En un país se pueden crear deudas estratosféricas debido a diferentes procesos que deberían ir en beneficio de sus ciudadanos, sin embargo, generalmente estos son cubiertos por partidas adicionales que, la mayoría de ellas, salen de los impuestos recaudados. Pero también se dan casos donde los recursos necesarios para las mismas son tan cuantiosos que el Estado no puede cubrirlas. Como ejemplo te presentamos esta factura que año a año va creciendo y ya está por encima de los 20 000 millones, de los cuales 11 600 podrían ser pagados por quienes no deberían.
La clausura de las centrales nucleares en España
Este cierre tiene como objetivo eliminar los riesgos propios del uso de la energía atómica, como la disposición de los desechos radiactivos, así como los referidos a accidentes nucleares que conllevan a que se liberen residuos, los cuales son altamente contaminantes y tienen una vida activa muy larga. Consiste en un plan que es gradual con el fin de encaminarse por la vía de las renovables.
El calendario de clausura se hace en forma progresiva para que las plantas en funcionamiento vayan reduciendo su actividad de manera progresiva hasta su completa paralización, proceso que lleva varios años. De igual forma, de manera paralela, es necesario definir las estrategias para asegurar que el suministro eléctrico no se vea afectado. Por otra parte, esta actividad conlleva una factura que se debe pagar.
La factura que está por encima de los 20 000 millones
Existe una factura del gobierno de España, que según Xataka, es por más de 20 000 millones de euros que corresponde a la clausura de las centrales atómicas, pero lo peor es que las compañías eléctricas y operadoras quieren que los ciudadanos paguemos una parte, que serían unos 11 600 millones de euros. Este gasto se debe a los costos de la disposición de los desechos radiactivos y al desmantelamiento de la instalación.
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A o ENRESA, en el desglose de esta cuenta, enumera que 17 521 millones de euros son por causa de la desconexión y desarmado de los reactores, poco más de 1500 millones de euros corresponde a la gestión y disposición de los desechos nucleares, también llamado “Tarifa Eléctrica” y el resto corresponde a la Empresa Nacional de Uranio S.A. o ENUSA, por la producción y uso de combustible.
ENRESA, como ente público que está a cargo del proceso, solo tiene presupuesto para cubrir el 42 % de todos los costos de la factura (quizá deberían reconsiderar la medida, ya que la energía nuclear se niega a morir en la península). Puesto que el mismo para finales del 2024 sumaba 8670 millones esto después del aumento del 30 % dispuesto por esta empresa en julio del pasado año. Es decir, que faltarían por financiamiento unos 11 600 millones de euros.
Y ahora… ¿quién cubre lo que falta?
Endesa e Iberdrola, las empresas que encabezan el sector eléctrico de España, han solicitado que esta parte faltante de la factura sea sufragada por los ciudadanos de manera gradual y en el mediano plazo. Adicionalmente, han recurrido a los tribunales solicitando millonarias compensaciones por los perjuicios que les han causado algunas medidas gubernamentales.
Entre ellas está el incremento de 30 % de ENRESA. En este sentido, el gobierno ha sido muy claro al responder que los costos asociados a la gestión de los residuos radiactivos y al desarmado de las estructuras de las plantas atómicas no serán cubiertos por los usuarios, por lo que deberán buscar otras vías de financiamiento. Igualmente, mantiene su posición de que se debe mantener la seguridad en el suministro eléctrico.
En conclusión, España tiene una factura mayor a los 20 000 millones de euros (esta cifra supera a la de la inversión necesaria para una de las obras más grandes del mundo) y ENRESA solo tiene 8680 millones por lo que hay un déficit de 11 600 millones de euros que las empresas de electricidad quieren que sea pagado por los consumidores, aunque el gobierno ha sido enfático en negar esta posibilidad, diciendo que deben buscar el dinero por otro lado.
