Para poderse librar del peligro que implica la energía más riesgosa del planeta, España deberá pagar una importante suma de dinero que llega a los 20 000 millones de euros los cuales no serían por el desmantelamiento de las centrales sino por esto. Pero la cuestión es quién los deberá pagar. Veamos de qué se trata.
Un cronograma de cierre en España que genera debate
En el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, fue firmado en el año 2019. el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares por los propietarios de estas instalaciones como lo son EDP, Endesa, Iberdrol y Naturgy con Enresa que es el ente público representante del gobierno.
Que está a cargo de la gestión y el manejo de los elementos radiactivos. Pero cinco comunidades autónomas han insistido en la modificación de este cronograma de cierre de las instalaciones atómicas. Teniendo en cuenta que tendría un costo de 20 000 millones de euros que no se tiene claro quién los pagará.
Las opciones iniciales planteadas en el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos
Las opciones que da este plan no son más que lineamientos específicos a los planteamientos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España. Entre ellas están las referentes a la disposición de los desechos radiactivos que tendría un costo de 20 000 millones de euros y no se ha definido quién los pagará.
Si, el gobierno de España o las empresas operadoras. Por otra parte, están el conjunto de opciones que deberían seguir de manera secuencial pero cualquiera de ellas representa este alto costo. Todo comienza con el desmantelamiento de las centrales atómicas a partir de los tres años de su clausura.
Por otra parte, se contempla la continuidad de los trabajos de ampliación de los Almacenes Temporales Individualizados donde serán depositados los desechos de combustible utilizado en los reactores atómicos para así seguir con su desmantelamiento (como hizo Alemania con sus tres últimos reactores nucleares).
Después se activará un Almacén Temporal Centralizado (ATC) que guardará los desechos nucleares depositados en cada uno de los siete Almacenes Temporales Descentralizados que se encuentran en las instalaciones nucleares clausuradas. Debe tener operativa una instalación para el mantenimiento de los contenedores.
Se prevé que el ATC esté terminado para el 2040. Mientras se construye este último, se habilitará la estructura temporal de almacenamiento perteneciente a El Cabril en Córdoba para recibir aquellos desechos considerados de media, baja y muy baja radiactividad mientras se cumple con la fase de desmantelamiento.
Finalmente, todos los desechos nucleares de España que tengan cualquier nivel de radiactividad serán llevados al Almacén Geológico Profundo, el cual se prevé que entre en funcionamiento en 2073, para su almacenamiento final en contenedores herméticos de plomo.
¿Quién pagará los 20 000 millones de euros que costará toda esta infraestructura de almacenamiento de residuos radiactivos?
Este espinoso problema está siendo evadido tanto por el gobierno como por la industria privada, pero debe ser retomado en muy corto plazo ya que el año que viene empezará el calendario de cierre de las centrales nucleares según el cronograma acordado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Ahora, el principio bajo el cual España acordó en su momento la explotación de la energía nuclear era “quien contamina, paga”. Por lo que quienes deben sufragar estos gastos son las empresas propietarias de las centrales atómicas junto con sus operadores, donde aplique.
En conclusión, toda la infraestructura para que España se libre del peligro que significa la energía nuclear cuesta alrededor de 20 000 millones de euros los cuales deberían ser sufragados por las empresas operadoras de estas instalaciones (aunque ha sucedido algo inesperado que quizás demore el cierre programado).
