Bélgica y Alemania ya se han desvinculado.
La denuncia oficializada de España ya aparece en el Boletín Oficial del Estado BOE y formalizará su existencia para el 2025. Sin embargo, los contratos existentes prevalecerán durante dos décadas más. Se espera que las resoluciones en contra de los países de la UE sean respaldadas y se encaminen hacia un futuro más sostenible en materia de energías renovables.
