España continúa contracorriente ante la Unión Europea, algo que no tiene por qué ser estrictamente negativo. Lo vimos al producir hidrógeno de oro por primera vez en la historia y ahora lo volvemos a comprobar. Medio continente está atónito al ver lo que hemos hecho con la energía más peligrosa que existe, y ahora tenemos dos alternaticas: continuar haciendo esto o dar marcha atrás en todos nuestros planes.
La guerra por las nucleares llega a España: el conflicto que se avecina
El Gobierno español y las principales empresas eléctricas del país se encuentran inmersos en un gran conflicto a raíz de la decisión del Ejecutivo de gravar la generación de energía nuclear. Todo comenzó cuando el Gobierno aprobó en diciembre una normativa que levantó polémica.
La cuestión es que obliga a las eléctricas a hacerse cargo del coste del almacenamiento de los residuos nucleares. Esta medida ha sido muy criticada por las principales compañías del sector como Iberdrola, Endesa y Naturgy, que consideran que supone un gran perjuicio a sus intereses.
El conflicto ha ido elevando el tono con amenazas de demandas judiciales por parte de las empresas y la negativa del Gobierno a echarse atrás. Finalmente, las eléctricas han recurrido esta normativa ante Bruselas argumentando que vulnera la libre competencia.
Por su parte, el Ejecutivo se ha visto obligado a paralizar su aplicación temporalmente. Esta disputa pone de manifiesto las diferencias entre el Gobierno y las grandes compañías eléctricas en torno a un asunto clave como es el futuro de la energía nuclear en España.
La situación de la energía nuclear en España: esto es lo que está pasando
España tiene actualmente 7 reactores nucleares en funcionamiento, los cuales están llegando al final de su vida útil después de más de 40 años en operación. En 2019, el Gobierno aprobó el cierre escalonado de todas las centrales entre 2027 y 2035 como parte de la transición energética hacia fuentes renovables.
Para financiar el desmantelamiento y la gestión de residuos de energía radioactivos, se creó una tasa nuclear que deben pagar las empresas propietarias de las centrales (Endesa, Iberdrola y Naturgy). Esta tasa se calcula en base a la producción de cada central y se ha ido incrementando en los últimos años, con 40 euros por MWh en 2023.
Las eléctricas consideran que estas tasas son confiscatorias y no reflejan el coste real, por lo que han presentado recursos ante el Gobierno sin éxito. Ante esta situación, han decidido elevar el conflicto a instancias europeas, que es lo que se había intentado evitar (recuerda que en la UE ven con buenos ojos a la energía nuclear).
La postura del Gobierno, firme y decidida: España rechazará las nucleares
El Gobierno español defiende la legalidad de la tasa nuclear aprobada el año pasado y destinada a financiar los costes del desmantelamiento de las centrales y la gestión de residuos radiactivos. Según fuentes oficiales, esta tasa se ajusta plenamente a la normativa europea.
El Ejecutivo argumenta también que esta tasa existía anteriormente, simplemente se ha actualizado para adecuarla a la realidad actual tras el cierre de la mayoría de reactores nucleares en España. Por tanto, consideran infundadas las demandas presentadas por las eléctricas ante Bruselas.
Confían en que la Comisión Europea respaldará la legalidad de la tasa nuclear española, ya que persigue un fin legítimo de interés general como es la financiación responsable del desmantelamiento nuclear. Además, señalan que este tipo de tasas existen en otros países de la UE como Francia o Alemania.
Como ves, la energía nuclear en España tiene un recorrido incierto, algo que no nos extraña visto cómo avanza el cierre para las pocas centrales que nos quedan. Lo cierto es que hay opiniones divididas, entre las que nosotros nos mantenemos neutrales y divulgativos —es nuestra misión—. Eso sí, siempre estaremos de lado de progresos como este papel ultrafino que produce electricidad.
