A veces, una buena idea termina teniendo consecuencias que nadie vio venir. Nace de un impulso noble, como solucionar un problema grave de seguridad o mejorar la vida de la gente. Se diseña una solución ingeniosa, se presenta como el futuro y todo el mundo está de acuerdo en que es un avance necesario. Pero cuando esta idea se convierte en una obligación por ley, las cosas cambian por completo. Especialmente si hablamos de una ley que afecta a millones de personas a la vez. Lo que era una invención local se puede llegar a transformar en un negocio enorme.
El nacimiento de un nuevo mercado
Pensemos en el parque automovilístico de un país. Son millones de vehículos. Cuando la administración decide que cada uno de esos coches debe llevar, obligatoriamente, un nuevo dispositivo de seguridad, se crea un mercado de la nada. Es una demanda artificial, forzada por ley, de más de 30 millones de unidades que hay que fabricar y vender en un plazo de tiempo muy corto.
Esto desata una batalla comercial enorme. En esta carrera, no siempre gana el que tuvo la idea original. Sino el que puede fabricar ese producto más rápido y más barato para esa nueva demanda masiva. La necesidad de abastecer a tanta gente en tan poco tiempo lo cambia todo. El motor industrial para la producción en masa se vuelve mucho más importante que el origen de la invención.
La luz que puede salvar vidas
Aquí es donde entra en juego la DGT y su decisión de acabar con los triángulos de emergencia. La idea original de sustituirlos es, de hecho, española. Nació de una idea local. Alguien que quedó impactado por las cifras de personas atropelladas en la carretera tras bajarse del coche por una avería y decidió buscar una solución para que nadie tuviera que ponerse en peligro.
De esa preocupación nació el «Help Flash», la primera baliza V-16. Era una solución brillante: una luz potente, inspirada en la de los coches de policía, que se pone en el techo sin necesidad de salir del vehículo. La DGT vio el potencial de la idea, la perfeccionó exigiendo que estuviera «conectada» a la nube del organismo, y la hizo obligatoria para 2026. Un invento español para un problema español.
Homologación española, negocio chino
Pero el negocio ha ido por un camino muy diferente. La realidad es que el «made in China» lo ha inundado todo. Aunque la DGT obliga a que todas las balizas estén homologadas y certificadas en España, si uno mira la lista oficial, la sorpresa es mayúscula. De las 29 empresas con certificados para venderlas, solo siete son españolas. Y si miramos el total de productos, es peor: de 239 balizas registradas, apenas 29 se producen en España. Poco más del 10%.
¿A qué se debe esto? A los precios. Las balizas chinas son mucho más baratas. Rondan alrededor de los 25 euros, mientras que las nacionales llegan a los 40. La baliza V-16 conectada es el producto perfecto para China. Se trata de una carcasa de plástico, cierta resistencia al agua, una batería que dure 30 minutos y un hueco para la tarjeta SIM.
La ironía es total. Una ley de seguridad vial española, basada en un invento español para salvar vidas españolas, se ha convertido en uno de los negocios redondos para las fábricas chinas. Los distribuidores, muchos de ellos españoles, aprovecharon el momento y empezaron a importar masivamente para reducir costes, aprovechando que los fabricantes tienen poco margen para diferenciarse más allá de poner una ventosa o más luz. De esta manera, por decisión de la DGT y las reglas del mercado, cada coche de España llevará un pedazo de tecnología china en la guantera.
