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La UE dice que no deberían pagar impuestos: Pero España dice que sí, a más de medio millón de personas

Por Jairo G.
27 de octubre de 2025
en Actualidad
España

Fuente: Vitaly Gariev/Unsplash

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A medio millón de personas que se encuentran en España la administración tributaria les ha indicado que sí deben pagar impuestos este año, mientras que la UE desde 2020 viene diciendo que no deberían pagarlos. La directriz europea con el propósito de simplificar la carga administrativa y favorecer el desarrollo de microempresas debe ser adoptada y aplicada en el país mediante una legislación nacional propia. Esto ha originado una situación compleja donde se evidencia que las normas europeas y las prácticas nacionales aún no están completamente alineadas. Mientras tanto se producen movimientos políticos que dejan ver la dificultad de conseguir una solución rápida y definitiva para el complejo escenario.

España es el único país del continente europeo donde estos trabajadores pagan impuestos

La disposición de la UE está orientada principalmente a aliviar la pesada carga administrativa y fiscal de cierto grupo de trabajadores. Además, busca facilitar el emprendimiento y la creación de nuevas empresas al prever una reducción de los costes y la simplificación de los procesos de declaración fiscal.

Mediante esta directiva se reconoce que esta clase de trabajadores se caracteriza por tener bajos ingresos y por ello debería otorgárseles el beneficio de no cobrar ni pagar el IVA, librándose de realizar declaraciones trimestrales con cierto grado de complicación. Sin embargo, parece que en algunos países miembros no se tiene la misma opinión.

Este sería el caso de España, único país de la UE donde no se ha llevado a cabo la adopción de la directiva europea de exención de impuestos para los trabajadores por cuenta propia cuyas facturas por sus servicios no superan un total anual de 85 mil euros. Y hace más de 2 años que la adoptó Países Bajos, uno de los últimos miembros de la comunidad en abrazar dicha propuesta.

Los intentos se vienen realizando desde hace varios años y hasta ahora no han llegado a nada

Según muestra un resumen ministerial, en 2022 se intentó pactar una reforma para abordar la suspensión de la exención del IVA franquiciado, entre otros puntos, conformando para ello un grupo de trabajo con representantes de sindicatos, patronales y organizaciones de autónomos. Uno de los temas complicados que debían abordar era la regulación especial para taxistas y transportistas.

Este grupo de trabajo no abordó la complicación con los referidos autónomos es que no cotizan como el resto sino que realizan pagos de acuerdo a tramos de ingresos previamente establecidos por la administración tributaria. Esto se debió a que dicho grupo tuvo una corta duración por cuanto las reuniones no se extendieron por más de 6 meses y al adelantarse las elecciones no fue definida la regulación especial y de ninguna forma Hacienda nos metió cambios.

No se vislumbra ahorro de trámites para simplificar la vida de estos trabajadores sino todo lo contrario

Otros autónomos cuya vida se simplificaría respecto al IVA franquiciado con la directiva 2020/285 serían aquellos trabajadores con una simple estructura operativa y pequeña capacidad de caja. Por ejemplo, está la complicación de un diseñador que solo factura sus servicios y realiza escasos gastos de personal o material, cobrando el IVA a sus clientes y transfiriéndolo a Hacienda.

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2026 los autónomos deberán presentar obligatoriamente facturas electrónicas y utilizar la plataforma oficial Verifactu. Esto se visualiza como un cambio sustancial que generará mayores trámites para los trabajadores por cuenta propia.

En conclusión, aunque los autónomos junto a sus familiares en España conforman una masa de aproximadamente 6 millones de votantes que significan una importante fuerza electoral a tener en cuenta, hasta ahora el subidón de impuestos y la posición ante la directiva de exención establecida por la UE divide a las distintas agrupaciones políticas entre rectificar el incremento de las cuotas y congelar las de quienes tienen menos ingresos o aprobar la exención del IVA para todos los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos se encuentren por debajo de 85 000 euros, estimándose que una mayoría cumple con esta condición.

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