La idea parece sencilla, pero mueve mucho más que unas placas sobre el agua. El Gobierno quiere aprovechar parte de los grandes embalses estatales para instalar fotovoltaica flotante, y Salamanca aparece en el mapa con dos nombres enormes: Almendra y Santa Teresa.
El plan no está en marcha de forma inmediata, porque el Tribunal Supremo ha anulado el real decreto que lo regulaba. Pero eso no significa que la puerta se haya cerrado para siempre. En la práctica, hablamos de generar electricidad renovable sin ocupar suelo agrícola, aunque con una pregunta clave sobre la mesa. ¿Cuánta lámina de agua se puede cubrir sin alterar los usos, el paisaje y la vida de cada embalse?
El plan sigue vivo, pero tocado
El origen está en el Real Decreto 662/2024, aprobado para regular la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses situados en el dominio público hidráulico de cuencas gestionadas por el Estado. La norma exigía concesión administrativa, permisos de acceso y conexión a la red, y evaluación ambiental para cada proyecto.
El decreto permitía ocupar entre el 5% y el 15% de la superficie útil del embalse, según la calidad del agua. También fijaba concesiones temporales con una duración máxima de 25 años. No era, por tanto, una autorización general para llenar pantanos de paneles. Era un marco para pedir permisos, estudiar impactos y decidir caso por caso.
El problema llegó en los tribunales. El Supremo declaró nulo el real decreto al estimar el recurso de Aragón, al entender que faltó el trámite de consulta pública previa. Dicho de forma sencilla, la caída de la norma no tumba la tecnología, sino la forma en la que se tramitó.
Almendra y Santa Teresa
Si se mira el tamaño, Almendra es el gran candidato salmantino. Los datos oficiales del SAIH Duero le atribuyen una superficie máxima de 8650 hectáreas y una capacidad máxima de 2586,4 hm³. Es una lámina de agua inmensa, de esas que cambian el paisaje y también las cuentas energéticas.
Santa Teresa tampoco se queda atrás. El embalse tiene una superficie máxima de 2579 hectáreas y una capacidad de 496 hm³, según los datos de la misma red hidrológica. Sumados, ambos superan las 11 000 hectáreas de superficie máxima. Si se aplicaran los límites del 5% y del 15%, el techo teórico estaría entre unas 561 y unas 1684 hectáreas. No es poca cosa.
Eso no significa que vaya a cubrirse toda esa superficie. Son cálculos máximos a partir de la norma anulada, no proyectos aprobados. Para pasar del papel al agua harían falta estudios ambientales, conexión a red, compatibilidad con los usos del embalse y una nueva regulación válida.
El agua no es solo agua
Aquí está la parte delicada. Un embalse no es una superficie vacía esperando paneles. Santa Teresa, por ejemplo, permite el riego de unas 65 000 hectáreas, abastece de agua potable a numerosas localidades, incluida Salamanca, y admite deportes náuticos.
En la vida diaria, esto se traduce en cosas muy concretas. Agua para el campo, suministro para casas, paseos junto al embalse, pesca, navegación y turismo rural. Por eso cualquier proyecto tendría que demostrar que no bloquea usos ya existentes ni empeora la calidad del agua.
El propio decreto anulaba o limitaba la posibilidad de instalar plantas en lagos, lagunas y masas de agua no artificiales o no muy modificadas. Además, obligaba a analizar efectos sobre biodiversidad, paisaje, especies invasoras, estado del agua y otros usos del dominio público hidráulico.
Riolobos, el caso más sensible
El azud de Riolobos aparece como ejemplo de lo que no puede resolverse solo mirando un mapa. Es una infraestructura artificial, sí, pero con un valor ambiental elevado. De hecho, aparece vinculado al Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial de Castilla y León.
Ese matiz cambia todo. Un espacio construido para el agua de riego puede acabar siendo refugio de aves y punto de interés para naturalistas. Por eso no todos los embalses artificiales tienen el mismo encaje para una planta solar flotante.
La lógica técnica apunta más a grandes masas ya muy vinculadas a usos hidráulicos y energéticos, como Almendra o Santa Teresa. Pero incluso allí la pregunta no desaparece. Solo se desplaza hacia los estudios, las condiciones y el control posterior.
Qué se gana con placas flotantes
El Ministerio defendía que estas plantas podían aumentar la generación renovable, reducir evaporación y producir más energía gracias al enfriamiento del agua y a la menor presencia de polvo sobre los paneles. Esa es la parte atractiva del proyecto. Más electricidad limpia sin ocupar nuevos terrenos en secano o en zonas agrícolas.
En una provincia donde el debate energético ya toca fotovoltaica, hidroeléctrica y almacenamiento, la solar flotante encaja como una pieza más. No sustituye a todo lo demás, pero puede sumar potencia en lugares donde ya existe infraestructura eléctrica cerca.
El problema es que la transición energética no se mide solo en megavatios. También se mide en permisos bien hechos, aceptación del territorio y protección de los recursos. Y el agua, sobre todo en un verano de calor pegajoso como los que ya conocemos, pesa mucho en cualquier decisión.
Lo que viene ahora
Tras la sentencia, el marco específico queda anulado. Eso deja el plan en pausa hasta que el Gobierno decida si rehace la norma con el trámite de consulta pública que echó en falta el Supremo. Según fuentes citadas por El País, el Ministerio para la Transición Ecológica estudia cómo volver a levantar la regulación.
Para Salamanca, la consecuencia es clara. Almendra y Santa Teresa mantienen el perfil físico para entrar en el debate, pero no hay vía rápida ni cheque en blanco. Cualquier instalación tendría que pasar por evaluación ambiental y demostrar que respeta riego, abastecimiento, usos recreativos, paisaje y calidad del agua.
El comunicado oficial del Tribunal Supremo ha sido publicado por el Poder Judicial.
