Actualmente se está produciendo un fenómeno en una comunidad autónoma de España que pone en jaque a Uber y que amenaza con extenderse a todo el país. Esta incidencia surge de la gestación de una iniciativa que configura un escenario legal que podría cambiar radicalmente la movilidad urbana y privada, dejando a la empresas proveedoras de este tipo de servicio en un papel mucho más residual y reservado. Se asume que esto impactará también en la oferta y competencia del transporte, circunstancias que serán abordadas a continuación para tratar de visualizar el futuro de este servicio de consumo creciente.
Muy pronto en España no podrás contratar el servicio de Uber si no sales de la ciudad
Plataformas digitales como Uber, Cabify o Bolt ofrecen en España y otros países un servicio de vehículos de transporte con conductor o VTC. Estos coches con permiso para transportar pasajeros previa contratación y reserva representan una alternativa moderna y segura que ha tomado mucho auge.
Sin embargo, en estudios recientes de empresas consultoras se señala que el rápido aumento en la oferta de servicios de VTC en zonas urbanas ha generado un desequilibrio entre la oferta y demanda de transporte, afectando negativamente la calidad del servicio para los usuarios y sobrecargando las principales ciudades del país.
De allí que se estén generando propuestas como la ley del Parlament de Catalunya, respaldada por PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP, que busca limitar drásticamente el ámbito de operación de los VTC, reduciendo su función a servicios complementarios y exclusivamente para trayectos interurbanos.
En la propuesta legal se establece que los VTC únicamente podrán realizar trayectos entre municipios, quedando prohibida su operación en el transporte dentro de las zonas urbanas. Para reforzar esta regulación del servicio en las localidades se establecen dos condiciones fundamentales:
- Contratación del servicio con una antelación mínima de dos horas
- Duración del viaje no inferior a una hora
Habrá excepciones pero aun así uno de cada tres VTC prescindirá de su licencia
Se mantiene la actual prohibición que impide a los conductores de VTC captar pasajeros en la vía pública, una prerrogativa exclusiva del taxi, Plataformas como Uber o Cabify quedarían limitadas a realizar servicios excepcionales, destinados principalmente a traslados corporativos, eventos especiales o desplazamientos de larga distancia.
El Parlament contempla excepciones puntuales, por ejemplo durante la celebración del Mobile World Congress, cuando se suspendería temporalmente la restricción para asegurar la movilidad durante el evento. Además, la norma está diseñada para implementarse de manera gradual a fin de tomar los correctivos en caso de ser necesario.
La propuesta prevé disponer de la etiqueta ECO y se espera que las licencias vigentes de VTC se mantengan activas hasta su fecha de expiración. Los promotores del proyecto aseguran que de esta forma la transición hacia un modelo que limite al mínimo este tipo de transporte será progresiva y sin sobresaltos.
Según estimaciones de la Generalitat, en Barcelona la restricción para VTC de recoger pasajeros en las calles podría reducir el número de licencias activas de 900 a aproximadamente 300, lo que supondría eliminar dos tercios de la flota en la ciudad y esto se traducirá en un incremento de la tasa de desempleo.
En Barcelona están preparando el viaje al pasado con todas las de la ley
El Sindicato Libre de Trabajadores ha advertido que la entrada en vigor de la nueva ley implicaría la eliminación de 600 licencias VTC. Si se cumplen las previsiones más negativas de esta agrupación quedarían activas solo 297 licencias, en comparación con las 10 517 licencias de taxi que están vigentes en la actualidad.
Las principales organizaciones políticas apoyan el proyecto de ley mientras que las compañías Cabify, Uber y Bolt se oponen. Estas últimas manifiestan que de aprobarse la nueva normativa se generarían pérdidas de empleo, la movilidad en Barcelona retrocedería a niveles del siglo XX y se infringiría claramente la legislación europea.
En conclusión, el fenómeno vinculado a una iniciativa legal que está impulsándose en la comunidad autónoma de Barcelona preocupa un tanto a Uber como al resto de empresas que prestan el servicio de VTC y temen que este se extienda a toda España. La propuesta de ley del Parlament de Catalunya que recoge parte del compromiso ambiental de los partidos políticos de aprobare limitaría severamente las operaciones de estas compañías, reduciría su función a meros servicios complementarios y limitaría el alcance exclusivamente a trayectos interurbanos. De hecho, hay quienes argumentan que esto provocaría un alto desempleo y el regreso del transporte urbano al siglo XX.
