El mercado inmobiliario tiende a ser uno de los sectores más dinámicos en España, quizá porque el tener un sitio donde vivir es prioritario para todas las familias. Es por ello que el sector se encuentra muy regulado, contando con una extensa legislación que norma las relaciones que debe haber entre los propietarios e inquilinos. De forma de evitar abusos que cualquiera de las partes pudiera cometer y que cumplan sus deberes respetando cada uno los derechos del otro. Pero en la actualidad la Ley de Vivienda ha sufrido cambios que son radicales por parte del gobierno, así que todos deben estar preparados.
La Ley de Vivienda en España
La Ley de Vivienda, es relativamente reciente, ya que entró en vigencia el 26 de mayo de 2023 y surge debido a los problemas con el movimiento de los inmuebles en el mercado. Estos inconvenientes, generalmente, se deben a cánones de arrendamiento que son abusivos y desproporcionados. Por lo que tiene como propósito proteger legalmente a los inquilinos y regular el precio de los alquileres.
Sin embargo, igualmente protege a los propietarios y sus inversiones contra daños, impagos e incumplimientos de obligaciones por parte de los arrendatarios. Por otro lado, esta ley contempla que el incremento anual del alquiler tenga un límite y que, de ser factible, sea acordado por ambas partes con el fin de estimular las relaciones armoniosas. Para ello establece mecanismos de mediación de conflictos que den soluciones ajustadas al derecho.
La reforma de la ley que debes conocer
El gobierno ha realizado una serie de reformas a la Ley de Vivienda con el objeto de proteger a los inquilinos contra ciertas acciones por parte de los propietarios. Una de las medidas más fuertes y controversiales es que, si el inquilino cumple ciertos requisitos, puede seguir viviendo en la estructura alquilada aunque el propietario no quiera renovar el contrato. Esto ya estaba contemplado en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Con la medida, el gobierno trata de frenar la especulación que se ha incrementado durante varios años y donde el desalojo ha sido utilizado como arma de intimidación. Asimismo, pone un límite a las subidas exageradas de alquiler y evita las altas tarifas como las vigentes en Barcelona que rondan en promedio los 1000 euros. Otro punto es la obligación que tiene el propietario de comunicar por escrito la rescisión del contrato.
Ya que si no tiene la intención de prorrogarlo debe avisar con, por lo menos, cuatro meses de antelación al vencimiento, en caso contrario, este se prorrogaría en forma automática por tres años. En otras palabras, con la modificación de la Ley de Vivienda, los inquilinos tienen mayor seguridad jurídica de permanecer en la vivienda por un largo plazo, independientemente de la voluntad del propietario.
¿Qué dicen los dueños de los inmuebles?
La reforma de la Ley de Vivienda también tiene sus detractores, principalmente entre los miembros de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler o ASVAL. Ellos manifiestan que esta ley coarta el derecho que tienen de disponer de sus inmuebles, a la vez que provocará una disminución en la oferta de casas y pisos en alquiler. Lo que ocurre es que, al entrar la propiedad dentro de esta protección, no pueden vender ni renegociar el alquiler.
Esto último es grave debido a que ya no es rentable con esta Ley de Vivienda, tomando en cuenta la rápida subida de la inflación, que debería afectar igualmente el canon de arrendamiento. Como consecuencia inmediata, se tendrá que muchos de los propietarios de viviendas, las retiren del mercado de alquiler. Para pasarla al del arrendamiento turístico y empresarial con contratos temporales que no están sujetos a esta norma tan rígida y desfavorable.
En conclusión, la reforma a la Ley de Vivienda tiene como objetivo cuidar a los inquilinos contra abusos por parte de algunos propietarios que quieren elevar el precio indiscriminadamente. Esto último es lo que viene sucediendo en Palma, que poco a poco se está volviendo la ciudad más cara para vivir de España. Uno de los puntos más controversiales es que autoriza a que el arrendatario, siempre y cuando cumpla sus obligaciones como tal, pueda permanecer en la vivienda independientemente de la voluntad del propietario. Puesto que, si este no avisa a tiempo, el contrato podría prorrogarse automáticamente hasta por tres años.
